Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía: Frayba

La audiencia de juicio oral para el desahogo de pruebas en el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores en el caso que se le sigue a Yonny Ronay Chacón González, preso desde hace dos años, 10 meses y 18 días por el delito de homicidio y robo, por los que fue torturado para que se declarara culpable, continuará el próximo 10 de febrero, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El organismo que tomó la defensa del joven de 21 años, por las constantes violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde que fue “privado arbitrariamente de su libertad el 13 de marzo del 2019, en un retén policíaco ubicado a la altura de La Pochota”, situado en la salida poniente de la capital del estado, pidió al Poder Judicial del Estado, “detener la fábrica de culpables de la Fiscalía General”.

“El Poder Judicial de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Chacón González”, señaló.

En un informe emitido con motivo de la audiencia, el Frayba refirió que el 6 de septiembre del 2021, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado.

“Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas”.

Destaca que el joven estudiante, sobreviviente de tortura, fue detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado, y torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió; se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”, por lo que desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 8 de Villaflores.

“La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción”.

El Frayba agregó: “La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes”.

Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos, aseguró el organismo.

Señaló que el Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.

Sin embargo, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.