Familiares de los indígenas tzeltales, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, vinculados a proceso desde hace un año por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Chilón, demandaron su libertad absoluta, pues acudir a firmar cada 15 días al juzgado de Ocosingo, les ocasiona gastos y molestias.
A la exigencia se sumó la agrupación llamada Familias Unidas contra la Tortura y por los Derechos Humanos, que aseguró que Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández fueron detenidos hace un año “por alzar su voz en contra de los abusos de las autoridades y por defenderse como pueblos indígenas de las imposiciones de los gobiernos que toman decisiones sin consultarlos”.
La organización demandó al gobierno en sus tres niveles que “deje de criminalizarlos porque no son delincuentes sino personas dignas y humildes que merecen respeto”.
También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigieron la terminación del proceso penal en contra de los dos indígenas tseltales, porque señalaron que “los derechos colectivos del pueblo maya tseltal fueron vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional” y la consecuencia militarización.
En conferencia de prensa en las oficinas del Frayba, también exigieron a los tres niveles de gobierno, el desalojo de la Guardia Nacional de su territorio, reparación de los daños y castigo a los responsables de su detención el 15 de octubre de 2020.
“Exigimos que nos dejen en paz como pueblos tseltal para vivir felices. La madre naturaleza no se destruye, no se vende, se trabaja, se ama y se defiende”, manifestaron.
El pasado 15 de octubre de 2020, refirieron-, “nos manifestábamos en el crucero de Temó, municipio de Chilón, para defender el territorio tseltal y en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, porque no se consultó al pueblo tzeltal de Chilón y porque la militarización causa alcoholismo, drogadicción prostitución y detención de personas, generando violación de derechos humanos”.
Señalaron que luego de ser reprimidos por policías de los tres niveles, los indígenas Hernández Feliciano y Gutiérrez Hernández, “fueron detenidos y arrastrados en un tramo de 50 metros”; luego fueron encarcelados en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, acusados del delito de motín.
El 22 de octubre fueron vincularon a proceso, pero por la presión de sus defensores, se cambió la medida cautelar por la de firma cada 15 días en Ocosingo y encarcelamiento en el municipio de Chilón.
“Lo anterior ha causado a nuestras familias sufrimiento por los gastos para ir a firmar a Ocosingo; hemos tenido que vender nuestro maíz y frijol, además de padecer las secuelas por la tortura”, aseguraron.
Los familiares de César y José Luis, exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal su libertad absoluta.