Ejidatarios de Altamirano liberaron la madrugada de este martes, a 18 pobladores retenidos el pasado 17 de este mes, en el contexto de disputas entre transportistas de mototaxis y de la quema de la presidencia municipal, luego de la firma de un “acuerdo de civilidad para contribuir al de gobernabilidad y paz social en el municipio”.
Los 18 retenidos fueron llevados a la agencia ejidal, ubicada en la cabecera municipal, donde permanecieron hasta la madrugada de este martes en que fueron liberados.
Ambos grupos, con la intervención de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, se comprometieron a desistirse de las denuncias presentadas ante un agente del Ministerio Publico por los agravios mutuos.
De acuerdo a la minuta que firmaron para la liberación de los retenidos, los dos grupos se comprometieron a “respetarse mutuamente y a salvaguardar la integridad física de sus agremiados”.
Los ejidatarios básicos, sus hijos y los avecindados retuvieron el 17 a 18 personas pertenecientes a las organizaciones de transportistas Unión de Pueblos Mayas y Jaguares, adheridas a la Alanza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de la izquierda (ASSI), con el argumento de que pretendían retener a un poblador y realizar disparos de armas de fuego.
Lo anterior se registró dos días después de que un grupo presuntamente de habitantes de Altamirano, prendió fuego a la alcaldía y quemó la única patrulla de la policía durante la ceremonia del Grito de Independencia, denunció en su oportunidad el presidente municipal, Roberto Pinto Kánter.
Las partes señalaron que la Secretaría de Gobierno, a través de la delegación de gobierno ubicada en el vecino municipio de Las Margaritas, se comprometieron a dar atención a sus planteamientos e inquietudes para encontrar una solución.
De acuerdo con la minuta, la Secretaría de Movilidad y Transportes se comprometió dar atención a las demandas de los grupos de transportistas referente a permisos para prestar el servicio de pasaje en mototaxis, por lo que programó una mesa de trabajo de seguimiento para el 27 de este mes.
Luego de exhortar a las partes a “mantener la paz y gobernabilidad en la región, anteponiendo el diálogo para solucionar sus diferencias”, la dependencia advirtió que si alguno de los dos grupos rompe el pacto, “se aplicara el Estado de derecho”.