Mujeres tzotziles y tzeltales se quejan ante embajador suizo de la situación que viven los más de 11 mil desplazados

El gobierno simula la atención de las problemáticas, muchas de ellas históricas, fruto del abandono y de la deliberada impunidad”: Frayba

Mujeres tzotziles defensoras de derechos humanos denunciaron ante el embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz, las violaciones a las garantías individuales que sufren los más de 11 mil desplazados en la entidad, particularmente los del municipio de Aldama.

“Vivimos una situación de terror. La situación es preocupante. Nadie nos voltea a ver ni pone fin a este conflicto. Hemos visto que los gobiernos sólo administran el conflicto; ha habido decenas de heridos (y varios muertos). Los acuerdos se han firmado entre los tres niveles de gobierno, pero no ha habido avances a nuestra situación”, denunció Silvia Irene Sántiz, de Aldama.

En un encuentro que tuvo lugar la tarde de este sábado en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Santiz señaló que en Aldama hay 3 mil 499 desplazados, “somos agredidos y despojados de 60 hectáreas por habitantes de Santa Martha, municipio de Chenalhó. Desde hace más de 40 años estamos viviendo el despojo porque nos invadieron las tierras que nos heredaron nuestros abuelos y ancestros”.

Por lo que exigió justicia y pronta solución al conflicto, “los ataques armados han retornado y no queremos vivir con ese terror y ese miedo de pasar la noche en las montañas bajo el frío”.

Rosa Díaz Gómez, tzeltal del municipio de Chilón, narró que en 2008 la quisieron despojar de su terreno. “Fui golpeada y en 20210 balacearon las puertas de mi casa; me llevaron secuestrada y fui torturada sexualmente; gracias al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, me dieron medidas cautelares, y enmallaron mi casa por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

“Como mujer sentí que me iba a morir, que no podía vencer estos obstáculos, pero doy gracias a Dios de estar con ustedes. Estoy feliz de estar con usted, señor embajador”. Vestida con su traje regional, la mujer solicitó que se respeten sus derechos de ser ejidataria, “porque amo mi tierra y deseo sembrar maíz y frijol para alimentarme con mis hijos”.

Las mujeres pidieron que “nuestras voces no queden volando en el aire porque estamos cansados de vivir en amenazas; no podemos trabajar en nuestras tierras. Nuestra única fuente de ingresos es la cosecha de café. Basta de agresiones paramilitares. Anoche todavía y hoy en la mañana nos estuvieron agrediendo”, agregó Silvia Irene Sántiz, de Aldama.

En su intervención, Pedro Faro, director del Frayba, manifestó que en Chiapas estamos en un escenario de convulsión social donde el gobierno se queda corto y simula la atención de las problemáticas recientes, muchas de ellas históricas, fruto del abandono y de la deliberada impunidad.

“En el contexto de la pandemia, se sobreponen las problemáticas graves a violaciones a derechos humanos como es el impacto hacia el territorio de los pueblos originarios, esencialmente en las víctimas de desplazamiento que se ha extendido en el territorio y ante una focalizada violencia en la zona Altos, norte y selva, que desde la documentación del Frayba tenemos registrados 11 mil 476 víctimas de desplazamiento forzado”.

El caso más terrible, contó, “es el de Aldama, con más de 3 mil 499 víctimas que viven en un ambiente crítico ante agresiones armadas en su territorio, perpetradas por el grupo paramilitar de Santa Martha (Chenalhó) que desde abril de 2018 mantiene el asedio, sin que se desactive la violencia en contra de 12 comunidades”.

El embajador Mayoraz, escuchó con atención las denuncias de las defensoras, pero señaló que no le compete hacer una evaluación de la situación, por lo que sugirió que se acuda a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el consejo de derechos humanos.

Durante el evento se presentó el coro de Acteal, perteneciente a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, que afirmó que la masacre de 45 indígenas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 sigue impune, al tiempo que exigió la salida del Ejército de sus pueblos.