Políticas económicas equivocadas y falta de inversiones, causas de pobreza en México

Los índices de pobreza en México, van más allá del 50 por ciento de la población nacional.

Los gobiernos de diferentes partidos, interpretan el desarrollo económico y social, a su manera

Desde épocas remotas, México está catalogado como “un país en desarrollo”, del “tercer mundo”, en donde la riqueza está concentrada en unas cuantas familias y consorcios, con índices de pobreza demográfica que van más allá de la mitad de la población que, con lo que percibe por su trabajo –en buena cantidad informal—apenas alcanza a la población económicamente activa y dependiente, para sobrevivir en condiciones de subalimentación, educación deficiente, modos de vida precarios en general y sin un futuro de corto y mediano plazo que garantice “salir del hoyo”.

En un sumario apretado, es de señalar que los cambios de partido en gobiernos recientes (PRI, PAN y ahora Morena) “no han dado pie con bola” en la definición de verdaderas estrategias de desarrollo económico, político y social. Han predominado las políticas económicas equivocadas; la población mexicana es vulnerable al ataque de enfermedades, mientras que el gobierno da preferencia al gasto corriente con inversiones federales suntuarias y poca promoción de las inversiones del sector privado. Estas son, en nuestro concepto, las principales causas de la pobreza en México.

Cada uno de los gobiernos anteriores a los que se suma el presente, han interpretado el desarrollo a su manera: no cuentan con servidores públicos capaces, sino carentes de formación laboral y en muchos casos académica; varios de ellos heredados de administraciones pasadas pero desprestigiados en su desempeño. Los cambios en diferentes áreas administrativas dan fe de incapacidad, imposición de equipos de trabajo o desacuerdos en las cúpulas.

De acuerdo con estudios y análisis de encuestas del INEGI y del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social) del gobierno federal, el 48 por ciento de la población nacional es pobre; el 30 por ciento es vulnerable y el 22 por ciento sale de los esquemas de no pobre o vulnerable.

La pandemia del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad Covid-19, aumentaría en su paso por México un número aproximado de 70 millones de personas en condiciones de pobreza, afirma el Coneval.

Esto, debido al desempleo por el cierre de miles de empresas pequeñas, medianas y pocas grandes obligadas a parar actividades por medidas sanitarias. Esta cantidad corresponde al pronóstico realizado por Coneval en 2018. Agregaríamos que el cierre de comercios y actividades no consideradas como esenciales, tendrán fuertes restricciones económicas y sociales, con resultados catastróficos y retrocesos en el desarrollo social de las últimas décadas.

Las mujeres han resentido los efectos económicos más importantes. La pandemia afecta al 42.4 por ciento de ellas, en tanto que el 7.4 por ciento corresponde a pobreza extrema. Una de cada 6 mujeres, dice, no tiene acceso a la canasta alimentaria.

El gobierno federal ha tenido diversos problemas relacionados con la consecución de las vacunas, primero, y todavía más en cuanto a la logística de aplicación. Son seis o siete secretarías de Estado, además del IMSS y el ISSSTE, que se golpetean entre ellas.

La política no está fuera de lo que, se supone, debería ocurrir cuando se trata de un asunto sanitario de la sociedad mexicana. El partido en el poder, Morena, quiere figurar en todo, ya no digamos cuando se trata del propio presidente López Obrador.

Alguien de los poderosos dispuso que, en cada una de las brigadas de aplicación de vacunas, deben integrarse grupos de hasta doce personas, cuando solamente dos: una enfermera que aplica la vacuna, y un paramédico que controla los instrumentos y manejo de ese antídoto, jeringas, alcohol y algodón.

En casi la generalidad de lugares de aplicación de vacunas, los grupos los forman hasta cuatro soldados de la Guardia Nacional, armados con metralletas de alto poder, dos personas más de la Secretaría de Bienestar, dos de Salud, IMSS o ISSSTE, y dos más que verifican datos de las credenciales del Instituto Nacional Electoral.

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