El grupo de personas que camina por Chiapas busca condiciones de vida digna, así como respuestas a sus trámites de regularización y refugio
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 5 Nov.- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil (Ongs) condenaron el intento de detención de la caravana migrante que inició su recorrido en forma colectiva buscando salir de Tapachula el 23 de octubre, pero que ayer jueves en el municipio de Pijijiapan “hubo otro intento de detención con aproximadamente 70 elementos de la Guardia Nacional con equipos anti- motines”. Acciones de contención y agresión ante las que algunas personas respondieron.
Los hechos ocurrieron cuando “elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron aproximadamente a 50 personas que se habían rezagado, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Posteriormente, hubo otro intento de detención con aproximadamente 70 elementos de la GN con equipos anti- motines”.
En un comunicado el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, señaló que a lo largo del día, el grupo de migrantes avanzó a pie y en vehículos de personas a título personal que les apoyaron en este tramo de la carretera. En su gran mayoría, llegaron a Tonalá donde pernoctaron entre 1200 y 1300 personas.
Han recibido atención médica y alimentos por parte del municipio, de la sociedad civil y de personas a título personal.
“A lo largo del camino, el grupo conformado por un porcentaje importante de personas de alta vulnerabilidad, entre ellos familias con niñas y niños en brazos y en carreolas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas en silla de ruedas, personas adultas mayores y personas de la comunidad LGBTIQ+, ha avanzado bajo el asedio del INM, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad estatales y municipales”.
A lo largo del trayecto, señalan, han detenido o retornado a Tapachula a decenas de las personas que conforman el grupo, incluidas personas con necesidades de protección internacional.
El Colectivo destaca que en las últimas dos semanas han denunciado el feminicidio de una mujer haitiana y el asesinato de dos personas resultado de disparos de la Guardia Nacional contra un vehículo donde iban 13 personas migrantes. “En ambos casos llamamos a la investigación de los hechos, justicia para las víctimas y la desmilitarización de la política migratoria”.
Denuncian también el intento de detención por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional del Padre Heyman Vázquez, párroco de Huixtla, al trasladar a personas migrantes al hospital.
“Nos preocupa de sobremanera la escalada en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos de las personas en movilidad en la frontera sur de México, y los riesgos a la vida, integridad y seguridad de las y los defensores, así como, en consecuencia, los riesgos para las personas migrantes”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, reprueban los operativos de contención, porque destacan que “el grupo de personas que camina por el estado de Chiapas busca condiciones de vida digna, así como respuestas a sus trámites de regularización y refugio. Sus exigencias son el cumplimiento de las obligaciones del Estado por parte de las instituciones mexicanas, que hasta ahora no han sido cumplidas”.
“La política migratoria mexicana actual, el contexto de violencia y las expresiones de racismo, discriminación y xenofobia orillan a las personas a condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, y a buscar otras opciones para la vida, la integridad y la dignidad. Estas decisiones no se deben criminalizar y tampoco justifican la represión con violencia”.
El Colectivo refiere que por meses han documentado y denunciado violaciones sistemáticas a los derechos de las personas y las respuestas por parte de las instancias con mandatos de protección y garantía de derechos de todas las personas en nuestro país han sido escasas.
Apunta que la situación general es una de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que dicha situación requiere una respuesta integral y urgente.
Por todo lo anterior el Colectivo demanda alto a las políticas de contención que violan los derechos de las personas migran-tes y con necesidades de protección internacional; así como respeto, garantía y restitución de los derechos de las personas en movilidad.
Que el gobierno implemente acciones integrales y respetuosas de los derechos humanos de las personas que se desplazan con intervenciones inmediatas de instancias con mandatos de garantía de derechos como las instancias de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, instancias de garantía de ejercicio pleno de derechos de las mujeres, fiscalías especializadas, entre otros.
Así como la investigación de los hechos del posible feminicidio de la mujer haitiana y del asesinato del hombre cubano, procesos de justicia para las víctimas y acciones que garanticen la no repetición.
Al mismo tiempo que cese de la criminalización y respeto de la labor de defensa a quienes acompañan y visibilizan violaciones a derechos humanos de personas en movilidad, y el cese inmediato a la represión contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.