El gobierno debe identificar y aplicar la justicia a los grupos armados que mantienen un conflicto entre Adama y Chenalhó

La relatora de la CIDH demandó a las autoridades trabajar en una investigación y detener los responsables de los ataques armados

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 12 julio.- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por la relatora para México y Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, lleva a cabo una visita en la región de Los Altos de Chiapas, para constatar la aplicación de las medidas solicitadas por la CIDH para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama.

Luego de sostener una reunión privada en la localidad de San Pedro Cotzilnam, con pobladores de Aldama, afectados por la violencia, la relatora declaró que el gobierno debe de aplicar la justicia a los grupos armados en el conflicto entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó.

“Hay una necesidad, y en eso las autoridades pueden trabajar con la investigación, con el compromiso de detener a los responsables de estos hechos porque son hechos que le quitan la vida a la gente, y ese es un derecho que hay que proteger, el derecho a la vida”, dijo.

Señaló que lo anterior “es fundamentalmente; hay otras necesidades por supuesto, pero comenzar con que haya una decisión de justicia que identifique a los responsables, y eso es lo que claman, una investigación que los lleve a identificar a los responsables y que sean sancionados los hechos”.

Los representantes de las 12 comunidades beneficiarias de las medidas cautelares con No. 284-18 de la CIDH y los representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados manifestaron que “lo único que pedimos es vivir en paz y poder retomar nuestras vidas cotidianas para que la niñez retorne a las aulas escolares, que el tránsito sea libre, sin miedo, ir a nuestras parcelas y ya no seamos cazados como animales”.

Refirieron que “todo empezó por disputa de tierras de 60 hectáreas, lo que ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, migración de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas y también se han perdido muchas cosechas por el abandono a consecuencia de las agresiones, lo que provocó desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, así como varios heridos y fallecidos”.

Los pobladores de Aldama, exigieron el cumplimiento de las peticiones de los representantes de medidas cautelares: “Libertad inmediata e incondicional a nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez; indemnización y reparación de daño a su persona; cancelación de las órdenes de aprehensión de quienes fueron representantes de los 115 comuneros anteriormente, desde que empezó esta problemática.

“Así como se de seguimiento en atención médica, sicológica, rehabilitación de los heridos de gravedad y que los tres niveles de gobierno apoyen con recursos en atención médica e indemnización de los heridos y muertos a partir del 8 de mayo de 2021 hasta la fecha, así como por la pérdida de cosechas”.

La comitiva de la CIDH realizó un recorrido por las comunidades de Tabac y Cocó, dos de las más afectadas por la violencia ocasionada por grupos armados de Santa Martha, Chenalhó.

La comisión fue acompañada por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, representantes de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados y representantes de las 12 comunidades con medidas cautelares, así como por miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).