Nuevas agresiones a la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunció nuevas agresiones a la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio perteneciente al municipio autónomo de Lucio Cabañas, municipio oficial de Huixtán, por parte del “grupo de los 40”.
En un comunicado donde califica de ominoso silencio del Gobierno mexicano ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas, el organismo señala que el día de ayer lunes, “el grupo de los 40 incursionó a la comunidad para trabajar las tierras en donde las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) siembran y cultivan sus alimentos, además de pastorear el ganado”.
Dijo que de acuerdo a la denuncia de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol No. 10 Floreciendo la Semilla Rebelde de la Zona Patria Nueva, “los invasores se pusieron a crear una zanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales, atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía”.
“El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer”, manifestaron.
La Junta de Buen Gobierno, menciona que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en su lucha por la vida no para hacer algún daño, “pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios”.
El Frayba subraya que el despojo, hostigamiento, amenazas y vigilancia hacia la comunidad Nuevo San Gregorio comenzaron desde finales de 2019, “hoy día los habitantes se han quedado sin la posibilidad de cosechar el maíz que habían sembrado”.
Afirma que el grupo de los 40 han efectuado cortes de árboles maderables y frutales en los terrenos recuperados en 1994. “De las 155 hectáreas sólo 10 están en manos de la comunidad minando el desarrollo de su autonomía política, alimentaria y el derecho a la propiedad territorial colectiva”.
Refiere que esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno.
Por lo que urgió al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.