Ante la Cámara de Diputados, Rector de la Politécnica de Chiapas reconoce denuncias penales por la “Estafa Maestra”

Funcionarios de la UPCh demandados siguen en sus cargos cobrando del erario público

En noviembre del 2018, la Cámara de Diputados resolvió iniciar un juicio político contra Rosario Robles Berlanga porque encontró elementos para acusar a la exfuncionaria. Fue en marzo del 2020 cuando por unanimidad de 265 votos a favor, el Pleno de la Cámara dio entrada al proceso de juicio político, por diversas irregularidades cuando Robles Berlanga se desempeñó como funcionaria federal.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados el juicio político clasificado como SI/LXIV/JP/01/2019 contra Robles “por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, cuando fue funcionaria federal.

La justificación del juicio político es que la ex secretaria de estado violó los artículos 126 y 134 constitucionales, así como las leyes federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica de la Administración Pública Federal, de Responsabilidades Administrativas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.

En las conclusiones, la Sección Instructora recomienda que Robles Berlanga sea sancionada con la inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de 20 años porque estaban legalmente comprobadas las conductas y hechos que fueron motivo de la denuncia presentada por su desempeño al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

De igual forma, en ese dictamen de la Cámara de Diputados, se afirma que también participaron en el esquema, personas físicas o morales de derecho privado, por medio de los cuales fueron canalizados recursos públicos hacia fines ajenos.

Rosario Robles tiene más de un año privada de su libertad en el penal de Santa Marta Acatitla. Pero fuera de ella, ningún otro funcionario más ha sido apresado a pesar de que hay carpetas de investigación abiertas. Sin embargo, el proceso de Juicio Político sigue su proceso. Ese dictamen de la Cámara de Diputados tendría que ser ratificado por el Senado, sin embargo, ello no ha sucedido porque la Cámara alta amplió todos los plazos legales derivado de la Pandemia de Covid19.

El entonces Diputado Pablo Gómez de MORENA, presidente de la Sección Instructora, Explicó que la acusación se basa en lo que documentó la Auditoría Superior de la Federación y que popularmente se conoce como la “Estafa Maestra”. La Sección Instructora, dijo Pablo Gómez, se ha apoyado también en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República En uno de los procedimientos para dar paso al juicio político, quien fuera la titular de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando se documentó el caso; Muna Dora Buchahin Abulhosn, fue invitada a dar su testimonio frente la Comisión de diputados que desahogaba el procedimiento de Juicio Político. En ese testimonio, la exfuncionaria dice que las observaciones que realizaba la ASF eran “insolventables”.

Para el desahogo de los documentos del Juicio Político el entonces diputado Pablo Gómez envió al Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas Navor Francisco Ballinas Morales una serie de peticiones -vía oficial- para esclarecer toda la trama de la denominada “Estafa Maestra”. Navor Ballinas no tuvo otra opción de acatar el mandato.

Es así como ante la Cámara de Diputados, reconoció de su puño y letra la participación de la UPCh en la denominada “Estafa Maestra”, los números de carpeta de investigación en curso a la que están sujetos funcionarios que continúan en su puesto, los montos financieros asignados, las empresas participantes y también la pobre calidad de los productos que la UPCh entregó a cambio del recurso financiero contenido en los proyectos con la entonces SEDESOL y la SEDATU.

El rector Ballinas Morales responde a petición de Pablo Gómez

Para darle cauce al juicio político contra Rosario Robles, la legislatura LXIV que acaba de culminar su periodo constitucional, giró el oficio número SI/LXIV/152/2019 con fecha 20 de diciembre del 2019 a Navor Francisco Ballinas Morales solicitándole colaborar con la sección instructora del Juicio Político con ocho puntos específicos que el oficio describe.

No había otra opción, negando siempre la participación de la UPCh en la denominada “Estafa Maestra”, el rector respondió haciendo revelaciones -vía oficial- que confirman que el esquema de triangulación de recursos que es emblemático de la impunidad en México, se realizó en esa institución universitaria chiapaneca.

El oficio número UPC/R/033/2020 de fecha 31 de enero del 2020, el rector Ballinas Morales contesta la petición del entonces diputado Pablo Gómez. En esa misiva especifica con lujo de detalles lo siguiente:

El número de convenios firmados con la entonces SEDESOL y la SEDATU, el año de los convenios, los funcionarios universitarios participantes.

También, en el oficio Ballinas Morales afirma que “los entregables” de los convenios, no es posible adjuntarlos a la petición del entonces diputado Pablo Gómez, porque los originales se encuentran en poder la Fiscalía General de la República.

En ese sentido, las dos carpetas de investigación reconocidas del puño y letra de Ballinas Morales son la FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0002257/2017 y la FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018.

Incluso el todavía rector de la UPCh menciona la razón social de las empresas que esa Universidad “subcontrató” y reconoce que las operaciones financieras se hicieron bajo el amparo de la Ley Federal de Adquisiciones y que, por la urgencia se tuvo que contratar los servicios profesionales de terceros. Presenta también el desglose de los montos de los convenios con SEDESOL y SEDATU.

Todo se entregó en “tiempo y forma” dijo SEDATU pero la ASF comprueba que no

En el expediente que el Rector Navor Ballinas presentó a la comisión del Juicio Político de la LXIV legislatura, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la SEDATU determinó que se entregó en tiempo y forma el servicio denominado “Servicios profesionales y técnicos para el desarrollo de análisis de experiencias internacionales en el marco del desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las zonas económicamente exclusivas”.

Incluso, en todos los convenios específicos, se menciona que la UPCh no requerirá contratar a terceros con un porcentaje mayor al 49 por ciento del monto en los términos del artículo primero de la ley de adquisiciones. Como se declara en el punto 1.5 del «primer convenio específico número SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015. Pero la historia no termina ahí, por las declaraciones de la otra dependencia que dirigió Rosario Robles en el sexenio anterior, es decir la SEDESOL.

SEDESOL no reconoce convenio con UPCh

En la Auditoría del 2015 Comedores Comunitarios Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0276 276-DS la ASF informó que en los procesos de capacitación para la instalación de los Comedores Comunitarios, se ha contado con el apoyo de diversas instituciones académicas, dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, con las cuales, aunque no en todos los casos, se han suscrito convenios de colaboración, ya que han sido aportaciones sin costo para la SEDESOL; asimismo, señaló que la Dirección General de Participación Social no reconoce convenio alguno, o bien, acciones de colaboración con la Universidad Politécnica de Chiapas. Esto a pesar de que por ejemplo en los anexos de ejecución de los proyectos, se determina un número de cuenta y clabe bancaria, para que la SEDESOL le depositara a la UPCh. Es decir, la dependencia federal no reportó a la ASF que en realidad sí había firmado un convenio general y sus respectivos específicos con la universidad chiapaneca.

El desglose del gasto de los recursos

En noviembre del 2019 la Fiscalía General de la República solicitó que comparecieran exfuncionarios de la SEDESOL de la UPCh por presuntamente pagar ilegalmente 400 millones de pesos por la supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, esto de acuerdo a reportes de diarios nacionales.

De acuerdo a la querella, la UPch subcontrató la totalidad de los trabajos con la empresa “Productos Serel”. De esos 400 millones de pesos recibidos, la UPCH sólo empleó 278 millones 400 mil pesos para cubrir la totalidad del contrato y se desconoce el destino de los restantes 121 millones 600 mil pesos.

Según esto, SEDESOL tampoco proporcionó evidencia que acreditara que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados.

El caso todavía entrampado

La exsecretaria Rosario Robles todavía se encuentra privada de su libertad, a ningún otro funcionario se le ha privado de su libertad como es el caso de la política experredista y exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Navor Ballinas todavía continúa como rector de la Politécnica de Chiapas y varios funcionarios universitarios siguen en su puesto. Es el caso -de acuerdo al directorio de la universidad- de José Roberto Aguilar Fuentes, quien es el Abogado General y también el responsable de la Unidad de Transparencia, misma situación de Rafael Zozaya Nucamendi quien sigue en la titularidad de la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura.

En el periodo rectoral de Ballinas Morales -que ya parece infinito- la UPCh practicó por lo menos cinco veces con distintas dependencias federales el esquema de hizo posible lo que popularmente se conoce como la «Estafa Maestra», con SEDESOL, SEDATU, SAGARPA, ISSSTE y otro más con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al Senado le corresponde concluir el Juicio Político y al momento, todavía no hay indicios que así sea. Pero la pregunta que todavía no logra responderse es ¿Dónde están los recursos financieros de la estafa maestra?