Enfrentaran su proceso en libertad y se les prohibió participar en marchas y protestas
Un juez de control canceló la prisión preventiva y ordenó liberar a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, así como a dos desplazados tzotziles del municipio de Chenalhó que se encontraban en el penal El Amate, acusados de los delitos de motín y atentados contra la paz, confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas.
Los normalistas y los dos desplazados continuaran vinculados a proceso en libertad y sujetos a medidas cautelares de restricción de activismo en espacios públicos y firma periódica ante el juez de la causa.
La determinación del juez ocurre luego de varios días de intensas protestas por parte de normalistas, padre de familia, integrantes de organizaciones campesinas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que instalaron ayer un plantón en la plaza central de la ciudad para presionar a las autoridades dejen en “libertad incondicional” a los jóvenes.
A cuatro días de la jornada electoral, los manifestantes amagaban con boicotear las elecciones. La madrugada del lunes incendiaron un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) y vandalizaron vehículos, además que realizaron pintas en el Instituto de Elecciones y participación Ciudadana (IEPC).
Los 17 estudiantes normalistas y a los dos desplazados liberados, les fue fijada una firma periódica y prohibición de actividades de protesta en espacios públicos. «Los normalistas continuarán vinculados a proceso, desde su domicilio o escuela, y en caso de reincidir serán reingresados al penal de El Amate”, precisaron en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
El pasado 18 de mayo, luego de bloquear la caseta de couta de la autopista Tuxtla Gutiérrez – Sam Cristóbal de las Casas, policías detuvieron a 91 normalistas y cuatro tzotziles desplazados que apoyaban las protestas, 74 de ellos mujeres que fueron liberadas la semana pasada también bajo medidas cautelares de prohibición de alterar el orden público y firma periódica ante el juzgado.