Pequeños propietarios desplazados desde 1994 con el levantamiento armado del EZLN se van a la CDMX a instalarse en un plantón en el Zócalo

A 28 años, siguen exigiendo que el gobierno les indemnice sus tierras ocupadas en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas

San Cristóbal de las Casas, Chis. 23 Nov.- Cerca de 200 pequeños propietarios desplazados en 1994 de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), partieron la noche de este miércoles hacia la Ciudad de México, para instalar un plantón en el Zócalo, y exigir al gobierno federal que los indemnice, informó su dirigente, Francisco Urbina Pérez.

“Vamos a instalar un plantón por tiempo indefinido, y si no obtenemos una respuesta positiva, haremos otras acciones, incluyendo una huelga de hambre, aunque tampoco queremos ponernos en contra del presidente porque somos gente pacífica e institucional», manifestó.

El grupo partió en un autobús que salió de San Cristóbal de las Casas, y otro de Comitán -otras personas viajaron en autos particulares y algunos en avión-, y esperan arribar a la capital del país a las 8 o 9 horas del jueves.

Urbina Pérez dijo a la prensa que son 441 afectados, incluyendo algunas de dos o tres hectáreas, cuyos dueños están agrupados en la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto.

“Lo que estamos reclamando, es el pago global de 41 mil 937 hectáreas que en 1994 fueron tomadas por integrantes del EZLN. Estamos pidiendo solución al desplazamiento forzado interno que venimos padeciendo; que nos indemnice el gobierno porque se ha llegado a la conclusión de que no hay posibilidades de retornar a nuestras propiedades, que además es un consenso entre autoridades federales y estatales”, indicó el dirigente.
      
Señaló que en el actual gobierno han sido atendidos, “pero falta que nos paguen las propiedades. Nos está atendiendo el doctor Lorenzo Gómez Hernández, director de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien elaboró una ruta de trabajo en la que se llegó a la conclusión de que se nos tiene que indemnizar, pero se necesita la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar los recursos”.
      
Dijo que de acuerdo con el avalúo que mandaron a hacer, cada hectárea tiene un precio estimado de 220 mil pesos, pero “estamos abiertos a negociar. Le pedimos al presidente que tome cartas en el asunto porque llevamos 28 años desplazados; nos arrebataron todo: ganado, maquinaria, tierras, Casa y forma de vida. Lo que estamos pidiendo es que se nos haga justicia”.