Comunidades de los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, donde el fin de semana hubo enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado, “han empezado a organizarse para defender sus casas y el territorio”, ante el despojo de sus bienes por grupos delincunciales, afirmó el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.
“Les dicen ‘vete; se les respeta la vida y llévate lo que puedas’. Luego quieren regresar por más cosas y ya no los dejan. O sea que el crimen organizado se apropia de las casas y los bienes de las personas. Ya no los dejan regresar”, indicó el prelado.
Señaló que los católicos y los sacerdotes que trabajan en esa región fronteriza de Chiapas con Guatemala, le reportan constantemente la situación de “riesgo y las amenazas de que les arrebaten sus casas y sus bienes”.
Entrevistado después de oficiar una misa en la graduación de alumnos de primaria y secundaria del colegio católico Tepeyac, Aguilar Martínez aseguró que “se han reportado varios casos de despojo de bienes en pueblos de esos dos municipios, pero las personas se están uniendo para apoyarse unos a otros en la defensa de sus casas, del territorio, de la verdad y de la justicia para que haya paz”.
De acuerdo con pobladores de esa región que pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, grupos del crimen organizado que se disputan el territorio, se enfrentaron el jueves y viernes de la semana pasada. Uno de los grupos se enfrentó también con elementos del Ejército Mexicano, con resultado de tres detenidos y un arsenal asegurado.
El obispo comentó que en esos hechos no se reportaron muertos ni heridos, “pero no sabemos si los hay o no. Se dice que recogen los cadáveres. No me consta”.
Dijo que el gobierno debe de apoyar a los pobladores que habitan en esa zona, pues su integridad personal y sus bienes están en riesgo.
En cuanto a la situación del sacerdote indígena, Marcelo Pérez Pérez, en contra de quien la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez que se librara orden de captura, manifestó que no existe riesgo de que sea detenido por la policía porque el caso “se va a resolver jurídicamente”.
“Está el proceso, no se ha ejecutado (la orden) porque yo estoy diciendo que el padre Marcelo es inocente y que se puede responder jurídicamente a todos los hechos que se impugnan en contra de él”, manifestó.
El prelado dijo que le duele el caso de las personas desaparecidas en Pantelhó, “me duele sus familiares. Son seres humanos y también es decir a quienes han desaparecido personas, que recapaciten y lo reconozcan, porque por culpa de ellos se está diciendo que otras son las que han cometido esos crímenes.
“Desgraciadamente, en Pantelhó es una historia de varios años en que si por un lado, reclaman a esos 21 desaparecidos, por otro lado reclaman a 200 desaparecidos. Entonces es una historia larga, por lo que es necesario sanar el corazón reconociendo la propia culpa”.
La solicitud hecha a un juez por la Fiscalía General del Estado, está relacionada con la retención y desaparición de 21 pobladores de Pantelhó, ocurrida el 26 de julio del año pasado, hechos por los cuales están presos en el penal de El Amate, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, presidente y primer regidor de concejo municipal, respectivamente.
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