Las cuatro mujeres fueron detenidas y encarceladas injustamente en la gestión de Llaven Abarca
La FGE deberá de emitir una disculpa pública, así como la reparación del daño
Los derechos humanos de cuatro mujeres Tzotziles fueron violados por la Fiscalía General de Chiapas, que las detuvo siendo fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, en San Cristobal de las Casas por trata de personas sin justificación y las mantuvo privadas de su libertad sin poder ver a sus hijos.
Así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que este viernes emitió la recomendación 51/2022, dirigida al fiscal general, Olaf Gómez Hernández.
Tras la investigación de la desaparición del menor Dylan Esaú, la Fiscalía detuvo a las mujeres en la casa que rentaban en San Cristóbal de las Casas, donde vivían con sus hijos y fueron consideradas como sospechosas del delito de trata.
“Con motivo de la búsqueda del menor de 2 años de edad, el 16 de julio de 2020, un agente de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía Antisecuestro, efectuó una visita en el domicilio particular, al rendir su informe policial a la Fiscal del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, señaló que en la casa, se encontraban varios niños, niñas y adolescentes, por lo que se pudiera estar cometiendo un delito en su agravio, circunstancia por el que la autoridad ministerial dio vista a la Fiscalía contra la Trata de Personas, la cual inició la Carpeta de investigación por la posible comisión del delito de trata de personas, en contra de quién o quiénes resultaran responsables”.
Luego de una diligencia de cateo, donde se localizaron 23 niños, niñas y adolescentes, hijos de las cuatro mujeres, se les privó de su libertad durante cinco meses, tiempo en el que fue vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, además sus hijos recibieron una alimentación fuera de su régimen y ellas no pudieron continuar su trabajo artesanal, señaló el organismo.
La CNDH tomó acción luego de que las mujeres argumentaron que los niños encontrados en ese domicilio eran sus hijos y ellas eran artesanas.
La investigación determinó que el personal de la FGE debió actuar desde una perspectiva intercultural.
Lo anterior para advertir que estas familias vivían en un mismo domicilio acorde a sus usos y costumbres, antes de aprehenderlas.
Por todo lo anterior, la CNDH, solicitó que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se localice a las cuatro mujeres víctimas, así como a sus familiares que acrediten tener derecho para que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
Asimismo, se les brinde la reparación integral por las violaciones a los derechos humanos señaladas en la recomendación la cual deberá incluir una compensación justa y suficiente, y proporcional a los daños causados.
La FGE deberá de realizar un acto de disculpa pública ante las víctimas y sus familiares, y reconocimiento de la responsabilidad de la institución que muestre una visión justa y moral a las víctimas por los hechos que les causaron las violaciones a sus derechos humanos, que les permita tener confianza en un futuro con esperanza.
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