Masacre de Viejo Velasco, lejos de la justicia ante la Masacre, desapariciones y desplazamiento forzado, continúa la impunidad: ONGs

A 16 años de la masacre en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la que seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, incluyendo una mujer embarazada, sigue impune, denunciaron 9 organismos civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, Ocosingo (en la Selva Lacandona), cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad”, manifestaron.

En un pronunciamiento conjunto recordaron que durante los hechos sucedidos el 13 de noviembre de 2006, se provocó además, el desplazamiento forzado de 36 personas, la privación ilegal de la libertad y tortura de la joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, así como la desaparición de 4 personas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de los ancianos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, que fueron entregados a sus familiares, 4 años después.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la agrupación llamada Xi’nich, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la Misión Civil de Observación, “los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como Cuerno de Chivo: Ar-15 y AK-47”.

“También se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social”.
Las agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, aseguraron que “a 16 años de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño”.

Señalaron que durante todo este tiempo, “la Fiscalía General del Estado de (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos, mientras el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han guardado total silencio, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad”.

Mientras que la FGE “nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años- continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros”.

Refirieron que “la sangrienta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país”.