Aprueba el Congreso de Chiapas la Ley 3 de 3 en materia de violencia de género; impide que violentadores accedan al poder

La Colectiva feminista 50 más 1 hizo un llamado a los partidos políticos, a los órganos electores, a las dependencias de gobierno, hacer efectiva la ley de cara al proceso electoral.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Mayo.- El Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad con 36 votos a favor, la minuta con proyecto de decreto que emitió el Senado de la República para aprobar la llamada Ley 3 de 3, en materia de violencia de género en todas sus formas.

Chiapas se convirtió este jueves en la entidad número 23 del país en cumplir con esta reforma constitucional.

Desde la semana pasada las y los legisladores chiapanecos mantenían en el orden del día el análisis y discusión del decreto; pero por la indiferencia de los representantes populares, la propuesta se aplazó una semana, porque no llegaron al recinto legislativo.

Lo anterior hizo que colectivas feministas incrementaran sus declaraciones, protestarán, haciendo llamados al congreso para que legislaran.

50 más 1 juvenil, una colectiva de jóvenes mujeres, dirigida por Pilar Zenteno Maza, llevó a cabo una intensa campaña en redes sociales de internet; donde las jóvenes exigieron al congreso legislar, porque “deseamos vivir en un entorno igualitario y libre de violencia”.

Este martes llegaron hasta el recinto legislativo activistas feministas para presenciar la sesión.

La abogada y dirigente estatal de la Colectiva feminista 50 más 1 Chiapas, Alma Rosa Cariño Pozo, declaró que la aprobación de la ley, es un paso importante para fortalecer el estado de derecho, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos.

En un comunicado la Colectiva 50 más 1 que estuvo impulsando la aprobación de la iniciativa, saludó y se congratuló que el congreso del estado de Chiapas avalara la reforma .

“El aval permitirá que a partir de las próximas elecciones todo aquel que las leyes comprueben que haya practicado la violencia de género, sea deudor de pensión alimenticia, sea agresor sexual y violencia familiar no pueda presentarse a elecciones y pueda también ostentar un cargo público en Chiapas en cualquiera de los niveles de gobierno”.

Hizo un llamado a los partidos políticos, a los órganos electores, a las dependencias de gobierno reclutadoras de personal, a los ayuntamientos, para buscar asesoría entre las ONG´s y especialistas para hacer efectiva la ley de cara al proceso electoral.

La minuta solicitó a los congresos locales la reforma del párrafo II del apartado A, del artículo 102 y adicionar una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución Política de México, para suspender derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público  a quienes tengan antecedentes de diferentes tipos de violencia o a deudores alimentarios.

Con la adición de la fracción séptima se establece que los derechos ciudadanos se suspenderán cuando: “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.