Están acusados de haber privado de la vida al policía municipal, Antonio Aguilar Pérez, a quien tenían retenido: Fiscalía
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, la parroquia de San Juan Evangelista de Cancuc y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigieron la liberación de tres tseltales detenidos, acusados del delito de homicidio de un policía municipal.
“Preocupación por la detención y criminalización del defensor de derechos humanos Manuel Sántiz Cruz, quien además de ser presidente del equipo de promotores de la Parroquia, es servidor de la diócesis; así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez”, expresaron en un comunicado.
Señalaron que Manuel Sántiz de 44 años, «fue detenido aproximadamente a las 9 horas del domingo 29 de mayo por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, sin que contaran con orden de aprehensión, en el barrio Abajo (C’ani’), junto con Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar y “sin saber las razones de su detención, fueron trasladados a la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas, y presentados el 30 de mayo -24 horas después-, con un delito fabricado de posesión de drogas.
“La puesta a disposición fue supuestamente por posesión de mariguana de lo cual fue liberado el 31 de mayo alrededor de las 21 horas, pero inmediatamente después fue detenido por elementos policiales, a través de una orden de aprehensión, por el supuesto delito de homicidio calificado de un Policía Municipal de Cancuc, y fueron trasladados al Juzgado de Control» al penal de San Cristóbal, denunciaron.
Al respecto, fuentes de la Fiscalía Indígena, explicaron que el 29 de mayo fue privado de la vida el policía municipal, Antonio Aguilar Pérez, a quien tenían retenido, en el barrio K’ane’ de Cancuc, donde según testigos, Manuel López López lo comenzó a golpear, junto con otros sujetos, lo que le causó la muerte».
“Antes de que falleciera le exigían que pagara una multa de 10 mil pesos, debido a que como iba uniformado y gritando por las calles en la madrugada causó molestia a los pobladores del barrio”, revelaron.
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De acuerdo a las primeras investigaciones, alrededor de las 5 horas, llegó su esposa Rosa Jiménez Guzmán y pagó 5 mil pesos, para que lo liberaran, pero cuando era trasladado en una patrulla municipal, falleció.
La diócesis, la parroquia y el Frayba manifestaron que «Manuel Sántiz Cruz es tseltal y defensor de derechos humanos y presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc; desde su fundación en el 2016 ha promovido acciones de defensa del territorio en contra de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de Las Casas–Palenque y se han opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en el municipio, así como de la venta de alcohol y drogas en la cabecera municipal”.
Agregaron que «la parroquia de San Juan Cancuc, junto a la diócesis, tiene una clara opción por la vida, por acompañar procesos de defensa de la madre tierra, formando servidoras y servidores comprometidos con la paz, reconciliación y la búsqueda de la justicia, en varias ocasiones hemos levantado la voz contra proyectos que traen muerte, destrucción y violencia en nuestro pueblo”.
En un comunicado donde denuncia la fabricación del delito de homicidio calificado, el Frayba relata que el día de hoy 1 de junio alrededor de las 10:30 de la mañana, familiares de los detenidos, junto con integrantes del Centro, se encontraban en el Juzgado de control, donde fueron detenidos sin órdenes de aprehensión dos personas más: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor de Manuel.
Pero que hasta el momento se desconoce su paradero, además de que los abogados del Frayba y observadoras internacionales de Swefor fueron amenazados por la policía estatal.
El organismo señaló que la criminalización en contra del defensor de derechos humanos Manuel Santiz Cruz, así como a Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, se da en un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal -Palenque que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa libre, informada y con pertinencia cultural, violando el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; los pueblos tseltales han manifestado también su desacuerdo ante la presencia del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio.