Ninguno de los dos grupos enfrentados garantiza la estabilidad y la paz social
En el pueblo de orígenes tzeltal y tojolobal, claman por una tercera vía para pacificarlo
Se teme por la vida de 48 secuestrados
Altamirano es un ejemplo para Chiapas en muchos sentidos.
Pero un mal ejemplo!!
Suelta con una sonrisa entre nerviosa e irónica un diputado local que clama porque no salga su nombre en esta crónica-reportaje,
En ese municipio en el que la pobreza es extrema -recalca el legislador- se observa de todo, pérdida de los valores de la vida comunitaria, niveles de alcoholismo inusitado, venta de drogas, alianzas entre cacicazgos, enfrentamientos entre los pueblos originarios y falta de inversión pública.
Lo trágico es que todo ello tiene al municipio y sus habitantes casi al borde de la guerra civil. Prácticamente ya la confrontación es todos contra todos.
Otro diputado consultado dice: Nos preocupa que en el municipio tarde o temprano estalle una especie de guerra civil porque ninguno de los dos grupos enfrentados cede en sus exigencias, porque ademas -y esto hay que recalcarlo me insisten- los dos grupos están armados.
Cual es la situación actual les pregunto:
Es de cuidado, de un riesgo de confrontación a fuego cruzado latente porque las posiciones ya son irreconciliables. Eso es lo que lamentablemente ocurre, sostienen.
La cabecera municipal confirman, está resguardada por un grupo, el de los simpatizantes del actual concejo municipal. Son los que se dicen “el bando bueno” y son dirigidos por el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. Lo cierto es que tienen armas de alto poder.
Los diputados recuerdan que Montoya Oceguera estuvo privado de su libertad acusado del secuestro de la ambientalista y ex secretaria nacional del medio ambiente Julia Carabias.
Ese grupo de Gabriel Montoya, precisan- está apostado en las dos entradas principales de la cabecera municipal; una de ellas es que va al crucero Cuxuljá y el otro sobre la carretera hacia Comitán a unos metros de la Compañía de Infantería no Encuadrada (CINE) del Ejército Mexicano.
Además de “resguardar” la cabecera municipal, una de sus acciones ha sido despojar a cinco familias de sus casas. Esas familias están desplazadas y en lo que fue el hogar que habitaban, luce la leyenda de “Casa Recuperada”, señalaron las fuentes.
El otro grupo -continúan- el de los ex alcaldes, ex caciques políticos locales ex esposos formalmente, pero pareja sentimental, de Roberto Pinto Kanter y Gabriela Roque Tipacamú, apadrinados por el senador Eduardo Ramírez Aguilar.
Ese grupo a pesar de ser sustituido por el actual concejo municipal, me afirman los integrantes del concejo municipal, es respaldado por el Ayuntamiento del vecino municipio de Las Margaritas y tienen su base en la comunidad La Candelaria.
Roberto Pinto Kanter -señalan- hizo alianzas con Vladimir Hernández, actual presidente municipal de Las Margaritas. La alianza es importante mencionarla porque el grupo de Vladimir Hernández derrotó en las elecciones pasadas a Jorge Luis Escandón Hernández; de triste memoria para los ciudadanos de su municipio -recuerdan- porque fue arrastrado amarrado a un camión a la mitad de su gestión.
El grupo Pinto-Roque ha sido el protagonista de 28 secuestros. Lo mismo de campesinos que apoyan al grupo contrario, que de trabajadores de compañías nacionales que surten de productos a la zona.
De que privilegios gozan? porque se les permite la impunidad para secuestrar? se preguntan los diputados consultados, y se contestan con sorna: porque también se les permitió gobernar con impunidad y eso por supuesto que los hizo acumular riquezas.
Para entender la situación actual -me dicen- veamos el origen de este conflicto. Todo inicia con el secuestro de Roberto Pinto Kanter el último día de su gestión como presidente municipal.
Al otro día del secuestro, Pinto Kanter entregaba el poder municipal a su ex esposa. La idea de privarlo de su libertad era evitar precisamente esa entrega de poder.
Al no obtener su libertad, bajo presiones, Gabriela Roque renunció al cargo de alcaldesa y en su lugar se nombró un consejo municipal que es el que ahora gobierna al municipio y es apoyado ese consejo por el grupo de Gabriel Montoya.
Sin embargo el conflicto lejos de culminar, se intensificó. La dupla Pinto-Roque no claudicó, no lo hizo porque tiene el apoyo de la gente de Las Margaritas y porque por algo extraño motivo, no se les aplicó ni se les aplica la ley.
Ahora mismo -lamentan funcionarios y diputados consultados,- el dialogo entre los grupos está definidamente cancelado. Prácticamente es imposible ahora e incluso en el futuro.
Se necesita otra vía para lograr que en Altamirano no estalle una especie de guerra civil me afirman.
La solución es que el gobierno del estado encabece los esfuerzos para encontrar una estrategia que permita el desarme de los dos grupos, aplicarles el estado de derecho absolutamente a todos pues los infractores de la ley tienen que dar cuentas a la justicia afirman enfáticos.
Y es que hay formas de hacerlo sostienen. Esto porque hay grupos y organizaciones sociales que pueden significar una tercera opción para el municipio y sus habitantes.
Hay muchos ya dispuestos a apoyar una tercera opción dicen convencidos. Esto porque están hartos de los dos grupos y porque temen que los enfrentamientos entre ellos ocurran tarde o temprano.
Falta voluntad entre nuestras autoridades dicen. pero debemos aplicar la ley primero. la impunidad es lo que provocó la situación actual. Mucha gente en Altamirano dice ya no más.