Comunidades autónomas zapatistas como Nuevo San Gregorio en el municipio autónomo Lucio Cabañas, padece de manera constante agresiones y hostigamientos por “40 invasores de territorio recuperado en 1994”, lo que muestra “una acción de atacar y golpear la autonomía zapatista y su estructura organizativa”, afirmaron los integrantes de la Caravana de Solidaridad, Observación y Documentación.
Mientras que en el caso de la región de Moisés Gandhi, “son miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) los que actúan de manera armada en contra de cinco comunidades autónomas zapatistas”.
“Este tipo de acciones, se reactivaron durante este gobierno, como patrón de contrainsurgencia enfocado en desfragmentar la resistencia y permanencia de la autonomía zapatista”, señalaron los observadores al presentar este lunes su segundo informe de las visitas realizadas del 29 de octubre pasado a febrero de este año.
Las Ongs destacaron que “el dispositivo de violencia está en provocar de manera permanente, angustia, llanto, miedo, dolor y rabia, sentimientos que se vuelven cotidianos”.
Citaron como ejemplo: “Los invasores del territorio recuperado desde 1994 violentan el derecho de las familias de nuevo San Gregorio a una vida libre de violencia y ejecutan actos lesivos contra la integridad física, metal, social y económica. Dichos mecanismos de violencia muestran cómo funciona la maquinaria del crimen, muerte y destrucción contra un proyecto de vida que construye autonomía”.
Diana Itzú Gutiérrez, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, una de las agrupaciones que integran la Caravana, dijo que “los 40 invasores son propietarios de más de 40 o 50 hectáreas; son expolicías o han tenido cargos públicos en el municipio oficial de Huixtán”.
Aseguró que en ese grupo también participan “catequistas” de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, “es decir, tienen puestos de poder”.
Explicó que de octubre a febrero, la Caravana recibió “testimonios de familias zapatistas que nos están permitiendo visibilizar la guerra integral de desgaste en épocas de la cuarta transformación. En estos cuatro meses, organizaciones defensoras de derechos humanos y de la madre tierra, colectivos y redes, hemos sido testigo de la impunidad y complicidad de este régimen, ejecutadas por los tres niveles de gobierno”.
El informe de los observadores destaca: “La guerra integral de desgaste que estamos viendo claramente en estos cuatro meses y puntualmente en San Gregorio, nos está mostrando acciones criminales contra los derechos humanos; violación de derechos con lo que los más vulnerables son las niñas, niños y mujeres. Una acción criminal contra la madre tierra en cuanto a destrucción y saqueo de los bienes comunes de los pueblos originarios que habitan esos territorios. Acciones criminales contra la autonomía de los pueblos de zapatistas”.
Además, ha provocado “la destrucción de bienes tanto individuales como colectivos, de la naturaleza y robo de tierras recuperadas y en posesión legítima” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde 1994.
Para los observadores, el actual régimen, “se ha dedicado a imponer a los pueblos originarios proyectos que van contra la propia naturaleza y por consiguiente contra la vida misma, dando así continuidad a las políticas de despojo territorial que datan de tiempo atrás. Durante estos más de dos años de gobierno lopezobradorista hemos presenciado una constante embestida hacia el proyecto autónomo zapatista y de otras resistencias como a lo largo y ancho del territorio nacional”.
La Caravana de observación conformada por más de una decena de organizaciones, colectivos y redes, entre ellos el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, (DESMI), Enlace Civil, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Salud y Desarrollo Comunitario, (Sadec) y Promedios de Comunicación Comunitaria, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sostuvo que “la falta de intervención o acción concertada de la ‘Cuarta Transformación’ con los distintos grupos de agresores en el territorio zapatista ha provocado, en estas y otras familias bases de apoyo, diversos daños que atentan contra su salud física y mental; contra su derecho a la alimentación”.
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