Fueron detenidas en el contexto de la búsqueda del niño Dylan
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Dic.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se desistió de la acción penal en contra de María Hortencia “N”, Maribel “N”, Juana “N” y Josefa “N”, por el delito de Trata en la modalidad de Trabajos Forzados, y pidió al Juez de Control, con sede en San Cristóbal de Las Casas, la inmediata libertad de las cuarto mujeres indígenas tzotziles presas desde el 17 de julio pasado.
En el contexto de la búsqueda del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, encontrado mes y medio después de haber sido robado en el mercado popular del Sur (Merposur), policías estatales detuvieron a las cuatro mujeres y a Adolfo Gómez, -quien a finales de ese mes resultó muerto en el interior del penal-, acusados del delito de Trata de personas, al tiempo que fueron asegurados 23 menores de edad hijos, sobrinos y nietos de los detenidos.
La FGE señaló que “en seguimiento a las recomendaciones emitidas por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, y atendiendo el principio de lealtad y con pleno respeto a los derechos humanos, una vez que recobraron su libertad, estas personas se reunirán con sus menores hijas e hijos, quienes fueron resguardados en todo momento por personal del Sistema DIF Chiapas”.
La Colectiva Cereza que dio seguimiento al caso, informó que pasado el mediodía de este miércoles 23 de diciembre, fueron puestas en libertad Josefa, Hortensia, Juana y Maribel acusadas “injustamente” por la Fiscalía General de justicia, de trata de sus propios hijos, derivado de la búsqueda del niño Dylan, sustraído el 30 de junio y localizado el 14 de agosto de 2020.
“Después de haberles fabricado delitos, finalmente por el litigio y todas las actuaciones de presión llevadas a cabo por este equipo junto con la familia, la Fiscalía de Trata ha presentado el desistimiento de la acción penal contra las 4 compañeras y 7 familiares con órdenes de aprehensión, reconociendo que no hay Trata sino una forma de vida y de trabajo derivada de sus usos y costumbres como población originaria”.
La colectiva indicó que con la liberación de las mujeres, no se concreta la lucha de justicia, “esto no termina aquí, nos falta el abuelo Adolfo asesinado en el Cereso 5 , y la reparación integral del daño, aunque es irreparable a esta familia de 6 mujeres, 5 hombres y 23 niñas, niños y adolescentes afectados, 34 personas afectadas directamente, además de todos sus familiares y el pueblo de Chichón”.
En el mes de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares dirigidas al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para salvaguardar la integridad física y psicológica de las cuatro mujeres indígenas que se encuentraban recluidas en el penal El Amate y el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas.
El organismo advirtió violaciones graves a los derechos de las mujeres, por lo que ejerció su facultad de atracción e inició un expediente de queja para investigar el caso.