Pide que se investiguen y se castiguen los hechos, porque su organización no estaba ocupando el rancho de la familia Sarmiento Mandujano
Abogados piden al gobierno justicia
El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI -EZ), dependiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata negó de manera tajante las acusaciones que buscan implicar a los integrantes de esa organización en el asesinato de las cuatro personas el pasado 17 de junio en el municipio de Jiquipilas.
«Comprendemos el dolor de los familiares de las cuatro personas asesinadas, pero categóricamente manifestamos que nuestra organización no se encuentra ocupando o mantiene la posesión del rancho propiedad de la familia Sarmiento Mandujano», manifestaron en conferencia de prensa.
Efraín Jiménez Pablo, uno de los dirigentes, exigió a la Fiscalía General del estado (FGE), que «lleve a cabo una investigación imparcial y efectiva de los hechos y no contribuya a propagar versiones que buscan criminalizar a los integrantes de nuestra organización», al mismo tiempo condenó el hecho de que «las autoridades recurran nuevamente a las viejas prácticas de fabricar culpables».
«Nos unimos a la exigencia de las víctimas para que el Ministerio Público agote todas las líneas de investigación y se logre el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables; nosotros somos los mas interesados que se de una investigación a fondo, porque hemos sido señalados sin fundamento”, enfatizó.
Familiares de Sarmiento Mandujano una de las víctimas, responsabilizó a integrantes del Mocri del cuádruple asesinato.
El Mocri denunció que dos menores indígenas de 7 y 9 años resultaron heridos el sábado, durante el desalojo que realizaron policías estales en seis propiedades ubicadas en el municipio de Ocozocoautla, entre ellas, dos propiedad de la familia Sarmiento Mandujano.
Los dirigentes del MOCRI CNPA EZ afirmaron que no tienen nada que ver en el asesinato de las cuatro personas, “hay predios que son terrenos nacionales que se dice que estamos en posesión; se dice que estamos en posesión de los terrenos de la familia Sarmiento Mandujano, pero no es cierto; el predio que fue desalojado colinda con una parte de sus tierras, pero no estaban ocupados por la organización MOCRI CNPA EZ”.
Leonel Rivero, abogado defensor de la organización campesina, señaló que Fiscalía informó que está investigando, nunca ha señalado que fue el MOCRI el autor de los asesinatos, “pero ha dejado al imaginario social que crea que fue el MOCRI, por lo que consideramos que el Estado quiere desviar la atención del problema que existe ahí, un problema que tiene que ver con la lucha del territorio, y no de lucha de tierras, lucha territorial donde está involucrada la delincuencia organizada”.
Los dirigentes del MOCRI CNPA EZ sostuvieron que «desde su frontera sur Chiapas es paso obligado del tráfico de armas, ilegales trata de blancas, sicarios y asesinos a sueldo; los municipios de Villaflores, Villa corzo, Ocozocuautla, Mezcalapa, Cintalapa y otros son paso obligado para desviar a Tuxtla Gutiérrez».
Abogados piden al gobierno justicia
La Federación de Abogados Chiapanecos pidió a las autoridades estatales que esclarezcan el asesinato de cuatro personas, entre ellas dos litigantes, ocurrido el 17 de este mes, cuando presuntamente acudieron a realizar trámites legales por la invasión de un rancho, y que se castigue a los responsables.
“No vamos a permitir ni una muerte más, queremos que se esclarezca lo más pronto posible este brutal atentado en el que perdieron la vida a nuestros compañeros”, dijo Antonio Flores Torres, presidente de la agrupación que aglutina asociaciones, barras y colegios de abogados de la entidad.
En conferencia de prensa, señaló que este lunes entregaron una carta al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández para exigirles que “estos crímenes no queden impunes”.
Demandaron el “pronto esclarecimiento de estos cobardes crímenes y la presentación ante jueces de los responsables que cobardemente los incineraron”.
Los abogados Francisco Sarmiento Mandujano y Eyder Román Gómez, así como sus acompañantes José Luis, «N» y Agustín, fueron asesinados el 17 en municipio de Jiquipilas y luego incinerados adentro de su vehículo.
“Los abogados exigimos respeto y seguridad en el ejercicio profesional de nuestra actividad como abogados litigantes que somos”, agregó Flores Torres.
Añadió que “con el brutal atentado no sólo le dieron muerte a nuestros compañeros, sino que atentaron contra el libre ejercicio del derecho al trabajo. Los abogados chiapanecos nos declaramos en protesta permanente, hasta en tanto no se encuentren tras las rejas los delincuentes que privaron de la vida a nuestros compañeros, y exigimos que las autoridades otorguen las garantías cautelares a la familia y que pronto se les restituyan sus derechos”.
Reiteró que “es el momento de alzar la voz. Ni un abogado más. No vamos a permitir que empiece la cacería de brujas ni se empiece a coartar el libre derecho al trabajo de los litigantes. Somos los únicos que no tenemos ninguna garantía. Salimos del homicidio diariamente y no sabemos si vamos a regresar”.