Madres de víctimas de feminicidios se instalan en plantón, piden ser atendidas

“Que volteen a vernos; que dejen de estar simulando que no pasa nada en el estado, cuando realmente si pasa”: madres en resistencia

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 19 Mayo.- Madres víctimas de feminicidio y desaparición, se instalaron en un plantón en la plaza central de la capital chiapaneca, frente al palacio de gobierno para demandar una reunión presencial con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que puedan exponerles sus casos y las deficiencias que, afirman, ha cometido la fiscalía durante las investigaciones.

“Queremos decirle al gobernador que voltee a vernos; que dejen de estar simulando que no pasa nada en el estado, cuando realmente si pasa; estamos en un estado emergente por los feminicidios en Chiapas”, dijo Maricruz Velasco Nájera, madre de la víctima Karla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el 4 de julio de 2018.

Acompañadas por la activista, Irinea Buendía, cuya sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, obliga a las Fiscalías de los estados que toda muerte violenta de mujeres se investigue con el protocolo de feminicidio; las cuatro madres colocaron ataúdes de cartón con fotos de las víctimas, flores, zapatillas, cruces, veladoras y mantas demandando justicia.

En un pronunciamiento, Adriana Gómez Martínez, Maricruz Velasco Nájera, Flor Emilia Alcázar Coutiño y María Isabel Torres Aquino, denunciaron la falta de investigación con perspectiva de género y/o con el protocolo de feminicidio en la casos de sus hijas; la omisión y obstrucciones de la Fiscalía a las investigaciones y «la indolencia» del gobierno de Chiapas.

El gobierno de Chiapas, «parece proteger a personas e instituciones involucradas en los feminicidios y desapariciones de nuestras hijas», reclamaron.

Las mujeres exigieron investigaciones “leal y diligente» para que se realicen
todos los actos de investigación necesarios y se judicialice a todos los responsables, y «que las madres coadyuven en la investigación como es nuestro derecho».

Derecho, subrayaron, establecido por la Constitución, el código nacional de procedimientos penales, la ley general y estatal de víctimas. Asimismo, demandaron
trato respetuoso y digno, “porque tenemos derecho a la verdad y a la justicia y no permitiremos que esto se nos arrebate».

Las «Madres en resistencia por justicia para nuestras hijas y para todas», cuestionaron a las autoridades gubernamentales; “ustedes están al servicio de la ciudadanía, por eso son servidores públicos y tienen la obligación de hacer su trabajo con lealtad y honestidad», les señalaron.

Agregado: “el gobernador Rutilio Escandón Cadenas tiene la obligación de garantizar nuestros derechos como chiapanecos, y a nosotras las madres que buscamos justicia para nuestras hijas».

Las madres advirtieron que
permanecerán en plantón hasta ser recibidas, atendidas, escuchadas por el gobernador, a quien solicitarán un plan de trabajo de investigación «para cada una de nuestras casos, sin simulaciones».

Las cinco mujeres convocaron a familiares de víctimas a unirse para exigir sus derechos, sin que nadie las represente, para así crear
«una verdadera red de familiares independientes y autónoma».

Lanzaron un «¡ Ya basta!», porque “ya es hora de exigir y llamar a cuentas a los servidores públicos». Con ese objetivo convocaron a las «verdaderas colectivas feministas autónomas» a integrarse, «no a las que son funcionarias y se alían con el gobierno o partidos políticos»

La exigencia es por «verdad y justicia para todas», asentaron las madres de víctimas de feminicidio y buscadoras de sus hijas desaparecidas.

En materia de instrumentos jurídicos e institucionales, las madres hicieron un llamado a la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al mecanismo de seguimiento a la recomendación general #43 de la CNDH para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y la violencia feminicida por parte de las instituciones.

Así como a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Para), tratado vinculante que reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de derechos humanos.

Aludieron además a la recomendación general #33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a investigar toda muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas con protocolo de feminicidio.

Asimismo se pronunciaron por la obligatoriedad de investigar y de juzgar con perspectiva de género para todas las autoridades , como también el artículo 1o de la Constitución que establece que las autoridades tienen la obligación de respetar, promover, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de toda persona en México