Las familias en estas comunidades de Aldama, Chiapas denunciaron que se encontraban en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona.
Maritza Pérez
Los casos de agresiones contra indígenas el municipio de Aldama, Chiapas llegaron hasta la CIDH, organismo que solicitó al Estado mexicano a adoptar medidas cautelares a favor de familias indígenas tsotsiles de doce comunidades identificadas en esta localidad.
Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son a favor de las familias indígenas tsotsiles que viven en los poblados de Coco; Tabac; Xuxch; San Pedro Cotzilnam; Chayomte; Juxtón; Tselejpotobtic; Yetón; Chivit; Sepelton; Yoctontik y la cabecera Aldama, pues se consideró que la situación de violencia en estas comunidades es grave, urgente e irreparable.
Entre lo ordenado por el organismo internacional al Estado de México, están el adoptar las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las familias beneficiarias; específicamente, para garantizar la seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada por parte de terceros.
Además de informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
La CIDH recordó que la solicitud se da debido a que las familias indígenas en las comunidades de Aldama denunciaron que se encontraban en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona.
“La CIDH valoró las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación alegada; sin embargo, tras el monitoreo del asunto, advirtió que las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión; así también las consideraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes, en diversas oportunidades, exhortaron al Estado a garantizar los derechos de los habitantes de la zona”, expresó el organismo de derechos humanos perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Fuente: eleconomista.mx
