El abandono de los migrantes después de ser trasladados a otras ciudades, ha agravado sus condiciones de precariedad: ONGs
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), denunció que a los migrantes que son trasladados por el Instituto Nacional de Migración (INM) a otras entidades del país, para realizar su proceso de solicitud de asilo y regularización migratoria, “se les abandona sin ninguna asistencia, no cuentan con redes de apoyo o seguimiento e incluso son detenidos en estaciones migratorias y les retiran las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH)”.
El Colectivo informó en conferencia de prensa, que desde el pasado 18 de noviembre ha documentado “el actuar arbitrario y discrecional” del INM en el traslado de personas para realizar trámites migratorios de miles de migrantes que se encuentra en Tapachula.
El abandono de los migrantes después de ser trasladados a otras ciudades, ha agravado sus condiciones de precariedad y vulnerabilidad y se les expone a todo tipo de violencias y violaciones a sus derechos humanos, especialmente porque se ha detectado que a muchos de ellos incluso se les detiene en otros puntos del país en Estaciones Migratorias y les retiran las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias.
Estos hechos, señala el COMDHSEM, “denotan la agudización de diversos procesos violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, y especialmente el racismo institucional que se ha manifestado abiertamente contra la población afrodescendiente que hemos documentado y denunciado a lo largo de este 2021”.
Además de denunciar que la política de México en torno a los migrantes tiene altos componentes de racismo institucional; el Colectivo manifestó su preocupación por “el avance de una estrategia de securitización hacia una de militarización de la política migratoria, que se refleja con el despliegue de más de 28,000 elementos de las fuerzas de seguridad nacional en las fronteras sur y norte de México tan sólo en los meses de julio y agosto”.
“Su presencia en el territorio para coordinar los llamados “operativos de rescate humanitario”, acciones de contención contra desplazamientos forzados colectivos y traslados de miles de personas deportadas y expulsadas desde Estados Unidos y México se realizan a traves de acciones sistemáticas de uso ilegítimo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza que han derivado incluso en asesinatos, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, aseguró.
En su informe anual, la ONGs observa la ausencia de acceso a la regularización migratoria, “observamos un desmantelamiento de los sistemas de protección internacional en la región y que en México se traduce en la falta de acceso a procesos de solicitud de asilo y regularización migratoria.
Asegura que “los más de ocho desplazamientos forzados colectivos que hemos visto desde Tapachula en los últimos meses, son consecuencia directa de estas políticas que han creado ciudades de confinamiento en las fronteras sur y norte de México”.
Sostiene que desde inicios de este año, el INM y las entidades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia optaron por implementar de forma arbitraria la armonización de la Ley de Migración para continuar deteniendo niñas, niños, adolescentes y sus familias.
El Colectivo denuncia también que siguen las deportaciones bajo el título 42 desde Estados Unidos, así como deportados y devueltos en caliente por México hacia Guatemala, “entre 35 y 50 vuelos al mes hacia Tapachula; y entre 6 y 13 autobuses diarios a la frontera de El Ceibo, trasladando personas”.
El racismo, discriminación y xenofobia
Las más de 20 organizaciones destacan que el racismo, la discriminación y la xenofobia afectan de manera focalizada a personas migrantes, particularmente a personas afrodescendientes e indígenas. “Las políticas y prácticas desde las instituciones mexicanas obstaculizan sistemáticamente el acceso al ejercicio de derechos y el acceso a servicios para la población afrodescendiente e indígena en el país, legitimando el racismo histórico en la sociedad en general”.
Lo anterior señala, crea barreras de acceso a la atención médica, a la educación, fomenta la discriminación laboral y justifica las detenciones arbitrarias y violentas por perfilamiento racial, afectando especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes; que viven impactos diferenciados por la falta de acceso a derechos.
“Las políticas racistas y discriminatorias están provocando violencia, criminalización, estigmatización hacia las personas migrantes en los lugares de llegada, teniendo como consecuencia ciudades y sociedades violentas y de abuso”.
En este contexto, expresaron su indignación y preocupación por el feminicidio de una mujer haitiana en el municipio de Suchiate en el mes de octubre, exigieron investigaciones expeditas y exhaustivas con perspectiva de género, acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición.
Por lo anterior, el Colectivo hizo un llamado al gobierno federal y de los estados a detener las políticas de contención de éstos grupos, el cese inmediato a la represión contra estas personas en movilidad, desvinculas las acciones de control migratorio a las labores de la Guardia Nacional y dejar de tratar a los migrantes como amenaza, entre otras demandas.