Universidades y Bachilleres esfuman millones en pagos a muertos, aviadores y gastos superfluos

Por Áxel Chávez/ EME-EQUIS

Más de 60 instituciones de educación superior y de nivel medio cayeron en inconsistencias como emitir pagos a personal que había muerto o que no cumple con los requisitos, pero también derrocharon en “bonos por Día de Reyes”, pavos, canastas de Navidad y cenas, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2021 por parte de la ASF. El monto del posible daño patrimonial supera los 700 millones

Chiapas con el mayor número de instituciones con anomalías en el destino del presupuesto

La UPCh, el ICATECH, el Cecytech, la UNICACH, la UTS y el COBACH entre las instituciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación

Pagos a nombre de trabajadores fallecidos, posibles “aviadores” que cobraban sin estar en los centros de trabajo, y remuneraciones, principalmente a mandos, por encima de las acreditadas, son parte de irregularidades en el manejo presupuestal de universidades y bachilleratos públicos durante el año pasado, a través de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

El monto de las observaciones alcanza los 709 millones 406 mil 253 pesos

De la revisión a la cuenta pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), EMEEQUIS detectó que 64 instituciones de educación superior y subsistemas de nivel medio al interior del país incurrieron en inconsistencias como emitir pagos a personal que había muerto, pero también en el destino de presupuesto millonario a conceptos como “bonos por Día de Reyes” –inexistentes en la ley–, pavos, canastas de Navidad y cenas.

Asimismo, la simulación de servicios fue otra de las anomalías por las que deben justificar el dinero; además, la ASF ordenó iniciar procedimientos para identificar a los responsables de este manejo financiero irregular.   

Muertos cobran y ¡Nadie se da cuenta!

En dos subsistemas de educación media superior, en tres estados del país, hubo una constante: a nombre de empleados identificados como fallecidos no sólo en 2021, sino en años anteriores, se realizaron transacciones financieras con el concepto de remuneración por servicios laborales. 

Las erogaciones se repitieron hasta que los auditores detectaron que, con base en documentos que poseía la institución ¡los trabajadores habían muerto!   principalmente durante el periodo de pandemia por Covid-19, sin que se justificara el destino de los recursos, que salían como cargo a nóminas.  

En cuatro intervenciones distintas, en instituciones que geográficamente se encuentran de norte a sur, la ASF detectó esta inconsistencia.

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, de las observaciones realizadas está la demanda de reintegro o comprobación de 3 millones 212 mil 692.01 pesos por pagos “a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021 o inclusive en ejercicios fiscales anteriores”, así como a empleados que cobraban aunque tenían licencia sin goce de sueldo, o lo hacían después de la fecha de baja definitiva de la dependencia.

Igualmente, en Baja California, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado usó 5 millones 444 mil 923.00 pesos para “remunerar” a trabajadores con licencia sin goce de sueldo o muertos.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas también destinó 852 mil 332.16 pesos en trabajadores fallecidos no sólo en el ejercicio fiscal 2021, sino también en ejercicios fiscales anteriores, al igual que el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, que en esta irregularidad destinó 603 mil 220.26 pesos de sus recursos.

Entre las instituciones al interior del país que deben acreditar el destino del dinero hay vicios como contratar a personal que no contaban con los créditos académicos o cédula profesional para ejercer, pero también disposición de montos a conceptos que no son justificables.

EL Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, en Tabasco, usó 6 millones 357 mil 399.42 pesos en conceptos de “canasta navideña” y “bono de Día de Reyes”, más una serie de estímulos injustificados como “a la calidad”, “de productividad”, “bono de desempeño administrativo”, “días económicos al personal docente”, “ajuste de calendario”, “compensaciones”…

No fueron los únicos, las gratificaciones autoasignadas con el subsidio incluyen “estímulo por antigüedad”, “días económicos administrativos”, “bono de puntualidad” y “exámenes profesionales”, que, remarca la ASF, no se consideraron en la normativa que regula la aplicación de los recursos del programa.

Los aviadores

Las auditorías arrojaron que en instituciones de educación superior se emitieron pagos indebidos a empleados aun cuando no asistían a las aulas, ya sea por comisiones, licencias sin goce de sueldo o porque ya se habían desvinculado de una relación laboral, pero los cheques a sus nombres continuaban.

La Universidad Tecnológica de la Selva, en Chiapas, no logró presentar documentación soporte correspondiente a las comisiones sindicales de ocho trabajadores, por quienes, en la nómina, se gastó 1 millón 262 mil 674.47 pesos el año anterior.

En la misma entidad, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado empleó 1 millón 971 mil 697.67 pesos en 77 trabajadores después de la fecha de baja de la dependencia.

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a su vez, destinó 16 millones 338 mil 462.35 pesos para pagar sueldos y prestaciones no autorizados en el Analítico de Presupuesto 2021, y a pagar a trabajadores después de la baja definitiva y a trabajadores que contaron con licencias sin goce de sueldo.

De igual forma, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora debe comprobar o reintegrar 121 mil 231.41 pesos por realizar 23 pagos improcedentes con los Subsidios Federales después de la fecha de baja de 8 trabajadores.

Además de pagos a fallecidos, posibles aviadores de la nómina y conceptos injustificables con el presupuesto federal, los subsistemas de bachilleratos y las universidades hicieron cargos indebidos por encima de sus tabuladores y adquisiciones de bienes no justificados o no localizados, entre otras inconsistencias, según el rastreo de Emeequis.

Las escuelas identificadas se ubican en más de 20 estados. 

Baja California y Baja California Sur

El Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California tiene 55 millones 930 mil 475.63 pesos pendientes por aclarar.

Aunado a los 3.2 millones a trabajadores que se comprobó habían muerto, empleó 31 millones 322 mil 700.95 pesos en pagos de sueldo base e incrementos salariales de plazas que no se ajustaron a las plantillas ni a los tabuladores autorizados, y por prestaciones que no se ajustaron a los contratos colectivos de trabajo autorizados.

También empleó 4 millones 152 mil 701.21 pesos en pagos a trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puesto, y 16 millones 57 mil 740 en recargos y actualizaciones correspondientes al entero del Impuesto Sobre la Renta de mayo, junio y julio del ejercicio fiscal 2020, en incumplimiento del Anexo de ejecución que celebraron la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Baja California y el Colegio de Bachilleres. 

La ASF igualmente reclama 1 millón 184 mil 641.46 pesos por no reintegrar los recursos no comprometidos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021.

En esta entidad, las observaciones al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California ascendieron a 16 millones 703 mil 731 pesos: los 5.4 millones por realizar pagos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo e identificados como decesos, más 11 millones 258 mil 808 pesos por realizar pagos a personal después de la fecha de baja definitiva de la dependencia y pagos de cuatro plazas que no se ajustaron al Analítico de Servicios Personales Original 2021.

Asimismo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos tiene 7 millones 70 mil 100.93 pesos por justificar, que consisten en 211 mil 220.36 pesos en sueldos y salarios en exceso a 48 trabajadores determinados; 1 millón 230 mil 473.09 pesos en 15 mil 490 horas también en exceso en dos categorías, las cuales no se ajustaron a las autorizadas como apoyo financiero del ejercicio fiscal 2021; 121 mil 986.51 pesos por el pago a dos trabajadores por honorarios asimilados a salarios que carecieron de los contratos correspondientes, y 458 mil 173.55 pesos por tres plazas excedentes.

El mayor monto para esta casa de estudios fue por 5 millones 48 mil 247.42 pesos por no reintegrar los recursos y los rendimientos financieros no comprometidos a la Tesorería de la Federación.

También la Universidad Politécnica de Baja California debe justificar 1 millón 147 mil 469.63 pesos por pagos que no se ajustaron a los tabuladores de sueldos autorizados (381 mil 529.83 pesos) y cinco plazas que no se ajustaron a la plantilla (765 mil 939.80 pesos). 

A su vez, la Universidad Tecnológica de Tijuana tiene 336 mil 379.10 pesos pendientes por aclarar por financiar plazas que no se ajustaron a las plantillas autorizadas de personal administrativo y académico, conciliadas por la Secretaría de Educación Pública, en incumplimiento del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de esta casa de estudios.

Campeche

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche debe comprobar 5 millones 337 mil 817.02 pesos supuestamente gastados en bienes y servicios de los que no presentó la evidencia de que fueran recibidos o se hubieran realizado. Esta inconsistencia fue detectada por la ASF en diez expedientes de adquisiciones. 

En el mismo año, el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche, no reintegró 439 mil 781.19 pesos del programa, y los rendimientos financieros, de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2021 y no pagados al 31 de marzo de 2022. 

En tanto, el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche tampoco reintegró 235 mil 309.56 pesos a la Tesorería de la Federación, que la ASF reclama.

Chiapas

En esta entidad se encuentra el mayor número de instituciones con anomalías en el destino del presupuesto.

La Universidad Politécnica de Chiapas sumó observaciones por 10 millones 255 mil 95.41 pesos, de los cuales 5 millones 849 mil 403.50 pesos son por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

Otros 3 millones 198 mil 247.22 pesos son demandados por realizar 17 transferencias bancarias el 13 y 25 de enero y 10 de febrero de 2022 a una cuenta de la misma Universidad, en la que manejó recursos propios. Dichas transferencias, dice el dictamen de la auditoría, las realizó para recuperar el recurso que ya había pagado con recursos propios en noviembre y diciembre de 2021.

Además, la UPCH presentó auxiliares contables del pago y pólizas de egresos con su documentación justificativa y comprobatoria cancelada con el sello de operador de ingresos propios, la suficiencia presupuestal es de ingresos propios y fueron pagados desde una cuenta de recursos propios. 

La ASF resalta que la documentación que presentó es de diversos conceptos de gasto de los capítulos 2000 y 3000, no justificados, pero con los que buscaba recuperar lo ya ejercido.

A esto se suman 317 mil 361.18 pesos por falta de documentación justificativa del gasto en los capítulos 2000 y 3000, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 890 mil 83.51 pesos por contratar a tres trabajadores que no cumplieron con el perfil requerido para ocupar los puestos correspondientes.

En esta entidad, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas hizo pagos superiores a los autorizados en la prestación de Previsión Social Múltiple por 4 millones 646 mil 343.43 pesos, mientras que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas tiene pendientes por aclarar 14 millones 954 mil 811.87 pesos.

Del total, 3 millones 481,217.95 pesos son por realizar pagos que carecieron de la documentación comprobatoria del gasto; 1 millón 535 mil 525.26 pesos por no reintegrar los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2021 y los recursos no pagados al 31 de marzo de 2022; 9 millones 646 mil 132.66 pesos por pagar con recursos del programa actualizaciones y recargos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 291 mil 936 pesos por pagar actualizaciones y recargos con recursos del programa.

Al pago de 1.2 millones a personal con comisión sindical, en la Universidad Tecnológica de la Selva se sumaron irregularidades que alcanzaron los 22 millones 52 mil 262.39 pesos.

La auditoría refiere que 4 millones 517 mil 9.90 pesos se deben a que destinó recursos para el pago de 9 categorías de puesto no autorizadas, dentro de las cuales dos trabajadores no se encontraron en la plantilla de personal; 1 millón 723 mil 156.09 pesos para el remunerar 13 plazas no autorizadas, correspondientes a 2 categorías de puesto, y 48 mil 600 pesos en prestaciones extraordinarias no autorizadas a personal de confianza.

De la misma manera, la UT de la Selva no contó con la documentación que comprobara una diferencia por 579 mil 84.81 pesos entre movimientos bancarios no identificados, ni con evidencia de una auditoría externa para dictaminar los estados financieros y la matrícula del ejercicio fiscal 2019 que costó 149 mil 103.50 pesos.

Seis millones 556 mil 877.71 pesos son por no contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 154 mil 142.78 pesos por no reintegrar los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022; 219 mil 208.13 pesos por pagar con recursos del subsidio a 15 trabajadores correspondientes a cuatro categorías de puesto por encima del tabulador de sueldos, y 2 millones 6 mil 281.50 pesos por pagar cuotas obreras del ejercicio fiscal 2021 superiores a las retenidas a los trabajadores a los que se les pagó con recursos federales del subsidio.

Esta casa de estudios también tasó 1 millón 853 mil 429 pesos por el Impuesto Sobre la Renta del año anterior, pero el monto fue superior a lo retenido a los trabajadores. 

Igualmente sumó irregularidades por 1 millón 899 mil 111.64 pesos destinados para el pago de ocho categorías de puesto correspondientes a 10 trabajadores que no cumplen con el perfil académico necesario para ocupar el puesto, y por 73 mil 506.22 pesos por dos categorías de puesto de tres trabajadores que no contaron con los contratos de honorarios correspondientes.

Un millón 10 mil 76.64 pesos más fueron por no contar con la documentación que comprueba la prestación de los servicios de acuerdo a los montos y plazos pactados en dos contratos que correspondían a servicios de limpieza y vigilancia.

La ASF igual demanda al Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas 467 mil 269.85 pesos por realizar pagos con los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 de plazas no autorizadas, y 41 millones 360 mil 255.80 pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

De esta cantidad, 34 millones 63 mil 911.13 pesos son por erogaciones amparadas en el capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, los cuales no se encontraron autorizados; 1 millón 971 mil 697.67 pesos por realizar pagos a 77 trabajadores después de la fecha de su baja, y 5 millones 324 mil 647 pesos por no presentar evidencia de supuestos servicios prestados, por los que se generaron estas cargas monetarias.

Chihuahua

Por realizar pagos en exceso de ocho puestos de trabajo (2.6 mdp) y por 13 puestos no establecidos en el tabulador del Analítico de Presupuesto 2021 autorizado (6.7 mdp), la Auditoría Superior de la Federación requirió a la Universidad Tecnológica de Chihuahua aclarar 9 millones 386 mil 256.35 pesos.

A la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez observó 16 millones 338 mil 462.35 pesos empleados en pagar sueldos y prestaciones no autorizados en el Analítico de Presupuesto 2021, y por mantener sueldos de trabajadores después de la baja definitiva de la dependencia y a personal que contaron con licencias sin goce de sueldo.

El Colegio de Chihuahua también debe acreditar 590 mil 387.55 pesos usados conceptos que no cumplieron con los objetivos del programa, en tanto que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua tuvo inconsistencias en el manejo financiero por 31 millones 334 mil 186.95 pesos: 5.8 mdp por realizar pagos a trabajadores administrativos que no se ajustaron a los tabuladores autorizados, y 25.5 mdp por no reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2021 y no pagados al 31 de marzo de 2022.

El Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes generó observaciones por 11 mil 889.59 pesos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua por 8 mil 967.91 pesos; ambos, igualmente por no reintegrar los recursos no comprometidos, así como los rendimientos financieros.

Coahuila

La ASF detectó que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy destinó 2 millones 441 mil 630.27 pesos en pagos que carecieron de las pólizas contables y de la documentación comprobatoria del gasto.

Durango

La Universidad Politécnica de Durango realizó pagos por 762 mil 489.42 pesos a dos trabajadores que no cumplieron con los requisitos académicos establecidos en el perfil de puestos.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Durango sumó observaciones por 1 millón 82 mil 796.89 pesos: 483 mil 727.07 pesos por pagar 7 plazas y 1 puesto no autorizados con los Subsidios Federales, y 599 mil 69.82 pesos por 3 trabajadores que no cumplieron con los requisitos académicos establecidos para desempeñar el puesto para el cual fueron contratados.

De la misma manera, por pagar 3 puestos no autorizados, 15 plazas de la zona 2 y 5 plazas de la zona 3, que rebasaron el número autorizado, y por pagar a 64 trabajadores por concepto de salario, el cual fue superior al tabulador autorizado el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango tiene inconsistencias por 4 millones 990 mil 317.26 pesos. 

Guerrero

El monto por aclarar del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero es 53 millones 980 mil 366.94 pesos, que consiste en 318 mil 917.38 pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, que no estuvieron autorizados en el anexo de ejecución y 9 millones 976 mil 20.64 pesos por no acreditar que la adquisición de bienes y la contratación de servicios pagados se entregaron y realizaron.

La mayor cantidad de estas inconsistencias corresponde a 43 millones 685 mil 428.92 pesos por 4 mil 623 pagos a ocho trabajadores en ocho categorías, las cuales excedieron el número de plazas autorizadas. 

También el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero tuvo observaciones por 4 millones 423 mil 875.50 pesos por pagar recargos de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, así como intereses por concepto de vivienda que no habían sido cubiertos.

Un aspecto adicional fue que intentó acreditar el uso de 409 mil 240 en «Compra de productos material sanitizante y equipo de protección personal», pero éstos no fueron localizados y no se comprobó su adquisición.

Hidalgo

La Auditoría Superior de la Federación reclama a tres instituciones de educación superior 19 millones 361 mil 269 pesos.

Del total, 18 millones 680 mil 722.99 pesos deben ser justificado por la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), que empleó 11 millones 954 mil 555.61 pesos por los pagos a 154 trabajadores (10 funcionarios y 144 docentes) de los que sus puestos no fueron localizados ni homologados con el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, y dos millones 78 mil 170.38 por el pago de una prestación al personal que no contó con la autorización correspondiente.

Un millón 493 mil 278 pesos fue transferido a una cuenta concentradora de nómina y de esta se transfirieron a tres cuentas pagadoras, injustificadamente. De acuerdo con la ASF, la anomalía consiste en que no se identificó la trazabilidad de los recursos, su aplicación en los fines del programa, ni se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, según el informe individual de esta auditoría.

De las inspecciones a estos recursos federales surgieron dos demandas de aclaración de recursos más: 477 mil 249.97 pesos ejercidos por el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), y 203 mil 296.96 pesos dispuestos por la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH).

El primer señalamiento supuestamente consistía en el “servicio de evaluación con fines de acreditación del programa educativo en Arquitectura” en el ITSOEH, y en «acceso a internet, redes y procesamiento de información». Sin embargo, la casa educativa no acreditó que estas acciones por las que se erogó dinero se llevaran a cabo.

El segundo es por no acreditar el ejercicio de los recursos transferidos a otras cuentas bancarias a nombre de la universidad, ajenas a la del manejo de estos subsidios federales.

Jalisco

La ASF detectó que el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez no reintegró recursos no comprometidos y no ejercidos por 756 mil 50.75 pesos, y que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco pagó 232 mil 648.40 pesos en una plaza que no se ajustó a la plantilla autorizada.

Al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco reclama 83 millones 279 mil 571.49 pesos: 42.6 mdp  por pagar 145 plazas que no se ajustaron a las plantillas autorizadas; 40.1 mdp por sueldos de 816 trabajadores tampoco ajustados a los tabuladores; 523 mil 769.66 pesos por pagar con recursos del programa a tres empleados de los cuales no se presentaron los títulos o cédulas profesionales establecidos en el perfil de puestos correspondiente, y 44 mil 164.31 pesos por no reintegrar los rendimientos financieros de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 que no fueron comprometidos.

Michoacán

Por no acreditar que se hayan prestado los servicios de vigilancia, y por destinar los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales para el pago de actualizaciones y recargos por haber presentado fuera del plazo establecido las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán debe comprobar 1 millón 924 mil 1.70 pesos.

Morelos

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos destinó 161 mil 920.06 pesos en el pago de cinco plazas adicionales a las autorizadas.

Nayarit

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit no justificó 2 millones 164 mil 582.95 pesos: 160 mil 936.96 pesos destinados en estímulos al desempeño docente de la quincena 4 del ejercicio fiscal 2022, “los cuales corresponden a conceptos que no cumplieron con el objeto y el presupuesto autorizado”, y 2 millones 3 mil 645.99 pesos por no reintegrar los subsidios no comprometidos al 31 de diciembre de 2021, más sus rendimientos financieros. 

Nuevo León

Pendientes por aclarar 7 millones 724 mil 608.88 pesos por parte de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Cuatro millones 301 mil 184.49 pesos corresponden a pagos de dos categorías de puestos superiores a las autorizadas en el analítico de servicios personales; 1 millón 18 mil 552.94 pesos por carecer de las actas de entrega-recepción que acrediten y demuestren la prestación de los servicios contratados de limpieza y vigilancia, más 2 millones 404 mil 871.45 pesos por no acreditar con evidencia que los servicios contratados de limpieza, vigilancia (otros contratos) y arrendamiento de multifuncionales y la adquisición de antivirus y paquetería office hayan sido prestados y entregados.

Oaxaca 

Al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca la auditoría reclama 350 mil 973.01 pesos por realizar pagos que no se ajustaron a los tabuladores de sueldos autorizados; a los Colegios de Bachilleres del Estado de Oaxaca, y de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, 512 mil 347.59 y 238 mil 383.71 pesos por la misma irregularidad.

Puebla 

La Universidad Politécnica de Puebla remuneró con 187 mil 531.30 pesos a cuatro trabajadores que ocuparon los puestos de jefe(a) de departamento de idiomas y educación continua, jefe(a) de oficina a, jefe(a) de oficina b y profesor(a) de asignatura, de los cuales no se acreditó su nivel académico requerido ni su título profesional. 

Dos millones 310 mil 167.83 pesos que no se encontraron comprometidos al 31 de diciembre de 2021 lo ejerció durante el primer trimestre de 2022, lo cual es contrario a los lineamientos del programa.

Por ambos casos, debe justificar 2 millones 497 mil 699.13 pesos.

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo tuvo inconsistencias por 828 mil 125.85 pesos: 707 mil 314.31 pesos por subsidiar seis plazas no autorizadas en tres categorías y por realizar pagos en exceso a un trabajador de la categoría asistente de servicio de mantenimiento, más 120 mil 811.54 pesos por remunerar a un trabajador que careció de la cédula y título profesional.

En el mismo tenor, la Universidad Tecnológica de Puebla costeó dos plazas adicionales a las autorizadas por la Secretaría de Educación Pública en la categoría de coordinador, y 51 plazas que correspondieron a cinco categorías que no fueron autorizadas, además de realizar pagos después de la fecha de baja a un docente. En estas irregularidades destinó 3 millones 879 mil 883.83 pesos.

En el mismo estado, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco hizo movimientos por 670 mil 7.26 pesos en 21 plazas no autorizadas, y por 102 mil 849.28 pesos por cuatro trabajadores que carecieron de la cédula profesional. Además, cuatro carecieron del título profesional, y de tres no se contaba con documentación que acreditara su relación laboral y/o contractual con la universidad. La suma de anomalías ascendió a 772 mil 856.54 pesos.

En tanto, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla pagó 9 millones 460 mil 149.95 pesos en 63 plazas no autorizadas en el anexo de ejecución con los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021.

Quintana Roo

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto debe comprobar 341 mil 947.70 pesos: 167 mil 780.60 pesos por ejercer recursos que no acreditaron que se ajustaron a los objetivos del programa y por carecer de los documentos que acrediten que los servicios fueron devengados en tiempo y forma, más 174 mil 167.10 pesos por pagar dos plazas correspondientes a las categorías de puesto ITS0004 Jefe de Departamento y S08011 Técnico en Mantenimiento, las cuales no se ajustaron a las autorizadas

Al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, la auditoría le reclama 9 millones 750 mil 90 pesos: 8 millones 740 mil 684.76 pesos por pagos de categorías y puestos que no se ajustaron a las platillas ni a los tabuladores de sueldos; 406 mil 184.98 pesos por realizar pagos a cuatro trabajadores después de la fecha de su baja definitiva de la institución, y 603 mil 220.26 pesos por realizar pagos a ocho trabajadores identificados como deceso en el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores.

De la revisión a las transferencias que recibió el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, igual detectó 192 mil 388.59 pesos destinados a 5 plazas, las cuales fueron superiores a las autorizadas, y 3 millones 596 mil 248.30 pesos por no acreditar que se contara con 19 títulos o cédulas profesionales de los perfiles para el desempeño de funciones de los trabajadores, o en su caso, la justificación fundada y motivada relativa a que no se requiere un grado de escolaridad específico.

Las irregularidades suman 3 millones 788 mil 636.89 pesos.

San Luis Potosí

En el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, la ASF señala un posible daño a la Hacienda Pública por 71 millones 148 mil 496.74 pesos: de estos, 64 millones 355 mil 501.08 pesos son por transferir los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 a siete cuentas bancarias a nombre del colegio, en las que se manejaron recursos de otras fuentes de financiamiento bajo los conceptos de «préstamo a recursos propios para pago de nómina», «devolución de préstamos de recursos federales», «préstamos a recursos federales 2020», «préstamos a recursos estatales para pagos de SAR FOVISSSTE» y «préstamos a recursos estatales».

La irregularidad es que estos movimientos no corresponden a los objetivos del programa. 

Seis millones 792 mil 995.66 pesos más fueron destinados para el pago de conceptos identificados como «Traspaso para pago de nómina», relativos a las quincenas 1 y 2 del ejercicio fiscal 2022, los cuales no eran parte del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021.

Sonora

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora realizó 23 pagos por 121 mil 231.41 pesos después de la fecha de baja de ocho trabajadores.

Otros 17 millones 765 mil 848.54 pesos fueron aplicados a supuestos conceptos de ayuda para energía eléctrica y ayuda para habitación otorgadas a 795 trabajadores, las cuales no se encontraron autorizadas por la Secretaría de Educación Pública.

Un millón 213 mil 511.14 pesos fueron para sueldos de 121 trabajadores aun cuando excedieron lo autorizado; 5 millones 583 mil 349.57 pesos en pagos a 112 trabajadores, excediendo el número de plazas autorizadas. Estos gastos fueron en plazas como analista profesional, secretaria ejecutiva «D», jefe de servicios y secretaria de apoyo.

En total, el monto por aclarar es 35 millones 581 mil 178.21 pesos, que también incluye la disposición de 10 millones 897 mil 237.55 pesos para 998 pagos a 53 trabajadores que ocuparon 21 puestos no autorizados, entre estos los de coordinador de área, secretario técnico, supervisor de contabilidad, director de vinculación, director académico, director administrativo, director jurídico, director de administración, director de contabilidad, director de órgano de control, director de planeación, director de recursos humanos y director de recursos materiales, entre otros.

Mientras, la Universidad Estatal de Sonora usó 300 mil pesos en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, los cuales carecieron de autorización, y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme empleó 30 millones 713 mil 179.78 pesos en pagos improcedentes para las prestaciones denominadas «Apoyo Habitación-Transporte», «Ayuda Energía Eléctrica», «Ayuda de Habitación» y «Riesgo Laboral», las cuales no se encontraron autorizadas para el personal adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores.

Tabasco

La Universidad Tecnológica de Tabasco erogó 684 mil 548.59 pesos en pagos a tres trabajadores que no cumplieron con el requisito de tener el grado de maestro o de alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos, relacionada directamente con el programa educativo al que estaban adscritos.

Aunado a los 6.3 millones de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco destinó en canasta navideña, bono de Día de Reyes y los diversos estímulos que no se consideraron en la normativa que regula la aplicación de los recursos del programa.

Tamaulipas

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas empleó 7 millones 409 mil 169.02 pesos en 39 plazas del personal directivo, administrativo y docente que no se ajustaron a las plantillas, además de pagar a siete empleados en dos categorías no autorizadas.

Diez millones 229 mil 133.33 pesos más fueron para remunerar a 25 trabajadores de los cuales no se acreditó el cumplimiento en los grados académicos requeridos, a cuatro trabajadores de los que no se comprobó el cumplimiento de los requisitos referidos en los perfiles de puesto, y a 11 trabajadores de los que se careció de la descripción de sus puestos en las Cédulas de Valuación de Puestos, en el Profesiograma para el Bachillerato General Modalidad Escolarizado y en el Manual de Organización del Colegio de Bachilleres del estado de Tamaulipas, y no se proporcionó documentación adicional que permitiera verificar los requisitos para su contratación.

Dos millones 518 mil 809.17 pesos más fueron a 16 plazas del personal directivo, administrativo y docente sin justificación, y 439 mil 92.92 pesos a un pago de despensa superior a los montos establecidos.

En total acumuló 20 millones 596 mil 204.44 pesos que debe justificar o reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Tlaxcala

La Universidad Politécnica de Tlaxcala pagó 629 mil 88.86 pesos a 1 perfil de profesor de tiempo completo «A» que no acreditó el grado requerido de maestría, y a 1 profesor por asignatura «B» que no se justificó el título y cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala erogó 6 millones 485 mil 219.05 pesos en 26 plazas no autorizadas en el analítico de servicios personales.

Veracruz

A la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación reclama 4 millones 998 mil 289.07 pesos: 312 mil 621.35 pesos son por pagos en exceso a los del tabulador autorizado por la Secretaría de Educación Pública en los conceptos de «Sueldo» y «Ayuda para la adquisición de anteojos», y 364 mil 567.28 pesos por pagos improcedentes a 4 trabajadores que no acreditaron el requisito mínimo de escolaridad requerido (1 «Director de Área», 1 «Jefe de oficina», 1 «Jefe de Servicios de Mantenimiento» y 1 «Investigador Especializado»).

El resto, 4 millones 321 mil 100.44 pesos, son por exceder el número de plazas autorizadas en 10 categorías. 

También la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz generó observaciones por 3 millones 37 mil 183.82 pesos: 2 millones 113 mil 755.28 pesos por no reintegrar los recursos no pagados al primer trimestre de 2022 y los rendimientos financieros generados; 453 mil 876.79 pesos por el pago de cinco plazas que no se ajustaron a lo establecido en la plantilla de personal autorizada; 326 mil 133.10 pesos por el pago a tres trabajadores que no acreditaron los requisitos de su perfil de puesto, y 143 mil 418.65 pesos empleados en un servicio de vigilancia que se realizó en un lugar distinto a las instalaciones de la universidad, además de falta de documentación que justificara el pago de un supuesto servicio de certificación.

Igualmente, el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos dispuso de 1 millón 269 mil 676.61 pesos que reclama la ASF en sueldos a ocho trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos, mientras que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz no comprobó 4 millones 908 mil 829.90 pesos: 1 millón 332 mil 198.93 pesos usados en 10 plazas que no se ajustaron al analítico de servicios personales autorizados, y 3 millones 576 mil 630.97 pesos en sueldos de 182 trabajadores que  tampoco ajustaron al tabulador.

Aunado a estas instituciones, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz tuvo disposiciones no acordes al presupuesto por 4 millones 492 mil 396.49 pesos.

La cantidad se compone por 1 millón 160 mil 770.12 pesos que fueron para 5 plazas que no se ajustaron al analítico de servicios personales; 1 millón 220 mil 585.40 pesos en 107 mil 105 horas docente que fueron determinadas como “en exceso”; 1 millón 792 mil 403.51 pesos en pagos a 208 trabajadores que superaron lo establecido en el tabulador autorizado, y 318 mil 637.46 pesos por pagos realizados a 1 trabajador después de la fecha de baja y a 1 más que no cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos.

Yucatán

Un total de 14 millones 414 mil 344.70 pesos son demandados al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán: 1 millón 723 mil 329.60 pesos corresponden a 4 mil 939 horas pagadas que excedieron a las autorizadas para el anterior ejercicio fiscal, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 12 millones 691 mil 15.10 pesos por el pago de 83 plazas no autorizadas.

Zacatecas

Para el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas hubo observaciones por 5 millones 5 mil 599.68 pesos: 3 millones 266 mil 427.22 pesos por el pago de cuatro plazas del personal directivo, correspondientes a las categorías de Director de Plantel A, Director de Plantel B y Subdirector de Plantel B, que no se ajustaron a las plantillas; 499 mil 54.24 pesos por sueldos superiores en 20 categorías respecto con los montos establecidos en el tabulador autorizado, y 852 mil 332.16 pesos por realizar pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores, uno de los patrones identificados en más de una institución del país.

EMEEQUIS publicó que de recursos de otro fondo, el de Gasto Federalizado Transferido a las Universidades Públicas Estatales, la ASF detectó un monto por aclarar de 722 millones 763 mil 308 pesos generado por dos instituciones.

El principal monto observado, 693 millones 281 mil 996.03 pesos, corresponde a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC). Además, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reclama 29 millones 481 mil 312 pesos.

Las irregularidades son diversas, como pagos duplicados o en exceso, aunado a que la UAC igual pagó 274 mil 498.76 pesos a 16 trabajadores que habían fallecido.