Se amparan indígenas tzeltales de Chilón; exigen la suspensión de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 27 Ene.- Indígenas tzeltales del municipio de Chilón, interpusieron una demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en la que exigen la suspensión definitiva de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, debido a que no fueron consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

Acompañados por defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representantes de los inconformes informaron que emprendieron “la batalla legal contra la militarización de su territorio por medio de la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional”.

“Exigimos respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas. Hemos visto que la Guardia Nacional está comenzando a hacer daño a nuestro pueblo, pues van a entrar a suspender la próximo fiesta de carnaval; nos están amenazando cuando en la fiesta tradicional no entran autoridades municipales”, manifestaron los ejidatarios.

En conferencia virtual, el Frayba y el Centro Prodh, señalaron que que “no es la primera vez que el pueblo tzeltal de Chilón, vive los impactos de la militarización de sus territorios, particularmente durante la época del conflicto armado en Chiapas, cuando en 1995, se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, que no fue retirado hasta el 2007, después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad”.

Refieren que en octubre de 2020, los habitantes de Chilón se enteraron por los medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional ), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Fue entonces, explicó el Frayba y el Centro Prodh que el día 15 de octubre de 2020, los pobladores “decidieron ejercer su derecho a la manifestación, y encontraron como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”.

Recordaron que durante el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas resultaron heridas, además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, actualmente sujetos a un “injusto proceso penal en libertad, por el delito de motín”.

Uno de los ejidatarios que asistió a la conferencia manifestó que como entonces, ahora “es la misma imposición de los militares en pueblos indígenas donde no deberían de estar porque no necesitamos el cuidado; ya no necesitamos ser engañados ni divididos en nuestro pueblo; nosotros mismos podemos protegernos porque vivimos en paz”.

A partir de esa fecha, los indígenas trabajaron en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, el 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

“La demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tzeltal de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Lo anterior, debido a que “para el pueblo maya tzeltal de Chilón, es claro que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil, por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tzeltal, debido a que tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”.

Por lo que “a pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables” a su territorio, el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, pero el Juez la negó, por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tzeltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido”, manifestaron.