Más de 3 mil 205 personas desplazadas en los últimos días en los municipios de Pantelhó y Chenalhó

Ongs urgen al gobierno instalar albergues y un mecanismo de atención integral; la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria

La violencia generalizada promovida por el crimen organizado en la región de Los Altos de Chiapas, ha dejado 3 mil 205 personas durante los últimos días de en los municipios de Pantelhó y los límites con Chenalhó, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“Dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades; es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro; las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña”, dijo el organismo en un comunicado.

“Según los datos con los que contamos, hasta el momento son aproximadamente 3 mil 205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, que se encuentran en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc”, agregó.

Encabezadas por el Frayba, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, llevaron a cabo una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, donde documentaron el pasado 10 de julio de 2021, la situación de violaciones a los derechos humanos.

En un pronunciamiento conjunto, el Frayba, Médicos del Mundo Suiza, la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco) y Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI), con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), señalaron que identificaron, “un riesgo alto de inseguridad alimentaria, pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades”.

Mientras que en los albergues provisionales, “las principales enfermedades identificadas durante la visita fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres”.

“Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación”.

Estos padecimientos, consideraron, pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria.

La misión identificó, “afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad. Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”.

“Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias”.

Toda esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19, manifestaron las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil.

Relatan que a partir de las visitas que realizaron, escucharon los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. “Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”.

El hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas, no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región, indicaron los organismos.

La misión de observación dijo que ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. “Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”.

Destacó que dentro de las víctimas de desplazamiento, se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Las organizaciones manifestaron que es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etcetera, para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

El informe señala que durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. “Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”.

“Por lo menos de marzo de 2021 al 5 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”, señaló.

Manifestó que “la ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados”.

Por tal situación, las organizaciones exigieron a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Indicaron que todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.