Pantelhó; omisiones y culpas

Denuncia el sacerdote Marcelo Pérez persecución

Son ya pocos días los que faltan para que se cumplan un año exacto de la desaparición forzada de 21 personas en la cabecera municipal del municipio tzotzil de Pantelhó, Chiapas.

Esos 21 hombres fueron retenidos -así lo demuestra un video- a la luz del día, en pleno parque central de la cabecera municipal un 26 de julio del 2021.

Las desapariciones fueron el clímax de una descomposición del tejido social local que estalló públicamente con el asesinato de Simón Pedro Pérez, un catequista y activista social que fue ultimado el 5 de julio.

El día siete de ese mes y año, tzotziles y tzeltales armados con fusiles de alto poder, irrumpieron en Pantelhó; se enfrentaron con otro grupo al servicio del ayuntamiento.

El 18 de ese mismo mes, miles de indígenas campesinos en una asamblea en la comunidad San José Tercero, presentaron a decenas de hombres fuertemente armados que denominaron Autodefensas del Pueblo El Machete, el cual anunciaron fue creado, “para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado”.

El grupo sorprendió a Chiapas y al país por estar uniformados, por su actitud marcial y por la efectividad de su desplazamiento; lo que pronto sugirió que era una corporación que se preparó con suficiente tiempo y secrecía su irrupción.

El día 26 de ese mes de julio, alrededor de tres mil personas provenientes de las 86 comunidades y los 18 barrios, tomaron la cabecera municipal. Vandalizaron la alcaldía, quemaron oficinas públicas, así como ambulancias y patrullas.

Al mismo tiempo, un grupo de hombres encapuchados recorrían las viviendas buscando a los sicarios al servicio del ayuntamiento; irrumpieron en las casas de los 21 desaparecidos, les prendieron fuego, y ellos fueron atados de pies y manos y llevados por la fuerza hasta el kiosko del parque central.

Nadie supo y nadie sabe desde entonces de su paradero.

Pronto, el grupo “El Machete” propuso como interlocutor ante las autoridades estatales y federales al párroco de la iglesia católica de Simojovel Marcelo Pérez Pérez y pronto también, los familiares de los desaparecidos comenzaron su búsqueda.

Comenzaron las mesas de diálogo entre representantes del gobierno federal, estatal, y el grupo de autodefensas.

En febrero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación llegó al municipio y se fue sin resultado alguno.

El párroco Marcelo Pérez afirmó que todo lo que sucedió en Pantelhó es por la omisión de las autoridades de la fiscalía estatal. Sostiene que los pobladores visitaron a autoridades de la fiscalía y estas afirmaron que se les dijo: “resuelvan todo de acuerdo a sus usos y costumbres”.

El sacerdote sostiene que nada justifica la desaparición de los 21 hombres; pero explica que la ausencia del Estado, hizo que permeara el crimen organizado, y la impunidad desembocó la desesperación del pueblo.

Un año de tensión permanente en Pantelhó

A casi un año de los acontecimientos, ha caído el Concejo municipal propuesto en las mesas de diálogo por el grupo de autodefensas. El presidente de ese consejo Pedro Cortés López, tiene abierta una carpeta de investigación y se encuentra preso .El Congreso del estado nombró recientemente un nuevo consejo también afín al grupo El Machete.

El pueblo de Pantelhó es dominado por las autodefensas, que tienen control de todo. Los familiares de los 21 siguen buscándolos y el gobierno federal y estatal guardan silencio.

Da la impresión de que cualquier decisión gubernamental que se tome, complica más el panorama y alarga un conflicto en el que muchos apuestan a que tarde o temprano estallará de nuevo; porque en un municipio con solo 26 mil habitantes es imposible que no se sepa en algún momento el destino final de 21 personas.

Si bien se han cumplido las exigencias de las autodefensas dominando la administración pública municipal; por otro lado se hace eco de las denuncias de los familiares de los desaparecidos que acusan directamente al párroco Marcelo Pérez de ser el máximo dirigente de las autodefensas.

A su vez, el religioso acusa de una persecución inexplicable en su contra porque sostiene que funcionarios de gobierno le dijeron que sabían perfectamente que no estaba en el lugar de los hechos el día de las desapariciones, ya que lo habían confirmado vía el rastreo de su teléfono celular.

El contexto cada vez más complicado

Apenas iniciando este mes de julio, el sacerdote Marcelo Pérez denunció que había una persecución política en su contra. Pronto trascendió que la Fiscalía Estatal solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra del religioso por el caso de los desparecidos de Pantelhó.

Ha trascendido también que en actas ministeriales, se asienta que de acuerdos a denuncias, el padre Marcelo le pedía al Ayuntamiento que contrataran camiones Torton para obras con quien él les dijera y que cobraba 30 mil pesos por asesoría.

El día 5 de julio, miles de fieles católicos se movilizaron en ocho municipios de cinco regiones de Chiapas, en la marcha peregrinación por la paz y la justicia para protestar por la violencia que impera en diversas regiones de la entidad, y por supuesto, para abogar por la seguridad de Marcelo Pérez.

Las manifestaciones se llevaron a cabo en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque, Ocosingo, Salto de Agua, Simojovel, Frontera Comalapa y Tenejapa, entre otros puntos.

Esas manifestaciones y el rumor de la detención del párroco se dieron en el contexto de las protestas de los jerarcas y la grey católica por el asesinato en Chihuahua de los dos sacerdotes jesuitas.

Es decir, es fácil suponer que no era el momento político de divulgar la versión de que se detendría al sacerdote. De entrada, el organismo defensor de los derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas saldría en su defensa. Falta Saber cual será la reacción de la jerarquía de la iglesia católica estatal.

Los errores

Es evidente que la incertidumbre en Pantelhó es resultado de la inacción gubernamental. No de ahora, sino de las últimas administraciones estatales. Ahora estalla y en el afán de que la situación no continúe empeorando, las decisiones que se toman, solo alargan el conflicto.

El grupo “El machete” guarda silencio, pero es imposible preguntarse: ¿cómo sostiene el movimiento?.

El Frayba por su parte, es acusado de que se inclinó por el apoyo al grupo de autodefensas sin escuchar y dar voz a la contraparte. Los asumieron como delincuentes. Sin que un tribunal lo dictaminara. Mismo caso del que se acusa al párroco Marcelo Pérez y a la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Con esa actitud, prácticamente le cerraron la puerta al testimonio de las familias de los 21 desaparecidos.

El gobierno por su parte, pecó de omisión. Y todo ello, prácticamente alarga un conflicto en el que definitivamente, no hay diálogo entre las partes. Tal pareciera que se apuesta porque se olvide.

Sin embargo, en Pantelhó lo que impera es una paz que en cualquier momento puede romperse.