La Diócesis de Cristóbal de las Casas reprobó el ataque que sufrió el miércoles una caravana que llevó ayuda humanitaria a desplazados del municipio de Aldama; exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales.
“Desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de esa zona y junto a quienes les proveen de las armas, además de aplicar el peso de la ley”, demandaron en un comunicado los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, así como por el vicario de justicia y paz, José Luis Bezares Selvas y la canciller, María Reyes Arias Sarao.
El miércoles refirió la Diócesis, un grupo de personas de Cáritas y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México, que en coordinación con la parroquia de San Andrés Apóstol entregaba ayuda humanitaria a familias desplazadas por la situación de la violencia armada en Aldama, fueron atacados en la comunidad de Tabak “por un grupo armado de corte paramilitar”.
Durante la agresión resultó lesionada de bala en la pierna derecha, la religiosa María Isabel Hernández Rea, de 52 años de edad, integrante de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y quien colabora en la parroquia de San Andrés Larráinzar.
La monja se recupera satisfactoriamente en un hospital privado de San Cristóbal de las Casas.
“Los disparos con armas de alto calibre, presuntamente son del Sector Santa Martha”.
Señalaron que, por la misma situación, la ayuda humanitaria no se ha podido llevar a las comunidades y las familias padecen una crisis alimentaria y de servicios básicos.
La Diócesis manifestó: “No queremos otro Acteal. No queremos más heridos y muertos. No queremos más personas desplazadas. No queremos más sufrimiento de mujeres, niñas y niños. No queremos más armas en nuestros pueblos”.
Lo que se requiere aseveró es “que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades de Chiapas”.
Al mismo tiempo la Diócesis expresó su preocupación “porque no se ha llegado a resolver el problema de fondo” entre Aldama y Santa Martha, por lo que “ha escalado la violencia con ataques diarios en distintos puntos y distintas comunidades” del primer municipio.
“Ya varias veces, sea de manera privada o pública, hemos denunciado esta situación ante las instancias de gobierno federal y estatal, y pedido el desarme de estos grupos de corte paramilitar”.