Aline Espinosa Gutiérrez
Ciudad de México. La actual militarización de las fronteras mexicanas, en colaboración con Estados Unidos, han hecho cada vez más difícil que las personas haitianas puedan acceder a la protección internacional y asilo debido a la falta de información respecto de la protección efectiva, lo que ha resultado que las y los migrantes sean víctimas de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas, actos violentos de represión, separación de familias, alertaron organizaciones civiles que protegen los Derechos Humanos.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) documentó la expulsión colectiva de entre 80 o 70 personas haitianas, entre ellas 15 mujeres, así como, de 13 niñas y niños, algunos de ellos sin familiares, desde el aeropuerto de Tapachula, México. Durante este suceso, la organización presenció la resistencia que pusieron las y los haitianos para abordar el vehículo, pero debido al numeroso despliegue de agentes migratorios se vieron obligados a subir.
“La presencia de elementos de seguridad en el momento del despegue, la resistencia de subir de las mismas personas y las acciones de los elementos de Protección Federal, evidencian que los retornos realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM), son expulsiones en contra de la voluntad y la seguridad de las personas, por tanto, constituyen acciones contrarias a su protección”, detalló el COMDHSM.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner explicó que desde inicios de la pandemia, su organización, entre otras, han denunciado las violaciones que han cometido el INM y la Guardia Nacional (GN) contra las personas migrantes, la mayoría de ellas haitianas. Situación que ha afectado aún más a las mujeres y niñas, quienes fueron víctimas de tocamientos indebidos, golpes y agresiones verbales.
“Mandamos una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la expulsión de las personas migrantes donde el gobierno mexicano está participando. La situación es que no les están dando la oportunidad a estas personas de explicar su situación y los echan a la frontera en la noche. Saben que los subieron a un avión, pero cuando aterrizan no saben ni siquiera dónde están”, declaró Gretchen Kuhner.
Desde el 29 de septiembre de 2021, según el COMDHSM, el INM realizó el primer vuelo de expulsión a Haití con 70 personas migrantes de este país, entre ellas 13 menores de edad, pero aseguró que desde antes estos se llevaban a cabo. Estos vuelos forman parte de las medidas de la política migratoria de Estados Unidos para asegurar que las y los migrantes no crucen la frontera hasta su país.
“Expulsar a personas haitianas que buscan protección es una grave violación al derecho a solicitar asilo o a recibir otro tipo de protección internacional. Los expone a una situación de mayor vulnerabilidad, poniendo en grave riesgo su vida e integridad. Con la difícil situación social, económica, política y humanitaria en Haití. No existen condiciones en ese país para proteger la seguridad y la vida de esas personas”, puntualizó el COMDHSM.
A pesar del gran número de advertencias, agregó Gretchen Kuhner, no se han activado los mecanismos para poder parar este tipo de violencia, por lo que la impunidad prevalece sobre los actos de violencia. En su opinión, el INM necesita hacer una investigación dentro de su oficina interna de cada caso y por la brutalidad en algunos de ellos también la Fiscalía General de la República debería abrir carpetas de investigación, por los delitos de abuso físico, violencia sexual, tortura, entre otros.
Añadió que en el caso de la GN, tiene sus procesos internos, pero la CNDH puede iniciar quejas por su actuar que ha violado el derecho al libre tránsito, a pedir asilo, y a la protección internacional de estas personas que huyeron de un país donde la violencia los perjudicaba, sin embargo, encontraron más agresiones por quienes se supone tienen la obligación de ayudarlas.
Este panorama, señaló, se debe también a que desde antes de la pandemia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) cuenta con poco personal, un bajo presupuesto y tenía una gran cantidad de solicitudes de asilo por resolver. Con la llegada del COVID-19, todo se agravó, las labores de la COMAR se vieron más detenidas y retrasadas. Hoy en día tienen aproximadamente entre 70 u 80 mil solicitudes por responder. Ante el poco avance de este organismo, las personas migrantes comenzaron a caminar.
Las y los migrantes, resaltó, desean tener mejores oportunidades para ellas y para sus hijas e hijos porque en Chiapas nunca se les dieron alternativas y vivían en condiciones muy precarias, sin educación, sin acceso a salud o a un trabajo en un contexto donde la pandemia aumentó los precios de la canasta básica, de los medicamentos, de la renta y había un riesgo latente de contagio.
Desde mucho antes, comentó, el presupuesto de la COMAR nunca ha sido suficiente para que pueda funcionar, lo que sigue vigente en esta administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, quien declaró durante la presentación de su tercer informe de gobierno que los Derechos Humanos de las personas migrantes ya eran respetados en el país, días después un migrante haitiano fue agredido por agentes migratorio del INM y la GN.
Las operaciones del INM y de la GN, reiteró, son contrarias al discurso oficial de la COMAR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos que aseguraron que no se puede deportar a las personas haitianas por la situación en su país y que requieren otra opción migratoria.
Para Gretchen Kuhner estas situaciones son un mensaje hacia la sociedad y migrantes que “si vienen a México, los van a tratar así, pues que mejor se queden donde están, es como un mensaje mediático, es un mensaje del uso de la fuerza para quienes pretenden salir, de no salgan, pero no va detener los flujos migratorios”. Por ello, dijo, es necesario que se brinde ayuda a estas personas, que se les permita residir en el país bajo una situación migratoria y que las y los responsables de las agresiones sean sancionados.
21/AEG/LGL