Prepara SEDENA patrullajes en siete municipios de Chiapas

Presenta plan para disminuir homicidios vinculados a la delincuencia organizada

Reconoce base social en el estado de la delincuencia organizada

Un documento interno de carácter secreto de la 31 Zona Militar de la SEDENA con sede en Rancho Nuevo, en poder de esta reportera fechado el día 18 de este mes, detalla el “Plan General de Operaciones para disminuir H.V.D.O” que en la terminología de seguridad pública nacional significa “homicidios vinculados a la delincuencia organizada”.

El documento sepulta la estrategia estatal de seguridad púbica en donde se informa de las reuniones de la “Mesa de Seguridad” y se anuncia los días, las semanas y las horas si “delitos de alto impacto”.

Se trata de una radiografía detallada de las regiones Altos y Metropolitana y los municipios en donde la crisis de seguridad pública se entrelazada con problemas agrarios, de efervescencia social y también de crisis política.

El documento enumera los municipios a atender con agrupamientos de elementos de la SEDENA que también incluirán a la Guardia Nacional, la policía estatal, las corporaciones municipales, la fiscalía indígena, el delegado de gobierno de la región o el municipio respectivo y colaboradores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Todos estos elementos estarán al mando del General de Brigada Gilberto Martínez Martínez, Comandante de la 31 zona militar con sede en Rancho Nuevo. Los municipios del estado que abarcará este operativo serán Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Tuxtla Gutiérrez (incluyendo Chiapa de Corzo), Teopisca, San Cristóbal de las Casas y Pueblo Nuevo Solistahuacán.

El documento incluye a Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, por ser parte de la circunscripción de la 31 Zona Militar. Los agrupamientos que se instalarán en la capital estatal, solo incluirán a la Guardia Nacional y a la policía estatal; dejando fuera a las policías municipales, al personal de derechos humanos y de la Secretaría General de Gobierno.

En San Cristóbal de las Casas, se incluye a la Guardia Nacional, a la policía estatal y la policía municipal. Se deja fuera a la fiscalía indígena, al personal de derechos humanos y de la secretaría general de gobierno.

Además de los agrupamientos, se integrarán los denominados OBI´s, es decir los “Órganos de Búsqueda de Información”. Esto con el fin de recabar información, analizarla, explotarla y difundirla en beneficio de las operaciones que se realizarán.

Lo agrupamientos estarán equipados con casco tipo kevlar, chaleco antibalas, googles, radios de combate, de aficionados, de comunicación encriptada, de uso policial y telefonía celular; lo anterior de acuerdo al documento, “para garantizar su seguridad ante algún incidente o agresión por parte de la delincuencia común u organizada”.

Incluso, se precisa que durante las operaciones, queda estrictamente prohibido realizar persecuciones en vehículos militares a integrantes de la delincuencia organizada; recordando que la “integridad física del personal, así como el cuidado de los recursos materiales es primordial”.

El diagnóstico de siete municipios prioritarios

El documento detalla la situación de los municipios en donde estará vigente la fuerza de tarea encabezada por los mandos de la 31 zona militar e incluye algunas de las acciones que las fuerzas de seguridad han realizado, generalmente de decomiso de armas.

En Pantelhó reconoce una problemática social y política debido a la disputa del poder político y control del corredor del narcotráfico y del tráfico de indocumentados por diferentes rutas del municipio.

De esa disputa -surgieron -de acuerdo al documento- diferentes grupos delictivos y de autodefensas. El grupo delictivo “Los Herrera” y el grupo armado denominado “Los Ciriles”, que posteriormente se denominó “Los Machetes”.

En este municipio, habrá acciones preventivas mediante patrullamientos disuasivos en la cabecera municipal y sus inmediaciones.

En Chenalhó el documento relata que desde 1977, comuneros de la comunidad Miguel Utrilla Santa Martha, se posesionaron de un predio de aproximadamente 60 hectáreas, ubicadas en los límites territoriales con la comunidad de Santa María Magdalena que es actualmente la cabecera municipal del municipio de Aldama.

Derivado de esta problemática, continuamente se llevan a cabo agresiones entre los grupos en conflicto arrojando un total de 16 muertos y 35 heridos.

En Chenalhó habrá patrullamientos disuasivos en las comunidades; Santa Martha, Saclum, Slumka, Pajaltoc, Atzamilhó, Tichen, Valentic y Yoventana.

En Oxchuc la 31 Zona Militar describe que la inestabilidad es resultado de las actividades de protesta por simpatizantes, lo que ha generado enfrentamientos entre los grupos antagónicos, resultando 2 muertos y 2 heridos, vehículos y viviendas quemadas, retención de personas, entre otros, exigiendo a las autoridades estatales respeto al método de elección de las autoridades municipales por medio de usos y costumbres.

En este municipio habrá acciones preventivas mediante el cierre de las entradas y salidas, así como patrullamientos disuasivos en la cabecera municipal y sus inmediaciones.

Respecto a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, justifica los operativos debido a dos incidentes de gran impacto, el primero en la Colonia La Gloria cuando pierde la vida quien se identificó como Ramón Gilberto Rivera Beltrán (a) “El Junior” y cinco personas más.

El segundo incidente es del 9 de mayo de este año ocurrido a la altura del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” cuando fueron localizados 4 cuerpos sin vida, dos de esos cuerpos estaban mutilados y se encontraban en el interior de bolsas negras de nylon. Los dos cuerpos restantes estaban tirados a un costado de la cinta asfáltica.

En la capital estatal habrá acciones preventivas mediante el cierre de las entradas y salidas, así como patrullamientos disuasivos que incluirá Chiapa de Corzo.

En Teopisca la justificación es el asesinato el 8 de junio de este año del presidente municipal, Rubén de Jesús Valdez Díaz, cuando salía de su domicilio particular y la posterior crisis social que se desató en el municipio que incluyó los bloqueos de ciudadanos inconformes y el incendio del mercado de la comunidad Betania.

En este municipio habrá acciones preventivas mediante el cierre de las entradas y salidas, así como patrullamientos disuasivos en la cabecera municipal y sus inmediaciones.

Para San Cristóbal de las Casas, el documento relata la disputa por el “Mercado del Norte” y señala a los responsables de los bloqueos del 14 de junio de este año que tuvieron un impacto retomado por los medios de comunicación nacionales

Sin embargo, también enfatiza que en la Zona Norte de San Cristóbal se encuentra precisamente el “Mercado del Norte” y además la colonia “La Hormiga”, describe que los operativos se dificultan por que no existen cámaras de seguridad ya que la zona se rige por “usos y costumbres” y es además, asiento del “Caracol número 7, Jacinto Canek”. Es decir, un área de influencia zapatista.

En San Cristóbal de las Casas habrá acciones preventivas mediante el cierre de las entradas y salidas, así como patrullamientos disuasivos.

Respecto a Pueblo Nuevo Solistahuacán, el panorama que describe el documento es poco alentador. Relata que “la principal problemática es la inseguridad, originada por la presencia de grupos delictivos, siembra, trasiego y venta de droga, robo de vehículos, agresiones con arma de fuego, abigeato, entre otros”.

En Pueblo Nuevo Solistahuacán también como en los demás municipios, habrá acciones preventivas mediante el cierre de las entradas y salidas, así como patrullamientos disuasivos

En este municipio, -de acuerdo al documento- convergen diversos problemas sociales, como es la delincuencia organizada, inestabilidad política y el asentamiento de organizaciones sociales de tinte radical como MOCRI y CIOAC, quienes afirma, son los que imponen a los gobernantes.

Los operativos

De acuerdo al escrito, los operativos serán “operaciones focalizadas y esporádicas de corta duración en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”.

Las agrupaciones se denominarán “Bases de Operaciones Móviles” y realizarán recorridos en “fuerza y persuasión” con el fin de “inhibir la acción de los grupos armados que actúan en las cabeceras municipales y llevar a cabo al detención y puesta a disposición de los blancos localizados”.

Incluso se precisa que el personal militar empleará su armamento orgánico, únicamente para repeler una agresión armada, siempre que exista necesidad de la defensa.

Las operaciones se realizarán con “el fin de atender los eventos relevantes que se presenten en relación con los conflictos que prevalecieron en dichos Municipios con motivo de la presencia de grupos armados y coadyuvar con las autoridades de seguridad pública para su acotamiento, actuando en todo momento con apego a derecho y con irrestricto respeto a los derechos humanos, así como respetar los usos y costumbres”.

El esquema diseñado para los operativos incluye la identificación de las áreas, puntos y rutas críticas de las áreas de operaciones en los municipios prioritarios. Se organizarán bases de operaciones móviles y puestos militares de seguridad asignando las misiones respectivas conforme a los puntos y áreas críticas.

Se desplegarán las agrupaciones para realizar “operaciones focalizadas, esporádicas y de corta duración”. Además, los puestos militares de seguridad se establecerán en las entradas y salidas de las cabeceras Municipales de Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, San Cristóbal de las Casas y Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., para evitar la salida de grupos armados.

El papel de los mandos

Cada uno de los comandantes nombrados para dicho servicio, “deberán llevar consigo cámara fotográfica y de video”, con el objeto de contar con la evidencia gráfica y videográfica que ampare su actuación y “deslindar responsabilidades ante falsas acusaciones por presuntas violaciones a los Derechos Humanos”, debiendo nombrar a un elemento exprofeso para que desempeñe esta función.

Se enfatiza también que el personal militar deberá evitar “hacer declaraciones ante los medios de comunicación”. Deberán también apegarse a derecho sin violentar las garantías individuales de las personas.

Viejos problemas, nuevas coyunturas

Numerosos problemas en la historia de Chiapas se han desde siempre involucrado a las fuerzas federales para evitar que escalen los problemas sociales y políticos. Generalmente estos problemas se circunscribían a los temas agrarios e insurrecciones populares contra el dominio de los cacicazgos.

Permanentemente, diversas organizaciones sociales han denunciado la “militarización” del estado. De hecho, a la fecha la Guardia Nacional tiene en proceso de construcción 15 cuarteles en el estado, uno en cada región.

Sin embargo, desde 1994 fecha de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no se había realizado un plan tan detallado de “patrullajes” y de presencia de fuerzas federales en el estado.

A los problemas de crisis política en el estado, habrá que agregarle ahora la presencia ya reconocida de organizaciones criminales y el consecuente incremento de la visibilidad de las fuerzas armadas nacionales.