Jessica Xantomila/La Jornada
La presencia de cárteles indígenas como el de Chamula y otros en el estado de Chiapas “dan cuenta de la grave descomposición que se ha tenido en algunas regiones y comunidades de nuestro país”, aseveró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
En un foro en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora mañana, reconoció que entre los retos del gobierno actual están las problemáticas que se vive en las comunidades indígenas, que son muy diversas, no solamente por la disputa de sus territorios “para el ejercicio pleno de su autodeterminación y también para el usufructo de sus recursos naturales, de su cultura y de sus tradiciones”.
Actualmente, dijo, “tenemos que encarar problemas de marginación y pobreza, de impacto por el cambio climático, por problemas religiosos, por diferencias por la disputa por el control de las comunidades, por presencia de actividades delictivas” dentro de éstas, “donde lamentablemente no se han librado de incurrir en prácticas delictivas como vemos ya la presencia de cárteles indígenas”.
Subrayó que los esfuerzos que se requieren para atender esta situación no son solamente “por reivindicar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino darles las condiciones para que respetando su territorio, sus formas de gobierno y de convivencia comunitaria, vuelvan a restituirse en centros de resistencia contra la violencia y el rezago social”.
En el encuentro Retos y Desafíos de los Derechos Humanos, Encinas igualmente puso el acento en el derecho a defender las garantías fundamentales. Lamentó que a pesar de que muchos de quienes forman parte de la administración federal vienen de experiencias de persecución política, y de la alternancia en el gobierno, no han logrado superar muchos de los viejos vicios del pasado.
“Todavía tenemos en algunos espacios públicos, particularmente en los estados y en los municipios, enorme resistencias e inercias con intolerancia que buscan frenar el derecho a la libertad de expresión que ejercen los periodistas o el derecho a defender derechos de ambientalistas, de gente que reivindica los derechos de las comunidades indígenas y de los grupos vulnerables del país, y queremos acabar con ello”, enfatizó.
Igualmente, el subsecretario abordó la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres y las niñas. Sobre el primero, dijo que se ha avanzado en garantizar el derecho a ser buscado y a darles identidad a los desaparecidos, “para tener un trato digno y de retorno con sus familias”.
En cuanto a la violencia de género, mencionó que “es evidente que tenemos todavía graves resabios en una cultura machista, heteropatriarcal” que ha demostrado, particularmente durante la pandemia de Covid-19, “cómo los problemas de la violencia intrafamiliar, el acoso, el abuso que se comete contra las mujeres, las niñas y los niños en nuestro país es uno de los fardos que seguimos arrastrando”.
Hoy, señaló, “la mayor parte de los delitos que se cometen en el país se cometen dentro del hogar, en los centros de trabajo y en las escuelas”. Y los agravios en contra de las mujeres si bien tienen su expresión más dolorosa en el feminicido, “son día a día en el acoso, la discriminación, la marginación, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual dentro de los propios núcleos”.
En este sentido, resaltó que es necesario un cambio de actitud de toda la sociedad, “desde las familias, la comunidad, las escuelas, los centros de trabajo, donde queremos alentar no solamente una cultura de denuncia para que hoy muchas de las familias dejen de ser cómplices o solapen” las agresiones contras las mujeres, para que demos visibilidad, “y que la comunidad y la propia familia sea quienes primero condenen estas prácticas para que puedan ser castigadas”.
Refirió que todos los días se registra el nacimiento de mil bebés de madres adolescentes. Hay más 365 mil nacimientos anuales de niñas y niños hijos de mujeres menores de 18 años, y “ lo más lamentable son las niñas madre, cerca de 9 mil cada año”.