Manu Ureste y Arturo Ángel.- Animal Político
En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos que debieron invertirse en seguridad, empoderamiento de las mujeres y apoyo a los más pobres. ¿Cómo? La operación incluyó empresas de traslado de valores, cheques y una red de compañías fantasma.
El primer paso fue emitir facturas millonarias a empresas que no tenían infraestructura ni la capacidad para hacer servicios, cuyos dueños son empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos; posiblemente, se trata de prestanombres.
Estas compañías, que ya fueron declaradas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), triangularon el dinero público de hasta tres dependencias del Ejecutivo chiapaneco a otras empresas fantasma, que, a su vez, fueron sacando el dinero en efectivo, se presume en complicidad con empresas de traslado de valores y en cheques para desaparecerlo.
Así lo pudo documentar Animal Políticocon datos de una investigación federal de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), y documentos conseguidos por transparencia.
Para la publicación de este reportaje se buscó a Manuel Velasco. Aunque no quiso conceder una entrevista, el hoy senador del Partido Verde respondió mediante un breve escrito —que se muestra íntegro a continuación— que los titulares de las secretarías eran los encargados de hacer las contrataciones en sus respectivas dependencias, no él.
No obstante, el senador dijo estar dispuesto a “aportar información cuando así lo soliciten las instancias correspondientes”.
Esta no es la primera vez que una investigación periodística revela presuntos desvíos millonarios durante la administración de Velasco. Este medio publicó en junio de 2019 otro presunto desfalco por 685 millones de pesos, que en 2016 acabaron también en una red de empresas fantasma.
Pero en ese caso, así como en otros como Las Empresas Fantasma de Veracruz o La Estafa Maestra, la pista del dinero se perdía cuando ingresaba en las cuentas de las compañías. En cambio, ahora, la investigación realizada por autoridades federales revela un paso más en el modus operandi que utilizaron para desaparecer el recurso en Chiapas.
Primero, en 2018, el último año de Velasco, tres dependencias estatales, las secretarías de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer, pagaron facturas millonarias a favor de tres empresas fachada.
Según la investigación federal, tan solo Comercializadora TGZ, SA de CV, recibió ese año 813 millones de pesos. De ese monto, 456 millones provenían de la Secretaría de Seguridad chiapaneca; 259 millones, de la Secretaría de Desarrollo Social, y 97 millones, de la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer.
Además, la Secretaría de Desarrollo Social benefició con otros 174 millones a Comercial Abastecedora Chloe, SA de CV, y transfirió otros 174 millones a Conseil D’affaires Belayage, SA de CV, aunque Animal Político pudo constatar que, en realidad, esta empresa recibió mucho más dinero.
Al momento de recibir los recursos públicos, las empresas estaban legalmente constituidas. Sin embargo, la investigación del SAT demostró que nunca contaron con la infraestructura humana ni material necesaria para realizar los servicios.
Estas compañías triangularon el dinero del erario chiapaneco a otras empresas fantasma, que fueron las encargadas de sacar el recurso.
Por ejemplo, de los 813 millones que recibió Comercializadora TGZ, esta empresa fantasma se quedó con 69 millones por no hacer ningún servicio, y transfirió los restantes 744 millones a otras cinco sociedades fachada.
Una de esas sociedades es Arrendamientos Paragran, que obtuvo 325 millones. Esta compañía, a su vez, entregó el dinero a Cometra, una empresa de seguridad y de traslado de dinero en efectivo. A partir de este punto, las autoridades federales perdieron el rastro del recurso público.
Las compañías fantasma Publicidad y Servicios EMAI, SA de CV, y Maquinaria Industrial y Comercial Villanueva, SA de CV, recibieron de Comercializadora TGZ otros 419 millones de pesos que sacaron mediante múltiples retiros en efectivo de ventanilla bancaria y por medio de cheques para convertir también el dinero en efectivo.
Mientras, la sociedad fachada Conseil D’affaires Belayage envió directamente los 174 millones que obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Social a Global Gesori, otra compañía de seguridad y de traslado de valores.
Esta empresa estuvo involucrada en otros casos de presunta corrupción, como cuando en junio de 2018, a días de la elección presidencial, dos de sus empleados fueron detenidos cuando transportaban en una camioneta blindada a la sede del PRI una maleta con 20 millones de pesos de origen desconocido.
Animal Político buscó a Cometra y a Global Gesori para solicitarles una entrevista, pero no respondieron a las solicitudes.
Por otra parte, este medio rastreó en el Registro Público de Comercio las empresas fantasma identificadas por las autoridades federales en su investigación, y comprobó que, en efecto, se trata de una red, pues comparten un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, quien al ser localizado en una colonia al sur de la Ciudad de México por los reporteros dijo que solo fue “contratado por unos señores de Oaxaca” para liquidar las compañías. Esto sucedió los días 19 y 20 de junio de 2020, cuando las empresas fachada fueron disueltas casi simultáneamente.
En los documentos consultados puede constatarse que, a pesar de haber recibido más de mil millones del erario chiapaneco en 2018, estas empresas fantasma dijeron que la disolución se debió a que estaban en crisis económica por falta de ingresos. Lo anterior probaría que, en efecto, el recurso público entró y salió de estas empresas con destino desconocido.
Al margen de la investigación de autoridades federales de Hacienda y la FGR, este medio realizó múltiples solicitudes de transparencia al SAT y al gobierno de Chiapas, en las que se pidió conocer los pagos realizados a la red de empresas fachada identificada en las pesquisas federales.
Las respuestas arrojaron varios hallazgos. El primero es que Conseil D’affaires Belayage, que la investigación federal identificó que había recibido 174 millones de la Secretaría de Desarrollo Social en 2018, en realidad ese año recibió mucho más dinero: hasta 420 millones.
No solo eso: recibió esa cantidad en tan solo un mes, en septiembre de 2018, justo en el breve periodo entre que Manuel Velasco pidió licencia como gobernador, el 24 de agosto, y su repentina vuelta el 4 de septiembre para sustituirse a sí mismo antes de dejar definitivamente el cargo dos meses después, en diciembre.
De hecho, esta razón social recibió cientos de millones en apenas tres días: uno antes del regreso de Velasco, el día del regreso y el día después.
De acuerdo con los datos entregados por el SAT vía transparencia, esta empresa fachada obtuvo el 3 de septiembre cuatro transferencias por más de 35 millones de pesos.
Al día siguiente, el 4, hubo otras cuatro transferencias por 37 millones 613 mil pesos; las cuatro fueron exactamente por el mismo monto de dinero: 9 millones 403 mil pesos. Y el 5 de septiembre, recibió hasta 15 transferencias por 287 millones de pesos, es decir, 12 millones por hora.
Posteriormente, entre el 21 y el 24 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Social transfirió a esta misma empresa fantasma otros 60 millones divididos en tres transferencias con montos casi idénticos.
El SAT precisó que los montos revelados vía transparencia son apenas parciales, dado que hay una mayor cantidad de pagos realizados tanto en 2018 como en otros años, pero la información de cada factura emitida continuaba siendo procesada al momento en que se publica este reportaje.
En otra solicitud, Animal Político preguntó a la Secretaría de Desarrollo Social —cuya denominación cambió a Secretaría de Bienestar en la actual administración de Rutilio Escandón— cuál fue el monto total de recursos que entregó a Conseil D’affaires Belayage entre 2012 y 2018, así como la cantidad de dinero entregado a otra empresa fantasma, Comercial Abastecedora Chloe.
Para no entregar esa información, la Secretaría de Desarrollo Social se limitó a señalar en su respuesta que sus contrataciones están disponibles en su página web. Sin embargo, tras una revisión, este medio no localizó ningún contrato con dichas empresas fraudulentas.
Ahora bien, Desarrollo Social no fue la única dependencia estatal que no entregó la información. Animal Político preguntó a la Secretaría de Seguridad chiapaneca por los contratos otorgados a Comercializadora TGZ, misma que, según las indagatorias federales, obtuvo hasta 456 millones de esta dependencia, tan solo en 2018.
En su respuesta, la dependencia aseguró que no tenía contrato alguno con esta sociedad fantasma, por lo que no entregó la información, aun cuando el SAT sí tiene registradas las transferencias millonarias. Incluso, en la información transparentada parcialmente por el SAT, se confirman múltiples pagos que la Secretaría de Seguridad negó en su respuesta.
Al respecto, este medio también solicitó una entrevista al actual gobierno de Chiapas, para preguntar por qué esta dependencia opacó la información, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Por otra parte, por medio de más solicitudes de transparencia, Animal Político documentó que la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer —hoy Secretaría de Igualdad de Género— entregó al menos 85 millones 661 mil pesos a Comercializadora TGZ.
Según la respuesta de la dependencia, la mayor parte de ese recurso, 81 millones, se lo entregó también en 2018, el último año de Velasco. Supuestamente, esos millones fueron invertidos en la “adquisición de despensas”.
La Secretaría de Empoderamiento de la Mujer es reincidente en el presunto desvío de recursos públicos. En junio de 2019, Animal Político publicó el especial “La ASF perdonó a Manuel Velasco desvíos millonarios”, en el que documentó que dicha secretaría adjudicó en 2016 casi 700 millones de pesos a una red de empresas fantasma.
Como parte del programa social Bienestar de Corazón a Corazón, dichas compañías fraudulentas debían realizar eventos y proveer servicios, como instalar templetes y escenarios, adquirir miles de sillas y maceteros, y contratar mariachis, payasos y botargas, para supuestamente empoderar a miles de mujeres pobres de la entidad. La dependencia alegó que dar estos servicios era “urgente”, de ahí que adjudicó los contratos sin pasar por una licitación.
Para comprobar esos servicios, la secretaría aportó, con la anuencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares —que no vio irregularidad alguna en ello—, fotografías de mítines de Manuel Velasco de años anteriores a la realización de esos supuestos eventos. Es decir, simularon la comprobación con fotografías tomadas del perfil de Facebook de Velasco.
A casi tres años de publicarse este caso, no hay constancia de que exista una investigación de ninguna autoridad, ni federal ni estatal. Por el contrario, la entonces titular de la Secretaría de Empoderamiento, Itzel de León Villard, fue premiada en julio de 2020 por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ofreciéndole el consulado de San Bernardino, California, Estados Unidos.
Adicional a esto, dos hermanos del presidente López Obrador, Pío y Martín, fueron grabados en videos recibiendo dinero en efectivo de parte de David León, quien entonces era consultor en el gobierno de Velasco en Chiapas.
La entrega del dinero se efectuó en 2015, según reveló el portal Latinus, aunque el presidente dijo que no se trataba de recursos ilícitos, sino de “aportaciones de la gente” para fortalecer a Morena.
El 9 de julio de 2021, Animal Político público que, a un año del caso de Pío López Obrador, la denuncia interpuesta en su contra permanecía estancada.
Con información de Elia Almanza.
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