Contra los megaproyectos como el Tren Maya se pronuncian organizaciones de Chiapas

Advirtieron que seguirán defendiendo sus tierras y territorios porque «es el patrimonio de nuestros pueblos»

En contra “de los megaproyectos de muerte como el mal llamado Tren maya, el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, entre otros, porque no respetan la vida comunitaria de los pueblos y priorizan las ganancias de empresas transnacionales”, se pronunciaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), y la agrupación Resistencia Civil Luz Fuerza del Pueblo de las regiones fronteriza y tojol-abal, la Red Nacional de Resistencia Civil.

Al concluir el Foro de la Red Nacional de Resistencia Civil, realizado en la ranchería Canalum, municipio de Comitán, se pronunciaron en contra de las “políticas del gobierno de la cuarta transformación, porque es pura simulación de las políticas neoliberales y capitalistas”.

“Por violentar los derechos más elementales de los pueblos indígenas, ya que no considera las demandas y peticiones añejas de nuestros pueblos, como es la energía eléctrica como un derecho humano”, señalaron en un documento conjunto.

Rechazaron el decreto emitido el 22 de noviembre del 2021 en el que se consideran de interés público y seguridad nacional los proyectos estratégicos, “por vulnerar nuestras tierras y territorios”.

“Como pueblos organizados en resistencia sabemos que el cambio verdadero reside en los pueblos organizados como nosotros y no puede venir desde arriba, sino construirlo desde abajo y muy a la izquierda”, por lo que advirtieron que seguirán “defendiendo nuestras tierras y territorio, los bienes naturales porque es el patrimonio de nuestros pueblos”.

Exigieron “verdad y justicia para Samir Flores Soberanes”, al tiempo que manifestaron su solidaridad con la casa de los pueblos Altepelmecalli, ubicada en el estado de Puebla, “frente al despojo del mal gobierno en complicidad con la trasnacional Bonafont-Danone”.

Asimismo, demandaron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996 en el tema derechos y cultura indígenas, como condición para el pago justo del consumo de la energía eléctrica”.