No muestran preocupación por promover la construcción de ciudadanía, la búsqueda del bien común, la transparencia, la pro actividad y la cercanía con la ciudadanía
Opaco, omiso, sin modernización y lejos de los temas emergentes, se encuentra la actual legislatura chiapaneca; sólo tienen una característica visible: la de aplanadora.
Ser contrapeso político al poder Ejecutivo es una función esencial de cualquier Congreso, sea nacional o local, pero en Chiapas, ni por asomo, las diputadas y diputados promueven conceptos básicos de la democracia.
Entre sus funciones se encuentran la aprobación de los presupuestos, fiscalizar los recursos públicos y aprobar leyes, también la de proponer o ratificar a los titulares de los organismos autónomos, pero la ciudadanía no conoce los procesos legislativos, y las y los legisladores chiapanecos no muestran preocupación por promover la construcción de ciudadanía, la búsqueda del bien común, la transparencia, la pro actividad y la cercanía con los ciudadanos.
Un repaso a la plataforma nacional de transparencia demuestra que los ciudadanos chiapanecos preguntan, cuestionan, solicitan informes a la actual legislatura sobre su funcionamiento, sus responsabilidades, su ejercicio diario y para decirlo de manera coloquial: la legislatura parece que “está en la luna”.
Lo que la transparencia gubernamental demuestra que la actual legislatura y los actuales diputados y diputadas no están a la altura de las demandas ciudadanas y que solo se preocupan y ocupan por resaltar lo que es evidente: levantan el dedo como aplanadora.
Ni conocen, mucho menos promueven el parlamento abierto
Ni como defender a la actual legislatura porque de manera oficial reconocen que no han realizado ningún ejercicio de “Parlamento Abierto” tal y como se describe en el documento de acceso a la información con folio 070124022000080 obtenido a través de la “plataforma nacional de transparencia”.
Sin embargo, en la página oficial del Congreso Estatal, se utiliza la frase de “parlamento abierto” para promover algunas acciones como la del 16 de mayo del 2022 con el evento que se denominó “Libertades sin Discriminación”.
Otro evento más es el del día 30 de marzo del año pasado que se denominó “Parlamento Abierto de las Mujeres y Niñas en Chiapas 2022”
De hecho, hay una iniciativa presentada por el Diputado Raúl Bonifaz Mohedano sobre instituir la figura del Parlamento Abierto del 12 de octubre del 2021 que está congelada desde entonces. Es decir, el Congreso no avanza en el tema.
El concepto de “Parlamento Abierto” describe una relación entre la ciudadanía y el poder legislativo. Alienta el debate sobre temas emergentes, fomenta la apertura del funcionamiento parlamentario y promueve y garantiza la transparencia y el acceso a la información pública para la rendición de cuentas.
En el Congreso de Chiapas se reconoce que no se practica. Entonces, ¿estos eventos son solo publicidad? o también, ¿es posible que no exista coordinación entre los diputados, los grupos parlamentarios y los funcionarios del Congreso?
En cualquiera de los casos el asunto es grave porque no abona a la confianza ciudadana en uno de los poderes que para funcionar requiere una interacción constante porque se supone que los miembros del Congreso son representantes populares.
No hay dinero para gestión social. ¿Y cómo resuelven los diputados sus promesas?
Proliferan las “promesas” de los diputados y diputadas de cualquier legislatura. Reciben a ciudadanos quienes les realizan cantidades de peticiones de todo tipo, encabezan reuniones de trabajo e incluso ofrecen comunicados en donde «refrendan» su compromiso con los ciudadanos.
Sin embargo, una petición ciudadana de acceso a la información afirma que el Congreso estatal no tiene presupuesto para la gestión social, es decir; para ofrecer apoyo social a la ciudadanía.
Ante la evidencia, salta la pregunta: ¿Cómo sostienen sus giras de trabajo? ¿La sostienen los partidos políticos? Si no hay presupuesto para la gestoría, ¿Qué pasa con las peticiones ciudadanas?
¿Informe de labores o promoción política?
No hay dinero para gastos de gestoría y sin embargo existen casas que los diputados y diputadas mantienen en sus distritos. Entonces, ¿para qué son?
Pero no solo eso, el propio Congreso estatal reconoce que los “informes legislativos” que los diputados y diputadas ofrecen en sus distritos y en distintas redes sociales, que promocionan al tope por cada vía que pueden; no tienen ningún fundamento legal.
De nueva cuenta, al igual que las “casas de gestoría”, ¿para que se realizan los informes legislativos? en ellos, ¿qué informan realmente los diputados y las diputadas?
No solamente es ofrecer el informe a la ciudadanía de cada distrito, los diputados también movilizan personas que acuden al “informe de gestión”. ¿Con qué recursos financian la movilización? Una movilización que no es necesaria.
La relación instituciones públicas y ciudadanía se basa en la confianza. El producto de esa relación es el fortalecimiento democrático. Seguramente si se hace una encuesta seria, pocos chiapanecos confiarían en sus legisladores.
El problema es que estos no hacen nada por revertir esa situación que en nada abona a la gobernabilidad, y que finalmente acorrala al legislador y a la legisladora como lo que no les gusta que se les vea -salvo contadas excepciones- como políticos dóciles al poder ejecutivo.
Los ciudadanos exigen más, mejores y modernas labores legislativas, que los congresos puedan legislar temas emergentes, que sean legislaturas incluyentes, eficaces y transparentes.
En todo ello falla el Congreso chiapaneco. Y, además, ni siquiera está cerca de los ciudadanos. Pero a ellos es que diputadas y diputadas deben su estancia en el recinto legislativo. Estamos a años luz de que la voz de los chiapanecos se escuche en el Congreso estatal.
La actual legislatura no promueve la figura del “parlamento abierto, ¿Dónde está el impacto del trabajo legislativo? Reconoce que no cuenta con partidas financieras para la gestoría social, pero los diputados y las diputadas prometen realizar gestiones; llevan a cabo “informes legislativos” pero esa figura no la contempla la ley. ¿No deberían ser los primeros en respetarla? ¿Cómo podremos creer los ciudadanos que sus “informes” son correctos, reales y responden a un ejercicio de transparencia?
En el fondo, ¿Cómo cambiar la percepción ciudadana sobre la falta de trabajo legislativo? Una sola seguridad hay: la actual LXVIII no podrá cambiar la percepción de “aplanadora ciega”.
No podrá porque los tiempos electorales están ya encima y tendrá que hace lo que a ellos les parece obvio. Esto es, “mostrarse” para garantizar la continuidad de los proyectos personales desde otro puesto político o administrativo.
Y lo sabe el presidente de la junta de coordinación política Yamil Melgar Bravo, quien emprendió -fuera del marco legal-, campaña en busca de la alcaldía de Tapachula, utilizando la pobreza como herramienta electoral, pues visita los hogares donde muestra que come tamales y tortas.