Foto portada: Luis Aguilar Frayba
Obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), se sumaron a la exigencia de que se investigue el ataque armado en contra de una caravana que entregaba ayuda humanitaria a indígenas desplazados de Aldama, se castigue a los responsables y “se sancione, desarme y desarticule a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó.
“Nos sentimos profundamente consternados” por los sucesos, en los que resultó lesionada con arma de fuego la religiosa María Isabel Hernández Rea, de 52 años de edad, agente de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y quien continúa hospitalizada, pero estable de salud, señalan en una carta los obispos Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la comisión para la Pastoral Social y Cáritas Mexicana; José de Jesús González Hernández, titular de la Dimensión de Pueblos Originarios y Afromexicanos y Julio César Salcedo Aquino, presidente de la Dimensión para la Vida Consagrada.
En el documento difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), los jerarcas católicos piden a las autoridades correspondientes “esclarezcan lo sucedido, puesto que de no hacerlo favorecerán la continuación de condiciones que dañan la comunalidad de los pueblos”.
A las autoridades federales le solicitan, “no omitir la responsabilidad que les corresponde en el asunto para que haya un alto a la violencia”.
Los religiosos se solidarizaron “con las demandas de nuestro hermano en el Episcopado, con monseñor Rodrigo Aguilar Martínez y de toda su feligresía en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que exige generar las condiciones necesarias para establecer a paz, así como el esclarecimiento de los hechos y que se garanticen las condiciones de seguridad para las personas agredidas y para las comunidades”.
A la exigencia de que se investigue el ataque armado en contrate la caravana humanitaria, se sumaron también 86 organizaciones de 23 estados del país.
La (Red TDT), exigió “el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tzotzil de Aldama, así como un alto al contexto de violencia e impunidad”.
Señaló que el Frayba “ha denunciado las constantes agresiones armadas que mantienen a 3 mil 499 personas en desplazamiento forzado y en las que han resultado 29 personas heridas y 6 asesinadas, en al menos 997 agresiones armadas documentadas entre marzo de 2018 al 19 de noviembre de 2020”.
Agregó: “Consideramos que es indignante el contexto de impunidad, violencia armada y desplazamiento forzado que se vive en la región de los Altos de Chiapas, pues es un síntoma claro de la discriminación estructural e institucional que aún hoy se ejerce en el país contra las comunidades indígenas. Es realmente preocupante que mientras el conflicto sigue desatendido, los grupos armados de corte paramilitar continúan operando en total impunidad”.
Por ello hizo “un llamado al Estado mexicano para que se tomen acciones efectivas para el cese inmediato de los ataques armados en la región; se investigue de manera pronta, adecuada e imparcial la autoría material e intelectual de los ataques armados, deteniendo y sancionando a los responsables; se sancione, desarme y desarticule a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó, responsables de las agresiones violentas que han provocado desplazamientos forzados”.
Asimismo, que “se establezca una mesa de diálogo urgente entre representantes de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a las comunidades tzotziles de Aldama para generar una ruta de trabajo y seguimiento que atienda la grave y sistemática violación” a las garantías individuales en la región Altos de la entidad.