Mediante el outsourcing empresas daban la vuelta a obligaciones y responsabilidades laborales, como el registro de trabajadores ante el IMSS, Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
La subcontratación en México finalmente será regulada por el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas con la finalidad de frenar las malas prácticas por parte de las empresas en contra de los trabajadores.
Desde hace años los derechos de los trabajadores son ignorados por parte de los empleadores que, a través de las empresas de subcontratación, conocidas también como outsourcing, evitan cumplir con prestaciones. Registran a los empleados ante instituciones con el salario mínimo, aun cuando perciben mucho más, con la finalidad de incumplir con los derechos que les corresponden.
Otra afectación es al momento de la jubilación, pues no cotizan lo que realmente trabajaron y terminan con ingresos menores a los que tenían mientras laboraron. Asimismo, generar antigüedad ya no pasa, los contratos mediante outsourcing suelen renovarse cada tres meses.
La reforma busca modificar las leyes Federal del Trabajo, Seguro Social, Código Fiscal, de Infonavit, del IVA y del ISR, y por ello se buscará regular tres figuras de la subcontratación, que son: Prohibir la subcontratación de personal. Es decir, las empresas no podrán simular relaciones laborales o contar con trabajadores contratados por otra. Permitir y regular la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de los beneficiarios. Para esto se requerirá un permiso por parte de la STPS y formarán parte de un padrón. Las agencias de colocación únicamente podrán intervenir en el reclutamiento y capacitación, pero no podrán ser consideradas patrón ni contratar en sustitución.
La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano detalla que hay 4.9 millones de mexicanos que están contratados por outsourcing, esta actividad implica también la evasión de impuestos, uno de los principales objetivos de los patrones. Según cifras de un estudio encargado al Departamento de Estadística Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se está evadiendo el 3.39 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recaudado en 2017.
El estudio expone que el monto promedio de evasión va de 6 mil a 8 mil 198 pesos anuales por trabajador. Las empresas dan la vuelta a obligaciones y responsabilidades laborales, como el registro de trabajadores ante el IMSS, Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también evaden el pago de utilidades y todos son derechos que se leen en la LFT vigente.
Las outsoursing pueden simular obligaciones en materia de seguridad social y ante el fisco, en el segundo caso las empresas formales reportan a las autoridades un salario, y pagan otro en efectivo o en especie (como alimentos) que no es enterado para fines fiscales que reducen el ahorro para el retiro y de vivienda para el trabajador.
Por otra parte, está la subdeclaración, que le retiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sumando el sueldo ante el SAT, y lo que le dan sin registrar. Dado que el pago a los trabajadores reportado a las autoridades es el mínimo, las empresas se quedan con el subsidio al salario que otorga el gobierno federal.
Los cambios en la ley permitirán sancionar a las empresas que incumplan, se procederá por defraudación fiscal, no se permitirán que deduzcan impuestos y se impondrán multas a las compañías. Esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberán expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.
La iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
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