Tuxtla Gutiérrez, Chis. 21 Oct.- El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y la agrupación católica Pueblo Creyente, denunciaron que empleados de empresas mineras ingresaron al ejido Santa María, municipio de Chicomuselo, con el objetivo de explotar minas, a pesar de que los pobladores no han autorizado su presencia.
Los trabajadores llegaron a la cabecera municipal el 16 de octubre en diversos camiones de carga para transportar material minero, y un día después los habitantes de Santa María “se percataron de que los camiones ya se encontraban en el lugar donde ha estado la casa común de todas y todos (la tierra), que está siendo saqueada, devastada y vejada impunemente”, señalaron en un comunicado.
En la denuncia, el Modevite y el Pueblo Creyente destacaron “la situación de amenazas, hostigamiento e intimación desatada en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos en Chicomuselo.
“Por la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, quienes están promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada; “sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin un estudio de impacto ambiental.
Explicaron que en la zona “actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas” para la explotación de minas en Chicomuselo, pero los pobladores están en contra, debido a que “destruye el ambiente y sólo deja daños”.
Modevite y el Pueblo Creyente exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que “realice la investigación correspondiente por la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas”.
Señalaron que de tiempo atrás han presentado denuncia formal ante esa dependencia para que las empresas no exploten minas en ese municipio de la región de la Sierra, pero “la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región”.
Por lo que consideraron que la “omisión de Profepa y de las demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio”.
Los inconformes manifestaron que han dialogado “con algunas autoridades solicitando diálogo con instancias de las Secretarías responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en La casa común de todas y todos”.
Por lo que seguirán defendiendo su territorio porque “estamos claros que hasta ahora no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable”.
“Como Pueblo Creyente y Modevite mantenemos nuestra lucha y resistencia por cuidar y defender la vida de todas y todos”, manifestaron.
En estos últimos meses agregaron-, se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra madre tierra”.