Periodista presenta demanda contra alcalde Carlos Alberto Albores Lima
El día 5 de septiembre publiqué en este espacio, una nota titulada: “Presidente municipal de Pijijiapan gasta 68 mil pesos en mariscos”, el subtítulo decía: “Los fondos, parte de un proyecto del DIF federal para apoyar a la niñez migrante”.
La nota describe que la alcaldía de Pijijiapan a cargo de Carlos Alberto Albores Lima, hizo un pago de 68 mil pesos a un proveedor por el concepto de “mariscos” y que dicha comprobación, forma parte de las justificaciones financieras que el ayuntamiento declaró ante el portal federal de transparencia; de un proyecto en apoyo de la niñez migrante cuyos recursos aportó el DIF nacional por un monto de poco más de 5 millones de pesos.
La factura decía “camarón, pargo, robalo, mojarra, liseta y bagre” bajo el concepto de “mariscos”; dicho documento fiscal tenía la fecha de 31 de diciembre de 2021.
La respuesta de Albores Lima fue tres días después; el 8 de este mismo mes de septiembre graba un video de casi 6 minutos en las redes sociales oficiales del cabildo pijijiapaneco. Lo hizo acompañado de algunos de los funcionarios del ayuntamiento.
En el video Albores Lima afirma que “hay gente que piensa que sacando notas sin sustento, pueden sacar raja política o algún beneficio económico de forma personal” Se refiere después a la nota que la reportera divulgó sobre los “mariscos” que costaron 68 mil pesos.
Afirma Albores Lima que esa “hoja” es un informe que “constantemente” se manda al DIF nacional. Sobre ese punto, le respondo, que está obligado a presentar ese informe.
Dijo también que ese recurso es el acumulado de un mes y “ustedes pueden ver cuanto migrante circula por nuestro municipio”. Lo que no dijo -y le aclaro- era lo que el convenio con el DIF nacional y el estatal especifican: los 5.2 millones de pesos eran exclusivamente para la atención de niñas y niños migrantes. No para todos los migrantes.
Lo que sí reconoce, es que el recurso financiero no era propio, era de la federación. Pero debió decir que por eso estaba -como lo establece el convenio- obligado a comprobar. El problema es que Albores Lima no hizo las comprobaciones correctas.
Albores Lima dice en su video que el “periodismo profesional investiga” y no saca notas para “presionar con otros fines a una administración municipal”.
Ante sus dichos, el día 8 de este mismo mes le respondí con un escrito. En ese texto escribí públicamente que ante sus acusaciones de “sacar raja política o algún beneficio económico de forma personal” probara sus dichos.
Dije también que ante su acusación; esta reportera esperaba las pruebas. De lo contrario, interpondría los recursos legales ante las instancias competentes para la protección de mis derechos como periodista.
Nunca recibí su respuesta.
Por lo tanto decidí presentar una demanda ante la “Dirección para garantizar la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo” de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Es la R.A 0042-101-3202-2022 del día 12 de septiembre de este año.
Ahora, Albores Lima tendrá que sostener sus afirmaciones con pruebas o retractarse si no las tiene. Pero tendrá que hacerlo ya no ante esta reportera, sino ante las autoridades competentes.
Como el alcalde tomó la decisión de grabar un video publicado por las redes sociales oficiales del ayuntamiento, y lo hizo junto a miembros de su cabildo; como reportera tengo el derecho constitucional de presentar una demanda.
Reitero como lo hice en el texto de respuesta a su video; las aclaraciones debe de darlas a los órganos administrativos federales y estatales competentes y por supuesto; para la ciudadanía que lo eligió.
También reitero que Albores Lima está por la Constitución, obligado a rendir cuentas; como también -por si no lo sabe- la propia Constitución protege el oficio de periodista y que la rendición de cuentas es para la ciudadanía.
Mi trabajo periodístico está respaldado por 30 años de trayectoria en donde he cubierto desde la irrupción del EZLN y todos los acontecimientos del estado y su impacto, pasando por investigaciones sobre corrupción y por supuesto, el fenómeno migratorio.
Albores Lima debería de saber que ser un funcionario público no le da impunidad; ni en el ejercicio diario de los recursos financieros que se le confían, como tampoco para agredir a la prensa.
Ahora, tendrá que responder por sus actos ante la FGE por la demanda que es mi derecho presentar, porque se cuestionó mi honorabilidad, y ante las instancias gubernamentales competentes por lo que a todas luces es una irregularidad que intentó ocultar con estridencias.
No cuadran las cuentas en el ayuntamiento de Pijijiapan: la factura de “los mariscos” es irregular
Luego del reportaje del costo de 68 mil pesos en compras de mariscos para niñas y niños migrantes, numerosos ciudadanos de Pijijiapan dejaron mensajes privados en mi página de internet apoyando el trabajo periodístico.
La constante es la descripción de la anarquía en la que vive el municipio costeño. Los problemas de drenaje en la cabecera, las promesas de campaña incumplidas en las comunidades, barrios y colonias, el problema con las luminarias y un largo etcétera.
Varios de esos mensajes notaron que la factura de compra de los mariscos era irregular.
Fue entonces cuando solicité la opinión de un experto contador público. Su respuesta fue la misma: es una factura “irregular, porque no cumple los requisitos fiscales”. No conforme con ello, fui a un despacho contable. Ahí fueron contundentes: la factura es irregular y vamos a demostrarle cómo puede usted misma comprobarlo.
Ante lo anterior, realicé la comprobación una y otra vez en el sistema oficial del SAT y el resultado fue que “este comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de Administración Tributaria”.
Esa comprobación puede realizarse en la página del SAT de la Secretaría de Hacienda federal. Es más, cualquier ciudadano puede hacer el ejercicio desde esta liga que como verá, es precisamente de la página oficial del SAT:
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
Postdata
El 26 de mayo de este año, el Diario Oficial de la Federación publicó un nuevo “Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante, centros de asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que operan los sistemas DIF estatales y municipales”, en este caso, con el municipio de Pijijiapan.
Ahora el monto financiero del acuerdo se elevó. Es de 16.6 millones de pesos.
¿Qué seguridad tiene la ciudadanía pijijiapaneca de que estos 16.6 millones de pesos para la atención de niñas y niños migrantes serán ejercidos de manera correcta?
¿Seguirá pagando facturas apócrifas de mariscos con esos recursos?
¿Qué otras facturas que presenta el ayuntamiento son irregulares?
Reitero: Es a la ciudadanía pijijiapaneca y a los órganos competentes a los que Carlos Alberto Albores Lima como presidente municipal tendría que dar cuentas financieras correctas.
Al periodista debe de respetar su trabajo porque está amparado por la constitución nacional.
No es con estridencias y con burdas imitaciones del estilo de gobernar del primer mandatario como se debe de justificar lo que ya no puede ocultarse ni justificarse. Es ante las autoridades competentes a las que constitucionalmente está el presidente Albores Lima obligado.
Por último, en la propia página del SAT viene el número por medio del cual se pueden presentar quejas y Denuncias: 55-88-52-22-22, el correo electrónico y la aplicación. Si la ciudadanía de Pijijiapan quiere presentar cualquier queja, aclaración o denuncia sobre el particular, esta reportera lo replicará.