¿Cumplirá AMLO con los Acuerdos de San Andrés?

Jaime Martínez Veloz

La fecha del 16 de Febrero en el año 1996 (hace casi 26 años), en el Municipio de San Andrés Larrainzar del Estado de Chiapas, nos remonta a uno de los episodios de mayor relevancia en la vida nacional, me refiero al proceso de negociación llevado a cabo en los años 1995 y 1996, entre el Gobierno Federal y el EZLN, en los Municipios de San Andrés Larrainzar y San Cristóbal de las Casas, donde las delegaciones de cada una de las partes, acordaron la definición de una agenda, que abarcaba varios temas, siendo el primero de ellos el de “Derecho y Cultura Indígena”.

El proceso de negociación y su primer producto, conocido con los años como los “Acuerdos de San Andrés Larrainzar”, fueron firmados el 16 de febrero de 1996, después de una intensa etapa de construcción de consensos, donde participaron representantes de pueblos indígenas de todo el país invitados por ambas delegaciones.

Como anécdota puedo referir, que al margen de que los representantes fueran invitados por el Gobierno o por el EZLN, todos ellos compartían un mismo diagnóstico por lo que la formulación de propuestas, conclusiones y compromisos se caracterizó por una amplia unanimidad.

Al margen de los Partidos o los intereses de cada representante, se compartían objetivos, anhelos y sueños comunes.

En los meses posteriores a la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la dificultad para que las Delegaciones del Gobierno Federal y del EZLN encontraran una fórmula consensuada, que permitiera trasladar al texto constitucional, los Acuerdos de San Andrés, las partes en conflicto, o sea el Gobierno Federal y el EZLN, le solicitaron a la Comisión de Concordia y Pacificación, la elaboración de una propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales, partiendo como base los contenidos textuales acordados por ambas delegaciones.

En ese tiempo la COCOPA estaba conformada por dos representantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, éramos miembros de cuatro partidos PAN, PRI, PRD y Partido del Trabajo. La propia conformación plural de la comisión impedía, que se pudieran introducir conceptos no pactados por las partes.

De esta manera a fines de noviembre de 1996, la COCOPA terminó la propuesta de Iniciativa de Ley, y se la turno al Gobierno Federal y al EZLN, al mismo tiempo, para su análisis y observación.

Después de ser analizada, dicha iniciativa por parte del EZLN y la Comisión de Asesores que los acompañaban, el Subcomandante Marcos, nos informó a los integrantes de la COCOPA, que si bien la Iniciativa presentada, no abarcaba el conjunto de contenidos a los que aspiraban, la aceptaban, con el ánimo de continuar con los trabajos rumbo a la paz.

Cabe mencionar, que el ánimo ente quienes conformábamos aquella Comisión Legislativa, fue de alegría y satisfacción, la parte aparentemente más radical y con quienes pensábamos habría mayores complicaciones, para acordar el texto elaborado, lo había aceptado en los mejores términos.

Pronto se esfumarían las esperanzas que albergábamos. El presidente Ernesto Zedillo, en un tono desafiante y amenazante, nos dijo, que dicha Iniciativa “balcanizaría al país”, “fragmentaría la unidad nacional” y que además la misma adolecía de técnica jurídica.

A 26 años de esos hechos, con los datos que aparecen en la Página WEB de SEMARNAT, nos encontramos con el dato sumatorio de 1994 al 2012, se entregaron mediante la vía de concesiones mineras, explotaciones forestales, energéticas y otro tipo de actividades cerca de 96 millones de hectáreas, o sea casi la mitad del país, a empresas nacionales y extranjeras.

Durante el periodo 2001-2015, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales a 2015 continuaban vigentes 19,416, las cuales abarcan una superficie de más de 36 millones de hectáreas. Sean unos o sean otros los datos, lo cierto es, que estas cifras expresan una política irresponsable, que ha generado situaciones de crisis y conflictos que han repercutido seriamente en la gobernabilidad del país.

Ante estos datos habría que preguntar, a quienes acusaban de que la Iniciativa de Ley elaborada por la COCOPA, fragmentaría a la Nación.

¿Cuál fue la “técnica jurídica” que utilizaron para entregar vía concesiones, esta parte tan grande del territorio nacional?
En el año 2001 ante una nueva ofensiva política del EZLN, que realizó una marcha exitosa y multitudinaria de Chiapas a la Ciudad de México, el presidente Vicente Fox, turno la Iniciativa de Ley, aceptada por el EZLN al Congreso de la Unión, en donde de nueva cuenta, salieron a relucir “los fantasmas de la supuesta fragmentación del país”.

Ya en el Congreso, dicha iniciativa de Ley fue desnaturalizada y las partes sustantivas de la misma, las que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos colectivos, fueron excluidas, dando como resultado el contenido actual del artículo segundo constitucional.

Pobreza ancestral en los Pueblos Indígenas

Después de más de 21 años de dicha reforma, los datos oficiales, nos dicen, que dicha estrategia aprobada no ha funcionado.
En el año del 2016 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nos informaba que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza por sector al ubicarse con el 72.3 por ciento, comparada con la media nacional (45.5), la rural (61.6) y la urbana (40.6). Los Indígenas son los pobres entre los pobres.

En las zonas indígenas la utilización de la tecnología es casi inexistente, siembran como pueden, con escasos apoyos oficiales, lo que profundiza la desigualdad y la pobreza.

El último censo agropecuario registra que solo el 4.5% de las tierras de las comunidades indígenas tienen disponibilidad de agua, solo el 13.7% utiliza tractores que en la mayoría de los casos son rentados y solo el 11.9% a fertilizantes, herbicidas o semilla mejorada.

La reforma indígena del 2001 apostó porque serían los programas sociales los que permitirían el desarrollo de los pueblos y no el ejercicio pleno de sus derechos, colectivos, hasta hoy no incorporados a plenitud en el texto constitucional.

Aparejada a dicha reforma indígena, cabe destacar con todo el apoyo de una red de funcionarios de todos los órdenes de Gobierno, la industria minera multiplicó sus ganancias y en paralelo causando un enorme estropicio al medio ambiente y a la vida comunitaria, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas como tampoco el de las arcas nacionales.

El nuevo ciclo de la economía extractivista, a escala mundial, ha impuesto una nueva lógica para atraer a la inversión extranjera que se impone violentamente para lograr la obtención de minerales en su conjunto, que remueve grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados, y que están orientados, sobre todo, para la exportación.

La minería es una actividad en la cual los países desarrollados están trasladando las consecuencias negativas de la explotación de los minerales a los países en vías de desarrollo por la falta de barreras regulatorias a la entrada de los capitales extranjeros.

Los efectos de esta política, al carecer de limitaciones para el desarrollo de sus proyectos, trastoca los territorios y agrede al conjunto de los recursos naturales: tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, y altera las formas de convivencia y de organización social.

Los reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías mineras, y el encubrimiento que los tres poderes de la Federación les prodiga, han obligado a la sociedad organizada de diversas regiones a fortalecer sus estrategias de autonomía para desarrollo de sus proyectos, trastoca los territorios y agrede al conjunto de los recursos naturales: tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, y altera las formas de convivencia y de organización social.

Convenio leonino con Canadá

El atractivo que tiene el país para la inversión minera extranjera se deriva de los múltiples apoyos que existen, así como convenios desventajosos para México; en especial, el poco gravamen a la actividad minera, sin tomar en cuenta la etapa en la que se encuentre.

México posee facilidades para la constitución de empresas provenientes del extranjero al tener acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, ya que cuenta con 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y acuerdos para evitar la doble tributación con más de 40 países.

El gobierno mexicano durante los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón, suscribió la firma con Canadá mediante decreto que pretende evitar la doble tributación, que significa implementar medidas para evitar los supuestos de doble imposición de impuesto sobre la renta internacional.

Una de las principales desventajas asociadas en la firma de este tipo de convenios es la pérdida de recaudación ya que, al definir la exclusividad de uno de los Estados para gravar determinadas rentas o compartir la tributación respecto de otras, conlleva necesariamente a un menor ingreso fiscal por la renuncia parcial a gravar en su totalidad determinado tipo de ingresos como dividendos, intereses o regalías.

En el caso particular de la minería en México, nunca antes en la historia del país se había extraído tanto oro y plata como ahora y la tendencia se hizo creciente a partir de los últimos 30 años en donde se han otorgado concesiones a empresas internacionales desde la apertura comercial formalizada con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); la extracción de oro en nuestro país es cada vez más exacerbada y las ganancias por su explotación se están sumando a las economías extranjeras ya que un gran porcentaje de lo que se explota en el país es exportado o contabilizado en otras balanzas comerciales.

Lo anterior lo hace posible una insuficiente recaudación fiscal del 7.5 por ciento a la minería y, en el caso del convenio firmado con Canadá para evitar la doble tributación, las rentas grabadas por este sector se destinan finalmente en la autoridad tributaria de ese país. Lo que implica que la actividad minera en México no sea un factor razonable en beneficio de los ingresos obtenidos por la misma.

En síntesis, podemos decir que las compañías mineras canadienses, se llevan el oro, la plata, los demás minerales y además se llevan los impuestos.

Producción minera como nunca en la historia de México

Dada a su ubicación geográfica tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.

Debido a sus riquezas naturales, México se posiciona en el ámbito mundial, en el primer lugar en la producción de plata, tercero de bismuto, quinto de plomo, noveno de oro y décimo primero de cobre.

De acuerdo con datos de la Camimex, en 2010 la participación extranjera en la minería era de 70% dejando solamente 30% de participación nacional. En la actualidad, la participación extranjera en la minería en exploración minera es del 70%.

De esta cifra, Canadá participa con el 74%, USA con el 15% y China con el 8.3%.

Canadá como el país que más ha aprovechado la tendencia privatizadora de México en el sector minero. Tan sólo como ejemplo, de las 10 minas de oro más grandes en México, siete están concesionadas a empresas de origen canadiense: Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources, con la mayor producción de oro en la mina Peñasquito, con 411,000 onzas de producción

Como ejemplo de esta bonanza, podemos afirmar que del año 1994 al año 2016 se produjeron más de 1253 toneladas de oro, más de 7 veces de las que se produjeron durante más de 300 años de la Colonia.

Es obvio que, para producir estas cantidades, se han utilizado miles de toneladas de cianuro, de explosivos y métodos de lo más bárbaro, con tal de obtener el mayor número de ganancias.

En el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derecho a la minería fue de 22,396.9 millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos que generó la explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso, dolomita

Esta riqueza concedida a los consorcios mineros privados se acompaña de exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidades de funcionarios públicos, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores, y una enorme explotación de la mano de obra, entre otras características, como en los mejores tiempos de la Colonia

Ante estos hechos nos preguntamos, ¿Si este es el camino del Progreso y Desarrollo, que reclama nuestro país y en especial la de nuestros Pueblos Indígenas?

Cabe mencionar, que un argumento, reiteradamente utilizado, por los favorecedores de estas supuestas políticas desarrollistas, es el de que los Pueblos Indígenas se oponen a la “Modernidad y el Progreso”.

Los que se han enriquecido con los recursos que les pertenecen a la Nación y a los Pueblos, los funcionarios de gobiernos y después empleados de las empresas y servicios que se privatizaron durante sus gestiones acusan sin rubor alguno, que son nuestros pueblos, los que se oponen al desarrollo.

Por el bien de la Nación, por respeto a la República y por propia conveniencia para el país, debe terminar el círculo vicioso, en donde funcionarios o legisladores durante su paso por los puestos públicos, generan las políticas que benefician a empresas privadas y nacionales y cuando terminan su responsabilidad pública, se convierten en empleados o gerentes de medio pelo, de esas mismas compañías.

Este tipo de acciones, entre otras, son las que han generado un paulatino debilitamiento del Estado Mexicano, que le impide tener la fuerza necesaria para combatir los graves flagelos que sufre la población mexicana, entre ellos el de la inseguridad y el de la pobreza.

Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas

Sin embargo, así como hay acciones que deben ser desterradas de la práctica política, cabe destacar que ha habido acciones loables y comprometidas por parte de funcionarios mexicanos.

Para el tema que el día de hoy nos ocupa podemos resaltar el hecho que la diplomacia mexicana, en el plano de la política internacional, jugó un papel destacado en la construcción de la Declaración de las Naciones Unidas en materia de Derechos Indígenas, aprobada por ese organismo el 13 de septiembre del año 2007.

La lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales y a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado; son elementos que conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos originarios, contenidos en dicha Declaración Universal.

La fortaleza de este documento de la ONU radica en que expresa los sentimientos, las demandas, los anhelos, las aspiraciones, lo sueños y los reclamos centenarios de los Pueblos Indígenas.

Cabe destacar que la reforma al artículo Primero Constitucional por parte del Poder Legislativo en al año 2011 y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que “las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”, así como la resolución de la misma Corte al “reconocer que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas” han constituido un valioso apoyo para que los Pueblos Indígenas de México, puedan tener un respaldo jurídico, que hasta hace pocos años no existía.

Junto a esto, en el marco del Informe del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal de las Naciones Unidas, México ha aceptado las observaciones, que entre otros aspectos se refieren al compromiso de fomentar una mayor participación de los Pueblos Indígenas, a través de una ley que regule sus derechos de consulta previa, libre e informada, asegurando la completa y efectiva consulta de las personas indígenas en la economía y el desarrollo de las políticas y proyectos que las afecten.

Estamos convencidos que una Ley de Consulta Indígena, deberá ser la definición del marco normativo, que le brindará certidumbre a la Nación, a los Pueblos Indígenas, al Estado Mexicano y en su caso a los posibles inversionistas o empresarios, quienes deberán reconocer que el desarrollo y el progreso deberán caminar de la mano del respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Esta ley deberá contener, las reglas básicas que permitan construir acuerdos y procesar diferencias, para que la voz de los pueblos, sus demandas, preocupaciones y puntos de vista, estén presentes en el diseño del país, al que aspiramos todos los mexicanos. Se trata de que todos ganen, no de que ganen unos cuantos a costa de que los demás pierdan.

Esta no es una tarea sencilla, existen fuertes intereses por impedir se concreten estos anhelos, por ello es necesario construir una amplia red de relaciones entre los Pueblos Indígenas y Organizaciones de la Sociedad Civil, que permitan establecer una correlación de fuerzas favorable, para el logro de este objetivo.

En medio de la noche de terror, que nuestro país vive, Los Acuerdos de San Andrés, significan una luz de esperanza y son en buena medida una alternativa para que la nación pueda construir una nueva relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado Mexicano.

La pregunta obligada en esta etapa de México es la siguiente: ¿Andrés Manuel López Obrador, tendrá la voluntad política de concretar su compromiso de campaña, de cumplir los Acuerdos de San Andrés Larrainzar?