Protestan en el penal de San Cristóbal para exigir liberación de indígenas acusados de homicidio de policía en Cancuc

Familiares del policía fallecido a golpes exigen justicia

Ciento de personas, entre integrantes de la organización católica Pueblo Creyente y representantes de organizaciones no gubernamentales, protestaron frente al penal de San Cristóbal de las Casas para exigir la liberación de cinco indígenas tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos Manuel Sántiz Cruz, presidente del equipo de promotores de la Parroquia de ese lugar y servidor de la diócesis.

La manifestación tuvo lugar alrededor del medio día, a la orilla de la carretera que va hacia el municipio de Ocosingo, donde realizaron una celebración religiosa exigiendo la liberación de Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez.

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron en una marcha motorizada a San Cristóbal para realizar una protesta frente al palacio de justicia, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía de Justicia Indígena.

La diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señalaron que Manuel Sántiz «fue detenido a las 7 horas del domingo 29 de mayo por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, sin que contaran con orden de aprehensión, en el barrio Abajo (C’ani’), en la cabecera municipal de Cancuc.

“Junto con Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron trasladados a San Cristóbal, y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena hasta el lunes 30 aproximadamente a las 10 de la mañana, por lo que estuvieron ilegalmente detenido por más de 24 horas.

“La puesta a disposición fue supuestamente por posesión de mariguana, de lo cual fue liberado el 31 de mayo alrededor de las 21 horas, pero inmediatamente después fue detenido por elementos policiales, a través de una orden de aprehensión, por el supuesto delito de homicidio calificado de un Policía Municipal de Cancuc, y fueron trasladados al Juzgado de Control al penal de San Cristóbal”.

Fuentes de la Fiscalía General del estado explicaron que el 29 de mayo fue privado de la vida el policía municipal, Antonio Aguilar Pérez, a quien tenían retenido, en el barrio K’ane’ de Cancuc, donde según testigos, Manuel López López lo comenzó a golpearlo, junto con otros sujetos, lo que le causó la muerte, cuando era trasladado por una patrulla para su atención médica, después sus familiares pagaron una multa de 5 mil pesos a sus captores, debido a que el policía fue acusado de que en la madrugada, uniformado escandalizaba en la vía pública.

Este sábado en un comunicado, el Frayba afirmó que “documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas -Fiscalía Indígena- y el Poder Judicial del Estado -Juzgado de Control-, para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio”.

“De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, señaló el organismo.

Ello, dijo, “corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.

Explicó que en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas, cuyos nombres se omiten por seguridad, que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.