Hombres armados amenazaron a los habitantes de la comunidad de Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo, para que autoricen la reapertura de la mina de barita, denunció el investigador y ambientalista Agustín Ávila Romero.
Los sujetos, presuntamente enviados por alguna empresa interesada en explotar la mina, llegaron el jueves y nuevamente este viernes «a amenazar a la mesa directiva del comisariado para que les permitan ingresar la maquinaria y comenzar a trabajar en la mina”, agregó el ambientalista.
Al solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Avila Romero explicó que los sujetos llegaron a la localidad el jueves para exigir que les cedieran el derecho de paso, “amenazaron de manera directa al grupo de habitantes y al presidente del comisariado ejidal y defensor ambiental, Erwin Morales Pérez».
Señaló que la reapertura de la mina dañaría el río y el agua potable de la comunidad y de toda la región, por lo que los pobladores se oponen a la explotación de barita a cielo abierto.
En la carta dirigida a la CNDH, Avila Romero solicitó «la inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo Inmediato del lugar por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas que están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo».
Refirió que en el marco de la realización de estudios de caracterización de suelo, aire y biota que desarrolla el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en marzo se solicitaron recorridos por parte de los habitantes y representantes ejidales de Chicomuselo, ubicado en la sierra de Chiapas, en cuales se levantaron muestras de las anteriores matrices para determinar los impactos que ha traído la actividad minera a cielo abierto, esto con la finalidad a de construir y desarrollar medidas de acción que coadyuven en la remediación de la zona.
Señaló que «las comunidades del municipio se encuentran en un contexto de conflictividad social y violencia, generado por grupos del crimen organizado, que, además, están directamente vinculados a las empresas dedicadas a la extracción minera».