La toma del hospital básico, un pretexto para evadir su responsabilidad en los asesinatos
Con la toma violenta hace diez días del Hospital básico comunitario de Tila, “el grupo denominado autónomos, vienen apoderándose y destruyendo desde 2015, espacios púbicos donde se presta atención a la comunidad en general; imponiendo el miedo, amenazando y extorsionando a todos aquellos que no compartimos su ideología”. señaló la doctora Adelaida Cruz de Santi Martínez Parcero y José Rodrigo Martínez Parcero al negar las acusaciones de los ejidatarios que los acusan de formar parte de un grupo paramilitar.
“Con fecha 23 de marzo de 2021, este grupo violento toma por asalto al Hospital básico comunitario de Tila, teniendo como argumento que formamos parte de un grupo paramilitar, cuando esto es totalmente falso; la verdadera razón radica que como ciudadanos hemos ejercido nuestro derecho a manifestarnos por lo actos violencia, de injusticia y de violación a los derechos humanos en que han incurrido en contra de la sociedad y de los habitantes de Tila”, manifiestan en un comunicado.
Nuestra exigencia, afirma la médica Cruz de Santi Martínez Parcero, “ha sido siempre el de exigir la aplicación del estado de derecho, y sobre todo como familiares directos de las personas asesinadas el 11 de septiembre de 2020, pedimos que se ejecuten las órdenes de aprehensión”.
En el escrito, Martínez Parcero señala que como sociedad organizada ha venido denunciando y responsabilizando a los líderes, la mayoría de ellos maestros que han asesorado, guiado y contribuido en la destrucción de los diferentes espacios que por derecho le corresponde a la niñez y a la juventud.
Y es que destaca que “los llamados autónomos, han sido autores intelectuales y materiales de múltiples hechos delictuosos, abanderan un movimiento que rechaza la transformación social, impiden la reconstrucción de escuelas, abonan a una violación constante de derechos humanos, y lo más lamentable es que ellos si cuentan con un ingreso que el estado les otorga por ser profesores”.
En su defensa la médica y el contador José Rodrigo Martínez Parcero, señalan que los que están exigiendo su reubicación del hospital, lo hacen con el “pretexto para amordazarnos y atarnos para seguir exigiendo justicia por nuestros familiares y amigos asesinados”.
“No está de mas aclarar que muchos de los que dicen ser autónomos, tienen a sus hijos estudiando en las mejores universidades públicas y privadas a lo largo y ancho del país, así mismo muchos de ellos forman parte e la plantilla que laboran como servidores de la nación, ¿eso es ser autónomo?”, cuestiona.
La doctora Adelaida Cruz de Santi Martínez Parcero y José Rodrigo Martínez Parcero, niegan rotundamente ser paramilitares y miembros de la organización paz y justicia, por lo que también exigen que se les comprueben los dichos y se aporten pruebas. “No es posible que sigan argumentando estas mentiras y quieran lavarse las manos, cobijándose en organizaciones que lejos de apostar a la unidad, a la paz y armonía le apuesten a la violencia, a la desinformación, al engaño y falsas esperanzas a las personas más humildes”.
Asimismo desmienten: “no estamos luchando por apropiarnos ni posesionarnos de sus tierras, parcelas u solares, nosotros como hijos, nietos, bisnietos de los ejidatarios inscritos en la carpeta básica, somos miembros del pueblo originarios de la comunidad Chól, y nuestra exigencia radica en el progreso, desarrollo y en un mejor futuro de nuestro pueblo y en el respeto a nuestra libertades, derechos y posesiones”.
Eb el escrito que titular: defendiendo el derecho a defender, se deslindan de todas las amenazas acciones que se usen a su nombre como sociedad del pueblo de Tila.
“Recalcamos que nuestras exigencias serán el respeto a nuestros derechos humanos fundamentales, al desarrollo, progreso y a vivir en un Tila mejor, sin violencia de cualquier tipo, en unidad, paz y armonía”.
Finalmente responsabilizan a las “autoridades ejidales autónomas” y a los ejidatarios autónomos por cualquier agresión física y verbal, ya que afirman que los hostigamientos y amenazas a través de los aparatos de sonido son constantes.
“Exigimos como hasta ahora lo hemos hecho: justicia para los caídos del 11 de septiembre, las autoridades saben y conocen quienes son, por lo que exigimos la aplicación de la ley”, apuntaron.