Pide el Frayba al Estado Mexicano medidas efectivas que pongan fin a las agresiones armadas contra comunidades de Aldama y Chalchihuitan

A “dejar de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, donde cinco mil personas se encuentran en desplazamiento forzado o intermitente a causa de la presencia de grupos armados, pidió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al Estado mexicano.

“La ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias (con medidas cautelares otorgadas por la CIDH), manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia”.

En un comunicado, el organismo señaló que durante la visita que el 12 y 13 de julio realizaron a esos municipios su comisionada y relatora para México, Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño, y su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, “la CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas”.

El 12 de julio, la misión realizó un recorrido por las comunidades de Koko’ y Tabak, Aldama, mientras que el 13 arribaron a las localidades de Canalumtik, Pom y Chenmut, de Chalchihuitán; “en ambos se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las medidas cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados”, indicó el Frayba.

Explicó que hasta ahora “se han registrado siete asesinatos en Aldama y uno en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por las enfermedades y la situación derivada del desplazamiento forzado -en su mayoría personas ancianas, niñas y niños”.

En conferencia de prensa, a la que asistió su directora, Dora Roblero, el Frayba dio conocer que en estos municipios existen 5 mil 5 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y/o permanente.

“La raíz del problema sigue sin atenderse violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas y la ‘ayuda humanitaria’ ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada”, manifestó.

El organismo, hizo un llamado al Estado mexicano a que “cumpla con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos y evitar que las violaciones de éstos se sigan cometiendo en las comunidades de Aldama y Chalchihuitán”.

Felicia Gómez, de Chalchihuitán, denunció que “seguimos en desplazamiento intermitente porque aún siguen los disparos; nuestros hijos e hijas no pueden ir a la escuela y los que están yendo en centros educativos de Chenalhó están siendo discriminados o burlados por otros alumnos que les dicen que son quita terrenos cuando no es verdad”.

Aseguró que sus vecinos de Chenalhó habían cercado “los terrenos que nos han quitado”, pero durante la visita de la misión de la CIDH “quitaron el alambre de púas para disimular”.

“Para nosotros”, dijo María Gómez, de Chalchihuitán, “fue buena la visita de la CIDH porque llegó a donde hay conflicto territorial y a preguntar sobre nuestra situación; le dijimos que no hay solución porque el gobierno no nos hace caso y ya queremos paz y justicia”.

Silvia Sántiz, representante de Aldama, agradeció la presencia de la comisión de la CIDH y expresó la esperanza de los pobladores de que “su visita funcione y se dé la verdadera solución al conflicto y vivir en paz”.

Exigió el cumplimiento de peticiones de los representantes de medidas cautelares, como la libertad incondicional de Cristóbal Sántiz Jiménez, cancelación de órdenes de aprehensión y seguimiento en la atención médica de los lesionados, entre otras.

Dijo que la visita de la CIDH “es importante porque el gobierno ha hecho caso omiso y ha simulado la situación en la que estamos viviendo, por lo que la CIDH se percató de esta situación y del incumplimiento de las medidas cautelares”.