Envían a penal de Chiapas al interno que habría ordenado ingresar el cuerpo del bebé Tadeo

La FGE reveló que la intención de ingresar el cuerpo del bebé al penal de San Miguel fue con la intención de desestabilizar este centro penitenciario

Paulina Gómez | El Sol de Puebla

Antonio N, el recluso que habría ordenado la introducción del cuerpo del bebé Tadeo al penal de San Miguel, en Puebla, fue llevado al Centro Federal de Readaptación del estado de Chiapas; él, junto con las dos mujeres que introdujeron el cuerpo y dos cómplices más, ya fueron vinculados a proceso. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a la par, reveló que la intención de meter el cuerpo del bebé exhumado de un panteón del Estado de México, fue crear desestabilización en el centro penitenciario de Puebla.

Nadia Carolina N, visitante frecuente que habría llevado el bebé al penal de San Miguel; los custodios Jessica N, y Gerardo N, señalados de colaborar con Nadia Carolina N; el recluso Antonio N, quien al parecer solicitó la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó; Sergio N, quien lo habría depositado en el contenedor de basura, fueron presentados el día martes por la tarde ante un juez de control.

Mediante videoconferencia, Antonio desde el Cefereso de Chiapas; Jessica, Nadia y Gerardo desde Tepexi, y Sergio desde el penal de San Miguel, escucharon cómo el agente del Ministerio Público les formuló imputación por delitos contra la ley general de la salud e infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, encubrimiento así como incumplimiento de un deber legal.

A la par, los representantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) expusieron los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación y solicitaron al juez de control de la región judicial Centro que los indiciados fueron vinculados a proceso.

Tras la intervención de la defensa particular de los detenidos y la partición de la representación social, el juez de la causa halló suficientes elementos de pruebapara suponer la participación de los acusados en los hechos que se les imputan.

Al final de la audiencia, el juez que conoció del caso dictó auto de vinculación a proceso contra los cinco presentados y ordenó que sobre ellos prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.

Por último, concedió plazo de tres meses para investigación complementaria, por lo que será a mediados de 2022 cuando el proceso legal en contra de los hoy vinculados avance a la etapa intermedia.

Más tarde, a través de un comunicado de prensa, laFiscalía General del Estado de Puebla (FGE) indicó que los ahora detenidos habrían cometido los hechos con la intención de desestabilizar el penal, descartando con lo anterior que se haya usado para introducir drogas o bien, para algún tipo de ritual esotérico, tal y como lo adelantó en una de sus videoconferencias de prensa el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Fue el 10 de enero cuando se dio a conocer el hallazgo del cadáver de un bebé de tres meses de nacido, en un contenedor de basura del penal de San Miguel.

Días después se supo que el cuerpo del pequeño presentaba una cirugía en el abdomen, además de que tenía una cinta con su nombre y apellidos, así como la clínica en la que estuvo.

Tras el pronunciamiento de activistas y el descrédito del gobernador de Puebla respecto a diversas versiones sobre el asunto, como la introducción de drogas, tráfico de órganos, entre otros, y de señalar que algunas personas sólo buscaban protagonismo al hablar sobre el tema sin tener un sustento, la familia del bebé Tadeo se comunicó con la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta.

Fue entonces que se supo que el bebé era Tadeo, un pequeño que murió por una complicación médica y cuyos padres lo sepultaron en un panteón de Iztapalapa en el Estado de México, de donde fue exhumado y trasladado a la ciudad de Puebla.

Luego de que la Fiscalía de Puebla confirmara lo anterior, los deudos hicieron los trámites correspondientes para recuperar el cuerpo del bebé y llevarlo de nueva cuenta al Estado de México, donde por segunda ocasión fue sepultado pero ahora bajo secrecía para evitar otra situación similar.

El costo de este acto, de manera inicial fue la detención de 21 personas, entre ellas el director y subdirector del penal de San Miguel, así como custodios; cuatro obtuvieron su libertad y el resto fueron vinculados a proceso y enviados a prisión.

Después, se informó la detención de dos mujeres y la implicación directa de tres hombres ya detenidos. Los cincos involucrados en la petición, traslado, ingreso, y deposito del cuerpo, ya también fueron sujetos a investigación.