Defensores de los migrantes, documentaron el riesgo en que viven niños, adolescentes y mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por la falta de mecanismos efectivos para la participación oportuna de las instituciones correspondientes.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Junio.- Luego de recorrer diversos puntos de la frontera sur durante tres días, organizaciones sociales y legisladores, advirtieron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en la zona, principalmente niñas, niños y adolescentes quienes sufren constantes prácticas violatorias a sus derechos humanos, bajo la ausencia de las instituciones de protección.
“Urge dejar de pensar que la migración es el problema; el problema son las políticas regionales y universales tendientes a la restricción de derechos; el problema son las autoridades que actúan con impunidad y violentan de manera sistemática y sistémica los derechos humanos”, señalaron en rueda de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Los integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; el Senador Emilio Álvarez Icaza y Rosa María Armendariz, en representación de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, hablaron sobre los resultados de la Visita in Situ Chiapas, realizada del 21 al 23 de junio a la estación migratoria Siglo XXI y estancias provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Además de albergues municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); el albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad; e instalaciones operadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Los defensores señalaron que luego de los recorridos y reuniones con autoridades, fue posible documentar el riesgo que viven niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras poblaciones con necesidades específicas y en condiciones de especial vulnerabilidad, debido a la falta de mecanismos para la detección y canalización oportuna a instituciones correspondientes.
Manifestaron que es necesaria “la corresponsabilidad de las distintas entidades de gobierno y que las y los legisladores legislen con conocimiento de lo que viven día a día las personas migrantes y sujetas de protección internacional, al tiempo de insistir en que “las acciones de respaldo y apoyo financiero de agencias será siempre insuficiente sino se modifican cambios estructurales”.
Se requiere “impulsar acciones para establecimiento de mecanismos trasnacionales de protección que garanticen la reunificación familiar, el retorno a países de origen e inclusive la justicia trasnacional”.
Además, se deben de “derogar facultades de la Guardia Nacional en labores de control migratorio; eliminar los perfilamientos raciales en las acciones de control migratorio; avanzar de acuerdo con lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la eliminación de las acciones de verificación migratoria en el territorio mexicano y eliminar los tiempos para solicitar asilo y permitir continuar procesos en otros estados”.
Emilio Álvarez Icaza, senador de la república, aseguró haber atestiguado prácticas violatorias parecidas a las realizadas en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial.
Afirmó que el albergue de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), conocido como Laureles, “se marca con plumón en el brazo de las personas como si fueran campos de concentración de los migrantes, son prácticas absolutamente vejatorias e ilegales, con el silencio de los organismos internacionales”.
Las organizaciones coincidieron en que la frontera de Chiapas se encuentra en una crisis humanitaria que se profundiza con la militarización de política migratoria del Gobierno federal, generando graves violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
Un migrante de Venezuela identificado como Niuger, que estuvo en la conferencia, comentó que en las instalaciones migratorias “no existe atención a la salud y asesoría legal, lo que ocasiona que haya abusos. Cuando uno está encerrado ahí, no sabe si el mundo existe”.
Ricardo, otro extranjero, aseveró que “no vemos que haya organismos públicos de derechos humanos atendiendo a los migrantes. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No la vemos y la estación migratoria es peor que una cárcel”.
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