Conforman el Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco, ejidatarios de Cintalapa y Belisario Domínguez

“No nos vamos a dejar, no vamos a respetar el fallo de la Corte, acudiremos a la CIDH”

El Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco, conformaron ejidatarios de los municipios de Cintalapa y Belisario Domínguez afectados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió darle a Oaxaca la zona de los Chimalapas
porque “no estamos de acuerdo con el dictamen y no lo vamos a respetar”.

Los ejidatarios advirtieron que reforzarán las “guardias comunitarias” en cada localidad para evitar invasiones, porque “ya no nos vamos a dejar”.

Al mismo tiempo señalaron que buscarán llevar el caso a instancias internacionales porque no fueron consultados. “El camino es organizarnos, no vamos a respetar lo que dice la Corte. La mayoría estamos por no respetar. En eso andamos, en la organización para hacer nuevas acciones”.

Alfonso de Jesús Gómez Mendoza, presidente del comisariado ejidal de Constitución, aseguró que existe el riesgo de que los invadan los habitantes de las comunidades vecinas de Oaxaca. “Lo puedo asegurar, en nuestro plano aparecen 28 parcelas y ya nos vienen cortando cinco o seis. Se fueron a posesionar”.

Dijo que la inconformidad que tienen, “es que los mojones no están en el sitio que debe de ser y como ejido afectado deberíamos de pelear nuestros derechos como mexicanos porque realmente no nos tomaron en cuenta. Los mojones no están trazados de acuerdo con el mapa de Chiapas. La línea original no es ahí”.

El dirigente señaló que la SCJN, “debió haber hecho una consulta en nuestros ejidos para preguntar si uno quiere ser chiapaneco o oaxaqueño porque nuestros documentos agrarios son legales, firmados por el presidente de la República. Nuestras credenciales, actas de nacimiento y todos los trámites que tenemos son cien por ciento chiapanecos”.

Explicó que con el fallo de la SCJN y los nuevos linderos, muchos ejidos quedarían “partidos, una parte en Chiapas y otra en Oaxaca. No es posible que teniendo toda la documentación nos digan que nos pasemos a Oaxaca”.

Jorge Humberto Luna Salines, representante de la ranchería San Marcos la Hondonada, municipio de Belisario Domínguez, que de acuerdo con el resolutivo de la SCJN tiene que desaparecer jurídicamente, dijo que “no estamos de acuerdo con la resolución porque desde su origen está viciada”.

Explicó que cuando se fundó el municipio de Belisario Dominguez, sus vecinos oaxaqueños, “tenían 90 días para impugnar, pero lo hicieron hasta el siguiente año; es decir, fuera de tiempo y aun así lo recibió la Corte; se está violentando la ley. No vamos a respetar lo que dice la Corte”.

Luna Salines sostiene que existen anomalías en el dictamen de la SCJN. “No estamos de acuerdo, vamos a seguir luchando, no vamos a acatar las órdenes. Vamos a ir ante instancias internacionales y apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque es una aberración lo que hizo la Corte. Hay muchos intereses ahí”.

Gómez Mendoza apuntó que “la formación de la guardia comunitaria, es para defender los bienes que nos corresponde. No es que nos queramos levantar en armas, sino que es con el fin de cuidar nuestros bienes. No vamos a dar marcha atrás porque no tenemos a donde ir. Vamos a luchar porque nos corresponde y estamos legales”.