En Chiapas circulan alrededor de 20,000 mototaxis de forma irregular en por lo menos 77 municipios. En San Fernando, líderes de organizaciones ligados familiarmente con el presidente municipal tienen acaparado este servicio de transporte que genera anualmente más de 26 millones de pesos.
Yuriria Montenegro/El Economista
* Este reportaje fue producido durante la Maestría en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, un posgrado en línea dirigido a periodistas que desean fortalecer su formación profesional con investigaciones a profundidad o de largo aliento.
Desde las siete de la mañana, don Israel López, de 40 años, maneja un mototaxi y moviliza a decenas de personas por todo San Fernando. Este es un municipio situado a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de calles largas, estrechas y empinadas.
De piel bronceada, cuerpo robusto y mirada cansada, Israel tiene jornadas laborales de casi 15 horas y al final del día debe pagar en promedio 200 pesos al dueño del mototaxi.
Él sabe que si no tuviera que pagar por la renta de ese vehículo le quedarían más ganancias, pero para él —con poco poder adquisitivo— comprar un vehículo de ese tipo y ponerlo a trabajar por su cuenta propia es casi una misión imposible. El sector está prácticamente monopolizado.
Con poco más de 41,000 habitantes, San Fernando aloja colonias distantes de la cabecera municipal. Ahí es donde se encuentra el centro del comercio, muy cerca del Mercado Municipal San Fernando, donde el sonido de los motores de las motocicletas forma parte de la vida cotidiana.
Para los habitantes que viven en colonias alejadas, tomar un colectivo o un mototaxi es la opción idónea para acercarse al epicentro comercial. Los colectivos únicamente pasan por las calles principales y cobran siete pesos, mientras que los mototaxis cobran desde 10 pesos y sus tarifas aumentan dependiendo del número de personas que viajan a bordo. Esta es la opción que mucha gente escoge por ser la más rápida y tener mayor facilidad para meterse por veredas de terracería.
Irregulares que quieren regularse
Los mototaxis operan en la irregularidad, ya que estos vehículos eran ilegales según la Ley de Transportes del Estado de Chiapas que quedó sin efecto el año pasado. Sin embargo, en Chiapas circulan alrededor de 20,000 unidades, de acuerdo con el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, durante su comparecencia ante el Congreso en el año 2019.
En San Fernando los operadores de mototaxis son ruleteros, es decir, no cuentan con terminales y en abril de 2021 había 135 unidades prestando el servicio de transporte, meses después el número aumentó a 236.
Debido a la naturaleza de su operatividad, no hay información pública que revele la cantidad exacta de mototaxis que prestan el servicio de transporte en Chiapas. Según datos obtenidos por transparencia, 7,902 personas originarias de 77 municipios de Chiapas demandan un permiso legal para operar sus mototaxis. A la cabeza se encuentra Villaflores, con 966 solicitudes; mientras que en San Fernando se tiene registro de solo cuatro solicitudes.
Cacicazgo
En San Fernando operan cinco organizaciones de mototaxistas: Sociedad de Mototaxis de San Fernando Coicaso, fundada por Néptar Palacios Hernández y dirigida por su yerno, Jorge Gómez; Sociedad Cooperativa Transportes Dorados de Villa Allende, liderada por Juan Sarmiento; Mototransportes Águilas de Chiapas, encabezado por Eliud; Motoclub Los Rebeldes, comandado por Jorge Jiménez y la Unión de Mototaxis Organizados Los Nopales, dirigida por Milner Hernández Prado.
La primera organización que se formó hace tres años e inició operaciones es Coicaso, fundada por Néptar Palacios Hernández, un líder social campesino y el presidente de la Coalición de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Sindicatos de Obreros del Estado de Chiapas (Coicaso). El esposo de su hija Miriam Palacios, Jorge Jiménez, es quien funge hasta ahora como el presidente de dicha asociación que según él agrupaba en abril de 2021 a 41 mototaxis.
Palacios Hernández también es concuño de Juan Antonio Castillejos Castellanos, presidente municipal de San Fernando. Su hermano, Joaquín Palacios, es el esposo de la hermana de Juan Antonio, Carmen Castillejos Castellanos.
Juan Antonio Castillejos ha ocupado la silla presidencial de San Fernando en al menos cuatro ocasiones (2002-2004; 2011-2012; 2012-2015 y 2018-2021). Su hermana, padre, abuelo, así como otros familiares también forman parte de la cronología de presidentes municipales.
Castillejos siempre ha mantenido una relación con el transporte. Fue nombrado subsecretario de Transportes en 2009 durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero, además de ser socio en una sociedad transportista que opera y presta el servicio de transporte en Tuxtla Gutiérrez: Sociedad Cooperativa de Transporte Acalan, S. C. L.
A Juan Antonio Castillejos se le solicitó una entrevista para este reportaje en dos ocasiones pero nunca respondió.
Esta forma de operar el servicio de transporte en la modalidad de mototaxi es susceptible al acaparamiento del negocio, monopolio, crecimiento desmedido de unidades, así como a la falta de seguridad para choferes y usuarios.
Durante su comparecencia emitida en diciembre de 2020, el secretario de Transporte, Aquiles Espinosa García, dijo: “Es verdad que existen personas que tienen el usufructo de varias unidades, pero es verdad que lo hacen de dos modos: en el sistema informático de la Secretaría no puede haber una persona con dos concesiones porque el sistema lo rechaza ¿Cómo lo hacen? Son inteligentes: crean su cooperativa y ahí incluyen a todos sus familiares. Por eso en la práctica es una sola persona quien tiene varias concesiones. Otros rentan las placas, esa es una práctica prohibida, pero lo hacen”.
Aunque esta práctica no constituye un delito es la manera en la que se forman los “pulpos” del transporte, es decir, personas que cobran por varias concesiones, permisos o como en este caso, por varias unidades de mototaxi.
Líderes de organizaciones, “Los Pulpos”
Jorge Jiménez trabajó como chofer durante dos años en la organización Coicaso hasta que un día quiso comprar su propio vehículo e ingresarlo al grupo donde trabajaba, pero no se lo permitieron.
“Él [Néptar Palacios] según lo hizo para apoyar al pueblo, pero no era para apoyar al pueblo sino para estafar a los choferes porque ni apoyó al pueblo, a los chavos de aquí, se había quedado a un acuerdo con él, que los choferes que más aguantaran se les iba a dar una posibilidad de meter una mototaxi, ideay pero a la hora cuando agarró fama el grupo metió la mayoría de los socios puros de dinero”, narró.
También dijo que de los mototaxis que agrupa la organización Coicaso, al menos 14 pertenecen al fundador, Néptar Palacios.
Para que en el empadronamiento con el que cuenta la SMyT no se refleje este hecho, se registraron las unidades con los nombres de familiares cercanos a Palacios.
“Si usted revisa las placas de los mototaxis, ninguno está a nombre mío”, reviró Néptar Palacios al solicitarle su posición al respecto para este reportaje.
“Es bien astuto porque en Coordinación [Secretaría de Transporte] fueron ellos y cada dueño debe tener solo una moto y él lo va a andar la moto porque aquí no debe haber patrón (…) si yo lo llevé a empadronar la moto allá en la galera de don Néptar, sé qué papeles se metieron por eso yo lo sé, ideay pero ellos la agarraron de negocio pué porque él tiene dinero pué, ahora un chingo de moto”, señaló Jiménez.
También Israel, de 40 años de edad y chofer mototaxista desde hace dos años, quiso ingresar un vehículo a la organización Coicaso junto a otros compañeros, pero tampoco se los permitieron.
“Le busqué por dos, tres lados, pero los líderes me dijeron que no. Me cerraron las puertas, que porque ya son muchos, que llegaron hasta un aproximado de tantas unidades y hasta ahí nomás, y ahora ¿qué pasó? Los dueños, los líderes siguieron metiendo. Yo digo ¿por qué quieren sólo para su beneficio de ellos y a uno no nos quieren dar la oportunidad?”, comentó Israel.
El líder de la organización Mototransportes Águilas de Chiapas, Eliud, también fue señalado por un ex socio y chofer —quien solicitó el anonimato— de tener el usufructo de cinco mototaxis. Además, él les pedía dinero ante situaciones diversas, por lo que decidió abandonar el grupo.
“Él estaba cobrando un dinero, nosotros lo apoyamos porque le habían quitado una moto en Coordinación [Secretaría de Transporte], yo de mi parte lo apoyé como con 7,000 pesos y ya luego quería que lo apoyáramos más, por eso dijimos que mucho ya, es mucho dinero”, narró el chofer de 38 años de edad.
Tanto Néptar como Eliud negaron cobrar por varias unidades de mototaxis.
Falta de transparencia
Tanto Juan Sarmiento, líder de la Sociedad Cooperativa Transportes Dorados de Villa Allende, como Jorge Gómez, presidente de la Sociedad de Mototaxis de San Fernando Coicaso, indicaron que cuentan con minutas de trabajo firmadas por altos mandos de la SMyT, así como un empadronamiento que los obliga a cumplir con los requisitos que se solicitan para un permiso, aunque no lo tengan.
Algunos de los requisitos que interpone la Secretaría de Movilidad y Transporte para quienes solicitan expedir un permiso son: No ser titular de otra concesión, contar con licencia de chofer, constancia de residencia, cartas de recomendación, certificado médico expedido por una institución oficial, constancia de no antecedentes penales, constancia de estudios, acreditar quince años de antigüedad como chofer como mínimo.
Además, se les pide pagar un seguro de viajero por cada unidad de mototaxi, según Gómez y Sarmiento.
Las minutas de acuerdo fueron requeridas a la Secretaría de Movilidad y Transporte vía Transparencia, pero la dependencia declaró la inexistencia de esos documentos.
Por su parte, el secretario de Transporte, Aquiles Espinosa, reconoció su existencia en una entrevista: “Lo que existen son algunos convenios, pero son convenios no para que la autoridad los tolere, sino para tratar de evitar que crezcan desmesuradamente, entonces se firman convenios entre los grupos y la Secretaría los promovía para que los propios grupos se pusieran de acuerdo entre sí en un número cada uno, con un número global… la idea era contenerlos”.
Cuando Jorge Gómez habló de la firma de estas minutas de acuerdos, dijo que formalizaron el empadronamiento de 82 unidades de mototaxis con la Secretaría de Transporte, se les advirtió que no podían ingresar más unidades a sus grupos y que únicamente esa cantidad de vehículos estaría permitida para operar en San Fernando.
En abril de este año 2021, 135 mototaxis circulaban en la cabecera municipal y meses después esa cantidad aumentó a 236, es decir, incrementó en más del 50%.
Servicio millonario
San Fernando cuenta con 41,793 habitantes, de acuerdo con DataMéxico. De su población, 49.2% vive en pobreza moderada y 19.1 en pobreza extrema.
En ese contexto, el servicio de transporte que se presta mediante los mototaxis genera alrededor de 2 millones 227,500 pesos al mes de acuerdo con un censo realizado para este reportaje.
Para dar cuenta de la importancia económica que tiene este servicio en San Fernando, tan solo en el primer trimestre de 2019 el Ayuntamiento reportó ingresos propios por concepto de recaudación la cantidad de 2 millones 324,467.24 pesos.
Cada mototaxista en San Fernando moviliza a alrededor de 60 personas diariamente, realizando en promedio 30 viajes.
En Berriozábal, un municipio colindante, los mototaxis realizan 9,372 viajes diarios, según el Diagnóstico de la Movilidad Urbana realizado por el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Falta de regulación
Aunque la figura del “mototaxi” no se contemplaba en la Ley en materia de transporte, estas unidades circulan en por lo menos 77 municipios de Chiapas.
Aquiles Espinosa mencionó durante una comparecencia en 2019 que pese a que hay una sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no permitir la circulación de mototaxis por ser inseguros, es materialmente imposible para la Secretaría retirarlos a todos.
“Como son irregulares y no tenemos control sobre ellos, a veces salen a las carreteras, pero hay una realidad: es muy difícil decir que vamos a retirar a todos los mototaxis. Eso no se puede. En Ocozocoautla tendríamos que llevar al Ejército”, dijo.
El 28 de octubre de 2020 entró en vigor una nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, en la que ya se considera expedir permisos para este tipo de unidades.
Ello significa que los aproximadamente 20,000 mototaxistas que operan en Chiapas tendrían acceso a un permiso legal para prestar el servicio de transporte, lo que les daría certeza jurídica.
El artículo octavo de la nueva ley dice que “en los municipios en los que a la fecha de publicación de la presente Ley existan vehículos denominados mototaxis prestando el servicio público de pasajeros, la Secretaría con base en el estudio técnico de factibilidad concederá permisos para su circulación exclusivamente a aquellos que se encuentren operando con una antigüedad mínima de tres años y cumplan los requisitos señalados en esta Ley y demás ordenamientos aplicables”.
Para sustentar la aprobación de esta normativa, el ex presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado de Chiapas, Maya De León Villard, razonó que se trata de una “demanda histórica de los sectores del transporte”.
Dijo que con esta ley se materializan esas demandas, ya que se otorgarán concesiones y en ese procedimiento participará un comité consultivo en materia de transporte público que incluyen representantes de las secretarías General de Gobierno, de Economía, del Trabajo, de Turismo, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión de Movilidad del propio Congreso, un representante de los colegios de Notarios, de Arquitectos, de Ingenieros Civiles de Chiapas, las cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción, Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y los presidentes municipales de cada municipio.
La nueva ley responde a una recomendación federal y a una armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, indicó Joseliny Omar Díaz Torres, arquitecto especializado en urbanismo.
Para Torres, cuando esta ley baja al Congreso de Chiapas en medio de la pandemia, se eliminaron todos los derechos de movilidad y en realidad solo obedece a intereses de los gremios transportistas, no a un plan de movilidad, “si tú revisas esta ley, en realidad es de transporte, no es de movilidad, desde ahí está el problema porque no está completa”.
Sin embargo, considera que la regularización tiene una parte positiva porque permite vigilar el cumplimiento de normas, reglas y los estándares de calidad.
“Me parece que esta regularización, para Chiapas, no viene desde donde debería de venir. De entrada, viene de una Ley de Movilidad que no es una como tal. Esta ha sido revisada por varios activistas y han coincidido en que no hay nada de movilidad en esta ley, solo es un instrumento para regularizar el transporte. La movilidad no solo implica el transporte público”, mencionó.
A decir del presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borrás, esta nueva Ley se realizó a modo para beneficiar a las amistades del secretario Aquiles Espinosa.
“Con relación a la ley quiero comentarle que fue hecho a modo a fin de que pudiera tener todos los actos discrecionales por demás exagerados para el propio secretario, incluso se dio facultades que ni el propio señor gobernador tiene con el propósito de que él pueda otorgar concesiones, pueda otorgar permisos sin consulta”, puntualizó.
Se contactó en reiteradas ocasiones al ex diputado Maya De León, quien presentó esta iniciativa, pero este rechazó hablar sobre el tema.
Ecotaxis, estrategia fallida
Aunque la nueva ley permite que mototaxistas con más de tres años de antigüedad tengan un permiso con una vigencia de un año, hasta el momento no se ha expedido ninguno, por lo que se trata de letra muerta.
La intención no es regular el transporte en la modalidad de mototaxi para garantizar la calidad en el servicio. Todo lo contrario: el objetivo es retirarlos poco a poco.
El secretario de Transporte dijo: “Nosotros pensamos en una forma inteligente de irlos retirando, vamos a reconocerlos en la Ley en un transitorio, les vamos a dar su permiso a los mototaxis existentes, pero cuando termine la vida útil del mototaxi, nosotros ya no les vamos a refrendar, lo que vamos a hacer es decirles a los permisionarios que compren una nueva unidad, pero no de mototaxi, sino de ecotaxi y de ese modo vamos a cambiar la modalidad, vamos a ir quitando las motos y vamos a ir metiendo las ecotaxi porque nos permite un mayor control, esas tienen menor potencia, no salen a las carreteras y eso es causa de accidentes”.
De acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte, un ecotaxi es “el servicio que se presta en vehículos impulsados por sistema eléctrico especialmente adaptados para el transporte de personas con capacidad hasta para dos usuarios”.
Ningún mototaxi que circula en San Fernando funciona bajo un sistema eléctrico, y aunque es posible adaptar los vehículos, resultaría tan caro que solo los dueños con mayor poder adquisitivo podrían hacerlo.
“En San Fernando un ecotaxi nunca va a subir, ¿entonces qué va a pasar? que las vamos a retirar y vamos a ir librando a las ciudades de ese transporte”, dijo el secretario.
Para Isaías, un chofer de la organización “Dorados de Villa Allende”, un accidente sería lo más preocupante, “desde mi punto de vista serían más peligrosas [mototaxis eléctricas]… para empezar, las subidas y bajadas, donde haga un corto eléctrico y se queda la moto, en cambio estas como quiera las enciendes y sigue el proceso”.
La regularización de la operatividad de los mototaxis y del control que ejercen los líderes de organizaciones todavía no es una realidad y se trata de un servicio de transporte que moviliza a miles de personas diariamente por todo San Fernando.
Mientras tanto, en este fango de irregularidades, unas cuantas personas se siguen beneficiando económicamente de un servicio público que genera más de 26 millones de pesos anuales en San Fernando.
Texto original en: eleconomista.com.mx