Cientos de migrantes, entre haitianos, cubanos y centroamericanos que el sábado partieron en caravana de Tapachula hacia la frontera norte de México, reanudaron este domingo la caminata desde el municipio de Huixtla, donde descansaron.
Luego de que fueran reprimidos por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, para tratar de detener su avance sobre la carretera costera, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhsm), integrado por una veintena de agrupaciones, exigió a las autoridades mexicanas “alto inmediato a la violencia” en contra de los integrantes de la caravana.
La ONGs manifestó que ante la falta de respuesta de las autoridades, los aproximadamente 700 migrantes haitianos, centroamericanos, venezolanos y de otras nacionalidades, decidieron organizarse para salir de Tapachula con el objetivo de “llegar a lugares fuera de Chiapas, donde sea posible acceder a condiciones dignas, obtener empleo, entre otras. Muchas de ellas cuentan con documentos de estancia regular en México que garantizan el derecho al libre tránsito en el país”.
Por lo que exigió que no sean detenidos los migrantes que han solicitado refugio y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) intervenga para garantizar la no devolución de las personas solicitantes de refugio y sujetos de protección internacional.
En un comunicado demandó que sean escuchadas sus demandas, respeto a los procesos de regularización migratoria y/o solicitud de refugio, así como la garantía al acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la alimentación y la vivienda, además de que se garantice su derecho a la libre circulación por el territorio nacional de las personas que cuentan con documentos para una estancia regular en el país.
“Desde la mañana del 28 de agosto, se observó el reforzamiento del retén ubicado en la localidad de Viva México con elementos de la Guardia Nacional y el patrullaje de camionetas del Ejército Mexicano, además de autobuses del Instituto Nacional de Migración”, indicó.
Sobre el operativo de ayer sábado para detener la marcha de los migrantes, la Ongs señaló que “detectó el paso de dos volantas del Instituto Nacional de Migración con niñas y niños migrantes detenidos, y a partir de las 16 horas se observó un creciente despliegue de fuerzas de seguridad, integrado por volantas y autobuses de migración, patrullas de la Guardia Nacional y camionetas militares, a la altura de Chamulapa, municipio de Huehuetán”.
“Los elementos de las fuerzas de seguridad formaron equipos antimotines para cerrar el paso y encapsular a la caravana, comenzando a detener a las personas haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Las personas fueron dispersadas, corrieron internándose en los montes o a través del río; otras siguieron avanzando sobre la carretera. Durante varias horas, bajo la lluvia y empezando la noche, el operativo continuó agrediendo y deteniendo a los integrantes de la caravana”, agregó.
Varias personas aseguró, resultaron “con lesiones y heridas derivadas de las agresiones del INM, la GN y el Ejército; la atención médica fue escasa y tardía”.
El sábado, los migrantes “caminaron todo el día, primero a altas temperaturas bajo el sol y luego bajo intensas lluvias, sin alimentos, con poca agua y escasa atención médica”.
La Ongs sostuvo que el gobierno hizo “un despliegue excesivo e injustificado de fuerzas de seguridad, con aproximadamente 50 vehículos entre volantas y autobuses del Instituto Nacional de Migración, camiones y camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército; las personas fueron agredidas, sometidas, golpeadas con escudos y toletes; se identificó portación de armas largas por parte de elementos del Ejército, elementos del INM vestidos de civil incitando a la agresión, así como otros agentes de seguridad sin identificar, vestidos civil y portando armas de fuego”.
Refirió que antes de salir en caravana los migrantes realizaron durante varios días, manifestaciones en el parque central de Tapachula, en las oficinas de Comar y del Instituto Nacional de Migración por “la dilación en los procesos administrativos para presentar una solicitud de refugio, pues las citas disponibles se están otorgando hasta enero de 2022”.
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