Foto portada: ACNUR Gabo Morales
Las nuevas políticas de Joe Biden, impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo
Los centroamericanos son llevados a la frontera con Guatemala en autobuses del INM custodiados por la Guardia Nacional: Ongs
Luego que Estados Unidos comenzara a deportar familias centroamericanas al sur de México para disuadir la migración con el pretexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, a Tapachula ha llegado un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, con personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42, informaron organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos.
“Las personas, principalmente mujeres y familias con niñas y niños, fueron transportadas los días 9 y 10 de agosto, desde Tapachula en autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), hacia Talismán, frontera con Guatemala, custodiados por patrullas de la Guardia Nacional, donde se les abandonó; sin que hasta el momento haya claridad sobre qué proceso administrativo siguieron en México”, denunció el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.
Los días 9 y 10 de agosto, fueron los primeros vuelos en llegar a Tapachula, “además se tuvo información de otros dos vuelos provenientes de Brownsville, Texas, que llegaron al aeropuerto de Villahermosa, desde donde la personas centroamericanas, siguiendo el mismo modus operandi que en Tapachula, fueron llevadas en autobuses del INM hasta la frontera El Ceibo, con Guatemala”, señaló la Ongs.
El Colectivo denunció que las expulsiones de esta naturaleza ponen en riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo.
El Título 42 impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos, dijo.
“Expulsar y trasladar a personas centroamericanas que buscan protección internacional desde Estados Unidos hacia la frontera sur de México, es una grave violación al derecho a solicitar asilo a recibir otro tipo de proteccón internacional, y les expone a una situación de mayor vulnerabilidad, pues ante la imposibilidad de permanecer de forma segura a sus países de origen, se les obliga a realizar de nuevo un recorrido en condiciones que les exponen y atentan contra su vida, dignidad e integridad”.
El Colectivo criticó el discurso del gobierno mexicano, que dijo “evade su responsabilidad de protección de parte del Estado y termina recayendo todo la carga de asistencia humanitaria y protección de las personas en la sociedad civil.
“Todo esto se realiza en un contexto de negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y México en las que, de nuevo, el gobierno mexicano está ejecutando políticas estadounidenses violatorias de derechos humanos, sin ningún fundamento legal y sobre las que existe una absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, en aras de despresurizar la frontera norte”, destacó.
Por lo que exigió al gobierno mexicano aclarar públicamente la operación de estas acciones y bajo que acuerdos se ha determinado realizarlos.
Demandó además garantizar a las personas, familias, niños y niñas y adolescentes accedan a información clara y necesaria sobre sus derechos sobre todo al tratarse de familias, personas con necesidades de protección internacional y niñas, niños y adolescentes no acompañados. En todos los casos, debe buscarse la mayor protección de las personas menores de edad, con base en el principio del interés superior de la infancia.
Asimismo garantizar el acceso al procedimiento de asilo de las personas que así lo deseen en el país, donde determinen estar seguras. No condicionar la regularización en México exclusivamente a la figura de refugio si la persona ha manifestado su interés de solicitar asilo en otro país.
La Ongs urgió también al gobierno de México, generar las condiciones básicas para que las organizaciones de sociedad civil puedan realizar su trabajo de observación y defensa de derechos humanos sin ser hostigadas ni criminalizadas.
Así como también generar condiciones de trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad humana
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste lo integran organismos de México, Estados Unidos y Centroamérica como el Mexican American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Programa de Asuntos Migratorios – UIA, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A, C, y muchos más.