La historia reciente de la violencia en Oxchuc responde a asuntos electorales que no se atendieron, a cacicazgos políticos que se toleraron y que ahora transmutan a una crisis social que tiene efectos más allá del municipio Tzeltal.

En 2015 irrumpe la oposición al cacicazgo local de más de una década de María Gloria Sánchez y su esposo Nolberto Sántiz quienes detentaban la presidencia municipal. Incluso simularon un divorcio para seguir contendiendo por la alcaldía.

Por un lado, el cacicazgo buscaba retener el control del presupuesto municipal que ronda los 200 millones de pesos anuales en participaciones. Por otro lado, más grupos sociales estaban descontentos con el manejo de los recursos y también buscaban su control.

En 2016 una batalla campal en las calles de Oxchuc -que según las crónicas duró más de tres horas- entre la policía estatal que intentaba restablecer el orden local y los pobladores que al final de cuentas la repelieron, es básica para entender las razones de la falta del estado de derecho en Oxchuc y otras zonas del estado: las protestas sociales e incluso los grupos delincuenciales tienen una amplia base popular que impediría los operativos policiacos “limpios”. Inevitablemente se derramaría sangre.

Ante el cacicazgo, la represión y la batalla campal del 2016; un grupo de pobladores pensó en una vía alterna: pelear en tribunales por la autodeterminación de los ciudadanos del municipio. Ese derecho fue reconocido por las autoridades electorales. Las cuales también se encargarían de organizar las elecciones por usos y costumbres.

Resintiendo siempre la ausencia del estado de derecho, el pueblo tzeltal de Oxchuc, Chiapas ha vivido los últimos años experimentando bloqueos carreteros para exigir el cumplimiento de demandas sociales. La fallida apuesta electoral por la vía de los usos y costumbres precisamente incrementó la ola de bloqueos.

Pero, además, el día de las elecciones, dejó un fallecido y varios lesionados en la riña que incluso comenzó con sillazos la misma hora del conteo a “mano alzada”.

Sin embargo, los agravios acumulados, el deseo de los grupos locales de controlar el presupuesto estatal y la falta de una estrategia electoral que previera un probable conflicto si no había certeza sobre el resultado, provocó la crisis que ahora el municipio padece.

¿Quién pensaría que un conteo a “mano alzada” garantizaría el reconocimiento del triunfo electoral de uno de los dos grupos que se disputan la alcaldía?

¿No se pensó en otra estrategia, por ejemplo, contabilizar los votos con boletas y urnas?

Esos bloqueos carreteros le han pasado la factura a la población local, pues provocan los enojos y la ira de los ciudadanos de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Palenque y Yajalón entre otros municipios. En Ocosingo, por ejemplo, ciudadanos se recabaron firmas para protestar por los constantes bloqueos carreteros en Oxchuc.

Del bloqueo carretero constante, en Oxchuc se pasó a la retención de turistas extranjeros y nacionales; incluso se documentaron los golpes a una turista de origen ruso; se pasó también ya al secuestro de vehículos de marcas comerciales.

Oxchuc vive ya una intensa crisis social que nada ha calmado. O quizá nadie quiso calmar pero que crece y nada la detiene. Una crisis que desnuda la falta de vías de comunicaciones en el estado, que hunde más en la pobreza al municipio, que violenta el estado de derecho y sobre todo; que se enmarca en un proceso de descomposición social que se vive en otros municipios del estado.

Tuxtla y su falta de empleo, Tapachula y sus problemas migratorios en conjunto con la falta de infraestructura urbana, San Cristóbal y la insurgencia “motoneta” que es una afrenta al turismo y la vida comunitaria, la franja fronteriza y sus complicaciones de inseguridad, crisis social en Altamirano, los desaparecidos de Pantelhó, el interminable conflicto en Venustiano Carranza, la disputa por tierras y límites entre Aldama y Chenalhó y las disputas en Tila

Sobre la situación en Oxchuc ya se expresaron los ciudadanos de Ocosingo con la recopilación de firmas pidiendo la intervención del presidente López Obrador, los organismos empresariales de la COPARMEX y la CANACO. En esas expresiones la coincidencia es unánime: que se respete el estado de derecho y se garantice el libre tránsito.

Lo increíble es que la Secretaria General de Gobierno ante la situación en Oxchuc y en otros municipios del estado, está pasiva indolente e inactiva.

La dependencia de gobierno encargada de la política interna solo se ha limitado a divulgar una posición de “llamado al diálogo”. Con esta posición, no toma en cuenta el problema esencial en la coyuntura de ese pueblo Tzotzil: la población está polarizada. Y si no existe estado de derecho, la anarquía será un aspecto que pronto se impondrá.

Oxchuc ya experimenta esa anarquía, aderezada por la falta de decisiones de una Secretaría General de Gobierno inoperante. Otro riesgo es también que esa anarquía se experimente pronto en otros municipios. Ese es el costo de tolerar cacicazgos que nacieron, crecieron y se consolidaron en los últimos años

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